El plan de Darío Antonio Usuga, alias Otoniel, estaba casi que cantado. El 28 de octubre de 2021, el excomisionado de Paz Miguel Ceballos le anunció a SEMANA que el caso de este temido narcotraficante podría convertirse en un Santrich, capítulo 2.
Había un choque de trenes entre la Corte Suprema, la Fiscalía y la JEP por determinar quién investigaba las conductas del excomandante guerrillero y mientras tanto, él aprovechó y huyó rumbo a Venezuela.
Hoy, la historia parece repetirse. Mientras el gobierno de Iván Duque adelanta el proceso para obtener la extradición de alias Otoniel, él y su grupo de abogados pidieron acogerse a la Justicia Especial para la Paz (JEP), un tema que, sin duda, deberán resolver las autoridades porque si ocurre podría detendría su traslado a una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos.
Mientras se desconoce el pronunciamiento de la justicia transicional, creada exclusivamente para dar verdad, justicia y reparación tras el proceso de paz con las Farc, el sometimiento del narcotraficante a la JEP inquieta a distintos sectores en el país.
Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, le dijo a SEMANA: “Otoniel, como cualquier otro delincuente, tiene que responder ante la justicia ordinaria. Ahora, si eso tiene implicaciones con respecto al conflicto, eso no justifica que se esté creando un problema entre dos sistemas judiciales. No puede perjudicar una política de muchos años de extradición de narcotraficantes hacia Estados Unidos. Eso no lo inventaron ahora”.
Acevedo agregó que el Gobierno tiene suficientes razones de peso para llevar a alias Otoniel a una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos. “No debería ser obstruido porque el gobierno no trabaja de mala fe, tiene que cumplir con los tratados internacionales y eso es lo que está procurando”, destacó.
Otoniel, según Acevedo, pretende que la JEP lo acoja, le aplique una justicia transicional y pague una cantidad pequeña de años en la cárcel.
“No sé si lleguemos a ese absurdo de que una persona sea detenida forzosamente porque no se acogió a la ley antes sino después de que fue sorprendido por las autoridades. Así es muy fácil porque cualquier bandido que capturen en persecución legítima por parte del Estado, una vez detenido, se acogerá a las leyes para que le reduzcan la pena. Eso desvirtúa el procedimiento de acogerse a la ley con anterioridad”, aclaró.
Acevedo agregó además que no pueden existir dos instancias enfrentadas para el tratamiento de un delincuente tan peligroso como alias Otoniel.
¿Se puede repetir el caso de Jesús Santrich?, “Nada raro”, respondió. “Estamos ante una situación que es muy peligrosa para las instituciones en el país, no es bueno estar enredados en el tratamiento de un delincuente de esa envergadura”, concluyó.
La solicitud de la defensa de alias Otoniel fue radicada el 13 de febrero pasado y está en trámite de estudio. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas o la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP darían la última palabra.
Este lunes, el presidente Iván Duque calificó la petición de Otoniel como el “colmo del descaro”.