Minería ilegal: entre el oro y el crimen

Acada rato, la Policía captura a algún delincuente metido hasta la cintura en la explotación ilegal de oro. Pantera cayó herido y preso en 2011; a Don Leo, miembro de los Urabeños, terror de los mineros del Bajo Cauca, lo pescaron en Perú hace un mes; y hace tres semanas mataron a Zabala de las Farc, quien estaba asesinando mineros en Zaragoza. Como pocos se animan a denunciarlos, cada golpe es una hazaña. Así, la mancha de la criminalidad sigue avanzando sobre el mapa minero del país. Nadie tiene cifras exactas de cuántas de las 9.044 unidades de producción minera sin títulos ni licencias que cuenta el Ministerio de Minas, están tomadas por grupos armados. Ni cuántos de los 15.000 mineros informales están bajo su yugo. La Policía, en una separata de julio de 2011, reveló que en 151 municipios de 25 departamentos convergen la minería ilegal y los grupos armados. Un reciente estudio de la Fundación Ideas para la Paz denuncia que en más de la mitad de los municipios productores de oro hay presencia de bandas criminales. En algunos lugares los grupos armados explotan directamente el negocio. Controlan las dragas y venden el mineral. Por ejemplo, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, exjefe paramilitar, consiguió que el Estado le diera títulos mineros a una empresa de su esposa. En otras minas, los violentos no tienen títulos, pero derivan millones con la extorsión. En Segovia, varios de los 200 mineros que operan en el territorio de la concesión de la Gran Colombia Gold, pagan vacunas a bandas criminales antes asociadas a Macaco. Y en el sur del Chocó los mineros tradicionales son chantajeados. “Cada retén de la guerrilla es un peaje a pagar y cada decreto que sacan es un salvoconducto para que las autoridades nos pidan plata”, denuncia un líder minero. Según la información que recogió SEMANA en cinco minas del país con presencia de guerrillas o de bandas criminales, los mineros deben pagarles entre el 5 y el 20 por ciento del oro que saquen; los dueños de las dragas les pagan alrededor de 5 millones de pesos mensuales; los comerciantes que compran, otro 10 por ciento, y los que venden gasolina para operar las retroexcavadoras, otro tanto. (Ver notas siguientes). Pocos tienen cálculos ciertos de cuánto dinero puede dejarles a los grupos armados ilegales la minería de oro. Son en todo caso sumas gruesas porque de las 51toneladas que exportó Colombia hasta septiembre de 2012 por 2.331 millones de dólares, más de la mitad provenía de la minería informal, y principalmente de esta varios grupos armados sacan tajada. (Ver mapa).  Así, entre los municipios, Nóvita –al sur del Chocó– reportó la mayor producción de oro del país en 2011: 9,8 toneladas. También es el municipio que concentra el 45 por ciento de los cultivos ilícitos del departamento y ha sido epicentro de confrontaciones violentas de la Rondas Campesinas Populares conformadas por los Rastrojos contra el Eln y las Farc. Sipí, en la misma cuenca chocoana, vive una situación similar y es el segundo productor nacional de oro. Tarazá, en Antioquia, ocupa el tercer lugar y está asfixiado por la banda de los Urabeños. En una investigación reciente, la Universidad de Eafit se aproximó a un cálculo estudiado del negocio criminal en Antioquia. Según sus hallazgos, las 450 retroexcavadoras que sacan oro en el departamento les dejan a los grupos armados una suma que oscila entre los 650 y los 3.450 millones de pesos; es decir, entre un 20 y un 70 por ciento del PIB minero antioqueño. El porcentaje puede ser mayor en Chocó, el otro gran productor de oro del país.  Coca bañada en oro La riqueza no solo les entra a los grupos armados en pepas del metal precioso o en fajos de billetes por pago de extorsiones, pues la minería legal también les facilita lavar el dinero del negocio ilegal de la cocaína que venden en el exterior. Una investigación para la Contraloría hecha por Guillermo Rudas suena las alarmas del tamaño de las irregularidades. Entre 2009 y 2011 se exportaron en promedio diez toneladas de oro más al año de las que pagaron regalías. ¿Cómo se explica que si la Dian exige el pago de regalías para poder exportar oro, se esté vendiendo más oro en el exterior del que se declara para regalías? Puede haber una enorme evasión de regalías, o peor, puede que se esté exportando oro solo en papeles, que sirven para justificar la entrada al país de pesos producto de actividades ilícitas.  El Departamento Nacional de Planeación (DNP) desnudó un tramo de este mecanismo, cuando congeló los giros de regalías a los municipios que súbitamente las multiplicaron por diez, y no podían explicar los contratos con los que aparentemente estaban devolviendo el dinero, ya lavado, a grupos criminales. Algo sospechoso también deducen especialistas de las cifras que está arrojando Chocó, que en pocos años pasó de producir un promedio de tres toneladas anuales, a casi 28 en 2011, como si hubiesen hallado El Dorado en sus selvas. “La circulación del dinero es tan sofisticada que uno se pierde tratando de seguir el rastro”, dijo un exfuncionario del DNP que explicó que a veces truecan directamente coca por oro. Los tentáculos del pulpo criminal alcanzan a algunas de las comercializadoras. Solo alrededor del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín hay más de 20, y algunas de estas, según el dueño de una de las más tradicionales, están recibiendo oro de contrabando de Venezuela y lo declaran como extraído aquí. Pagan así menos regalías que en el vecino país (4 por ciento en Colombia, versus el 13) y además legalizan el oro que sacan en el fronterizo estado Amazonas, pues para preservar el ecosistema, desde 1999 el gobierno venezolano prohibió allí la minería. Las comercializadoras, explica la fuente, no tienen cómo verificar cuál es la procedencia del oro.  El negocio de la maquinaria es otro terreno cenagoso. Tan rápido como florecieron nuevos entables mineros, los ríos del país se llenaron de dragas, retroexcavadoras, y dragones (dragas con más brazos). Hay una empresa china que las entrega a domicilio, no importa si es en medio de la selva, y les hace mantenimiento. Y en Caucasia ya hay tecnología criolla que les adapta brazos más largos para que excaven más hondo.  En este reportaje se ven las fotografías del daño que están causando los aparatos hasta en los sitios más alejados, en medio de la Orinoquia. Pero como también se pueden usar para la construcción, es difícil ponerles restricciones. Sería como prohibir los hornos microondas porque los usan en los laboratorios de coca.  Es lo que ocurrió en Timbiquí, a donde un alcalde autorizó la entrada de dragas aparentemente para construir una vía, pero la carretera no se hizo y las dragas hoy están destrozando la cuenca del río. En Chocó se calcula que más de 800 retroexcavadoras y 50 dragones arrasan diariamente con su biodiversidad, pero las autoridades pueden hacer poco. “¿Cómo me cargo una draga en la mitad selva?”, se pregunta el comandante de la Policía del Chocó, Jesús Paredes.  ¿Qué despertó la fiebre? Colombia ha producido oro desde que se tiene memoria, pero nunca antes se estaban extrayendo –como en los últimos tres años– más de 50 toneladas anuales en promedio. La principal razón es el precio, que pasó de 16.000 pesos el gramo en 2000 a 87.000 pesos, hoy. (Ver gráficos) A un país donde la informalidad caracteriza a gran parte de la minería de metales preciosos le llegó la bonanza, y esta fue la receta perfecta para que los grupos armados le echaran mano al negocio. A las guerrillas el oro les vino como anillo al dedo, pues las minas quedaban precisamente en la selva donde se refugiaron por la ofensiva militar. Y los paramilitares que no se desmovilizaron encontraron réditos en un negocio legal, como el del oro, que también les servía de buen complemento para camuflar las ventas ilegales de coca en el exterior.  Además, la debilidad y la corrupción institucional hicieron a la minería más vulnerable a la entrada de estos grupos y, como ya se vio, criminales conocidos obtuvieron títulos mineros, crearon empresas, montaron entables, con el visto bueno del gobierno.  La madeja legal tampoco ha ayudado. El código minero de 2001 les impuso a los mineros informales requisitos exorbitantes para legalizarse. Las asociaciones consiguieron que les dieran tres años de plazo, y 2.845 de ellos presentaron solicitudes formales, pero hasta 2010 el gobierno solo legalizó 23. Ese año, una nueva ley intentó formalizar la minería de tradición, pero quedó con agujeros. No les sirvió a los mineros de buena fe, pues les puso las mismas trabas, y después de un año de más de 700 solicitudes, solo se había legalizado una mina. Pero les vino bien a los grupos armados, pues prohibió cerrar minas que tuvieran permisos en trámite, sin importar si tenían o no tradición minera.  La presión mediática por el daño ambiental llevó al gobierno Santos a prohibir el uso de maquinaria pesada en la minería sin licencia en la Ley del Plan de Desarrollo. En 2012 sacó también un decreto –inspirado en una norma de la Comunidad Andina– que permite destruir dragas y cerrar minas sin licencias ni títulos. En la práctica, los funcionarios temen aplicar estas normas, pues si se caen en los tribunales donde están demandadas, ellos tendrían que responder por la incautación de la costosa maquinaria.  Las víctimas  La bonanza minera manipulada por el crimen y sin reglas claras para los auténticos mineros ha traído consecuencias devastadoras. Además de la carestía y la descomposición social clásica de cualquier zona minera, la puja por el control de las rentas ha producido muerte y temor. Como lo muestran las historias que investigó SEMANA, en diversas minas reina la extorsión violenta a los mineros, y hay pena de muerte a quien desafíe su control.  En algunos lugares, la gente se ha levantado, como en la mina de oro y cuarzo Las Ánimas en Santa Isabel, Tolima, donde los mineros se declararon en asamblea permanente por dos meses en protesta por los abusos de las Farc contra una empresa local que los contrataba.  El dominio violento de zonas mineras además obstaculiza la protección de la salud de la gente expuesta a la contaminación. En Segovia, Antioquia, por ejemplo, el vapor de mercurio inunda las calles en una concentración tóxica que oscila entre los 192 y 679 microgramos µ por metro cúbico de aire, cuando lo máximo permitido es de 0,025 µ. El estudio de 2005 realizado para Ingeominas muestra que el metal está produciendo en los habitantes síntomas como temblor en los labios, indicativos de posibles daños neurológicos. Otros han encontrado una alta incidencia de enfermedades renales y casos de malformación genética en los bebés. El afán por arrancarle el oro a la tierra también ha victimizado a la naturaleza. “Hay lugares de Colombia que parecen en Marte: ya no quedan sino cráteres”, dice la viceministra de Ambiente, Adriana Soto. La extracción de minerales ha creado daños que nadie ha cuantificado en las selvas, los ríos y las montañas. Muchos lugares están desapareciendo. En el parque Puinawai, “la minería prácticamente rebanó un cerro”, denuncia Julia Miranda, directora de Parques Nacionales. En el Chocó los nativos ya se pierden en sus ríos pues las enormes dragas desviaron sus cauces, y la ciénaga de Ayapel en Córdoba, que antes era de aguas cristalinas, ahora parece un charco putrefacto.  ¿Por qué no se avanza? Perseguir a los criminales detrás de la extracción de oro enfrenta varios obstáculos. Uno es la dificultad de los operativos en lugares aislados y bajo control del crimen. La única acusación que se puede sustentar contra ellos es por cometer delitos ambientales, cuyas penas no superan los 32 meses y son excarcelables. Y aun cuando las autoridades logran llegar a las minas, a veces no tienen cómo probar ni estos delitos. Según explica la directora de la Unidad de Delitos Ambientales de la Fiscalía, Gloria Elsa Arias, se necesitan peritos que comprueben la contaminación del agua y el daño a la naturaleza y no les queda fácil recoger muestras en medio de un tiroteo con la guerrilla o las Bacrim. Desde finales del año pasado, en el Chocó no se volvió a hacer ni un operativo, pues no hay peritos. Y en muchos lugares las capturas no tienen sustento legal o, si lo tienen, como las normas son contradictorias, los abogados de mineros esgrimen la que más les convenga, según el caso.  Por todas esas razones, la lucha contra la minería ilegal, en la que participan tantas entidades del Estado, se parece a la de Sísifo, condenado a empujar eternamente una roca gigante hasta la cima de una montaña, que siempre vuelve a caer. La Unidad que dirige Arias tiene cerca de 300 procesos en todo el país, el 90 por ciento por minería ilegal. Y la Justicia apenas ha podido condenar a siete personas en el último año.  La formalización de los mineros tradicionales es otra talanquera. El gobierno del presidente Santos puso en marcha un nuevo plan de legalización y en los últimos meses ha avanzado más que en años anteriores, pero el ritmo sigue siendo paquidérmico. Apenas se han entregado 197 títulos, de las más de 9.000 explotaciones que no lo tienen. Según María Constanza García, directora de la Agencia Nacional Minera (ANM), el proceso no va más rápido porque hay que tratar los casos uno a uno, y por las dificultades de acceso y seguridad de muchas regiones. Explica que buscan crear un modelo como el de la Federación Nacional de Cafeteros que permita que los mineros tengan recursos y apoyo técnico.  Es una buena política, pero hacer que funcione exige un liderazgo excepcional. Hay que sincronizar normas contradictorias que permitan perseguir más a los criminales y menos a sus víctimas, los mineros tradicionales. Hay que profundizar la capacidad investigativa, para que los presos no sean solo Pantera y Zabala, sino los alcaldes que auspician dragas, los policías que extorsionan como ‘águilas verdes’ y los funcionarios de cómplices en la exportación ficticia de oro o la evasión de regalías. Y, por supuesto, hay que respaldar a líderes locales y autoridades, que están jugándose el pellejo para liberar a la minería del imperio de los fusiles.