En un comunicado de dos páginas, la defensa del exjefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, desmintió las declaraciones entregadas recientemente por el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, sobre la existencia de un plan de fuga y maniobras dilatorias para torpedear el estudio que adelanta la Corte Suprema de Justicia, frente a la petición de extradición radicada por una Corte de los Estados Unidos, por delitos relacionados con el tráfico de drogas y de armas.

Para los abogados de Otoniel, quien se encuentra privado de su libertad en los calabozos de la Dijín de la Policía, bajo estrictas medidas de seguridad, en ningún momento se han presentado recursos para afectar el estudio de la extradición y mucho menos existe un plan para organizar un plan de fuga.

“Demandamos respeto por parte de funcionarios del Estado y de las más altas dignidades, a la estrategia de defensa jurídica”, precisaron en el comunicado los abogados en Colombia de Otoniel, quienes consideran que este tipo de acusaciones afectan los derechos fundamentales al debido proceso que tiene su cliente y cualquier colombiano que se encuentre inmerso en un proceso judicial.

Reconocen que, tras las declaraciones de Otoniel ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se ha ejecutado una estrategia en contra del otrora máximo jefe del Clan del Golfo. “Reiteramos que cada una de nuestras acciones en la representación judicial a favor de nuestro defendido está siendo estigmatizada, violentada, criminalizada y coaccionada, a través de los diferentes medios de comunicación y señaladas de esta forma por algunas Instituciones del Gobierno”.

La defensa de Otoniel señaló que “inclusive han develado información y documentos que gozan de reserva sumarial como los requerimientos de las autoridades extranjeras y el informe de la captura de nuestro representado, documentos que hacen parte integral del expediente que reposa en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia – Dirección de Asuntos Internacionales y Ministerio de Relaciones Exteriores – Cancillería”.

Frente a esto anunció que presentará una queja ante la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial, la Defensoría del Pueblo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin que se garanticen los derechos jurídicos y procesales.

La semana pasada, el director de la Policía Nacional indicó que le iba a presentar a la DEA (Drug Enforcement Administration, por sus siglas en inglés) y a la Fiscalía General de la Nación varias pruebas documentales e informes de inteligencia que revelaban el plan de ‘Otoniel’ para fugarse y evitar su extradición. El general Jorge Vargas citó varias maniobras que tendría preparada el equipo jurídico del narcotraficante con el fin de afectar el estudio de la petición y alargar los plazos.

Otoniel, quien fue capturado el pasado 24 de octubre en un operativo adelantado por el Ejército, la Policía y la Armada en el Urabá antioqueño, exactamente en el cerro Yoki, ubicado entre Necoclí y San Pedro de Urabá, se encuentra recluido en la actualidad en los calabozos de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) en Bogotá bajo estrictas medidas de seguridad.

Tras la vacancia judicial se reanudará el estudio del caso y se solicitarán los respectivos conceptos por parte de la Procuraduría General, el Ministerio de Defensa y el representante de Úsuga David para definir el procedimiento.

En el indictment se plantea la posibilidad de que Otoniel sea condenado a cadena perpetua; sin embargo, debido al acuerdo de extradición firmado entre Colombia y Estados Unidos, esta figura está prohibida expresamente.

En su declaración ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) –la cual generó una gran polémica- Otoniel aseguró, entre muchas otras cosas, que por los protocolos de seguridad y protección no ha tenido una comunicación constante ni clara con sus abogados para plantear su defensa frente a lo que viene.

En contra de Otoniel existen 128 órdenes de captura, siete sentencias condenatorias por delitos relacionados con secuestro, terrorismo, homicidio, tráfico de drogas, extorsión, entre muchos otros, así como ocho medidas de aseguramiento privativas de la libertad.