En una de las diligencias que concedió Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) salpicó a varios políticos y empresarios del país por haber hecho supuestas alianzas con las Autodefensas Unidas de Colombia.

Otoniel les entregó una lista con los nombres de las personas que habrían tejido la conexión con los ilegales a los magistrados del tribunal de paz, Alejandro Ramelli y Hugo Escobar Fernández de Castro.

El documento tiene los datos de los contratistas y las empresas que fortalecieron la presencia de las organizaciones delincuenciales en varias regiones del país, con especial detalle en Meta, Casanare, Guaviare y Antioquia.

Incluso, comprometió a un exalcalde de Medellín y a un exgobernador de Antioquia en medio de su declaración.

En cuanto a las maniobras que tomaron para vincular a los ilegales con los recursos públicos, explicó que les entregaban el 5 % del costo de los contratos que adjudicaron entre el año 1999 y 2004.

Además, les mencionó a los magistrados que en la actualidad los paramilitares delinquen con el respaldo de agentes del Estado y la fuerza pública. “También afirmó que comandantes de la Policía en Urabá y Córdoba están aún en la nómina del Clan del Golfo”, narró La W Radio.

Ahora bien, con base en las palabras de Dairo Antonio Úsuga, los magistrados de la JEP habrían tomado la decisión de compulsar copias en los próximos días para que se hagan las indagatorias necesarias con el fin de esclarecer los hechos.

“Luis Alfredo Ramos debe ir a la JEP”: víctimas de Antioquia

La Fundación Forjando Futuros, que acoge a las víctimas del conflicto armado en Antioquia, pidió que el exgobernador y hoy condenado por concierto para delinquir, Luis Alfredo Ramos, acuda a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Comisión de la Verdad.

La solicitud se da luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena de más de siete años contra Ramos por la alianza que tuvo con grupos paramilitares entre 2001 y 2007 que, incluso, financiaron las campañas políticas con las que llegó a la Gobernación de Antioquia y al Senado.

En ese sentido, piden que las acciones vayan más allá de la decisión punitiva dado que el condenado tendría información que ayudaría a esclarecer los hechos de violencia que se presentaron en Antioquia.

“A nosotros nos parece conveniente que, ante la sentencia de la Corte Suprema, se tomara la decisión de ir a la JEP porque son los tribunales adecuados para que allí se confiese toda la verdad”, mencionó el director de la Fundación, Gerardo Vega.

En particular, les interesa conocer los nombres de las personas que participaron en la financiación de campañas políticas en el departamento durante el mismo período que Ramos se benefició, pues sospechan que otras personas aprovecharon el apoyo de los ilegales para ejercer cargos de elección popular.

Y en consecuencia, comentó el representante de las víctimas, ese patrocinio habría tenido injerencia en los programas de desarrollo de los políticos.

“Antioquia ha estado profundamente vinculada a temas de la ilegalidad desde la administración pública. En las gobernaciones han estado vinculados con grupos paramilitares y con despojadores de tierra. Antioquia debería revisar cómo ha sido la vida política”, afirmó el director de Forjando Futuros.

Finalmente, agregó que Luis Alfredo Ramos también está en la obligación de hablar en la Comisión de la Verdad antes de que se presente el informe final para contribuir al esclarecimiento y beneficio de las víctimas de la guerra.