Para el próximo 23 de marzo quedó reprogramada la audiencia en la cual Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, deberá rendir declaración en el subcaso relacionado con las ejecuciones extrajudiciales que se registraron en el departamento del Casanare entre 2005 y 2008.

La diligencia del pasado 9 de marzo se tuvo que suspender debido a la presencia de varios policías en la sala de audiencias. Pese a los llamados del magistrado de la JEP, los policías aseguraron que por motivos de seguridad nacional debían estar presentes.

Frente a esta situación, la JEP le envió un oficio al director de la Dijín para que informara sobre la presencia de los policías y citara los supuestos hechos de seguridad nacional para justificar su presencia en la audiencia que tenía el rótulo de carácter reservado.

En la frustrada diligencia los representantes de víctimas, el delegado de la Procuraduría General y los magistrados de la JEP cuestionaron el hecho que los policías no le quitaran las esposas al exjefe del Clan del Golfo ni el chaleco antibalas. Por esta situación, consideraron que no existían las garantías.

El pasado 12 de marzo. la Sección de Ausencia de Reconocimiento emitió medidas cautelares para ordenarle a la Policía Nacional garantizar la reserva y privacidad del interrogatorio de Otoniel.

“Ordenar al director de la Dirección Nacional de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional (Dijín), mayor general Fernando Murillo Orrego, que se abstenga de realizar actuaciones que afecten la reserva de las diligencias judiciales con la presencia de personal uniformado o ajeno al convocado en las providencias en las salas de audiencia, y en general acciones que obstaculicen la práctica de testimonios u otras diligencias del señor Dairo Antonio Úsuga David ante la JEP o la CEV y garantice su reserva”, dice el documento.

El excomandante del Clan del Golfo fue citado atendiendo una petición de las víctimas reconocidas dentro del caso 03 ‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’.

El exjefe del Clan de Golfo deberá entregar información relevante respecto del involucramiento de integrantes de la fuerza pública en estas acciones que buscaban demostrar resultados operacionales contra grupos subversivos en esa región del país. En medio de esa práctica, civiles fueron secuestrados y asesinados para después presentarlos como guerrilleros abatidos en combate.

En este subcaso estarían relacionados integrantes de la Brigada XVI del Ejército Nacional, quienes presentaban cifras récord de acciones en contra de la guerrilla de las Farc que delinquía en ese departamento. La declaración de Otoniel cobra importancia debido a que en otras diligencias detalló los nexos entre los militares y las Autodefensas Unidas de Colombia para ejecutar esta práctica en la zona.

“Úsuga David formó parte de esta unidad armada (AUC) y, en el marco de su actividad delincuencial, presuntamente se habría relacionado con miembros del Ejército y otras fuerzas de seguridad del Estado, como el Departamento Administrativo de Seguridad-DAS, en aras de desarrollar actividades delictivas de manera conjunta”, precisa la decisión firmada por todos los magistrados que conforman dicha Sala.

En otro de los puntos se indica que Otoniel, quien fue capturado en noviembre pasado, ha manifestado su interés de colaborar con las autoridades para entregar información sobre la relación entre paramilitares y agentes de la fuerza pública, igualmente reseñando a todos aquellos que tuvieron conocimiento en estas acciones.

“Ha manifestado su interés de brindar información en el caso 03 (falsos positivos), en lo que tiene que ver con su presunto relacionamiento con comparecientes dentro de este, como lo son los señores Henry William Torres Escalante, Leonardo Barrero Gordillo y Orlando Rivas Tovar, los dos primeros comandantes de la Brigada XVI y el último, subdirector del DAS de la seccional Casanare”, agrega.

En el caso del general en retiro Henry Torres Escalante -quien fue durante años el comandante de la Brigada XVI con sede en Yopal-, la JEP está ad portas de definir su situación jurídica. Es decir, si lo llama o no a juicio por estas ejecuciones extrajudiciales, entre las que se encuentran la muerte de dos campesinos, padre e hijo, quienes fueron sacados de su casa en zona rural de Aguazul para luego presentarlos como guerrilleros de las Farc abatidos en combate.

Recientemente, el nombre del general (r) Leonardo Barrero, excomandante de las Fuerzas Militares, ha vuelto a ser noticia después que se le vinculara con la banda de Juan Larinson Castro, alias Matamba -la cual tiene una estrecha relación con el Clan del Golfo en el departamento del Nariño-. El oficial, quien sería conocido con el sobrenombre de El Padrino en la estructura criminal, habría ordenado disminuir los operativos en contra de Matamba y cambiar a los agentes de inteligencia que lo estaban buscando. Todo esto a cambio de una millonaria comisión mensual.

Finalmente, el exsubdirector del DAS en Casanare Orlando Rivas Tovar enfrenta una investigación por su presunta responsabilidad en el homicidio de tres personas quienes fueron presentadas como guerrilleros abatidos en combates en zona rural de Hato Corozal y Nunchía.