La Fiscalía suma otra derrota judicial en el eterno y enredado proceso que, por lavado de activos, abrieron contra los directivos de la comercializadora de oro CIJ Gutiérrez en la ciudad de Medellín. SEMANA reveló graves denuncias de cómo la entonces directora de lavado de activos, Luz Ángela Bahamon, aseguró que, por ese caso, “el fiscal general estaba presionando” por capturas.
Desde el inicio, el proceso arrancó con varias irregularidades y, por fortuna, las detectaron los jueces de control de garantías que en dos oportunidades le tumbaron a la Fiscalía la imputación de cargos. Un acto que es de mera comunicación, pero que los fiscales del caso no lograron demostrar. Incluso la Procuraduría en su momento advirtió las irregularidades.
“Preocupa la forma en la que ha avanzado este proceso, desde el inicio la Fiscalía ha cometido errores significativos en la formulación de imputación que han llevado a que se anulara en varias ocasiones, aunque finalmente, en una segunda instancia, se decidió mantenerla en firme, aunque con reservas”, dijo la Procuraduría.
Ahora es el Tribunal de Medellín la autoridad que le recuerda a la Fiscalía que no tiene las pruebas para continuar con el proceso, que la imputación y todas las actuaciones en este proceso no cumplieron con los requisitos mínimos que exige la ley, incluso cuando se trate de un simple “acto de comunicación”.
“De tal manera que la formulación de imputación incompleta afecta gravemente las garantías fundamentales de los procesados, como el derecho de defensa y el debido proceso, en la media en que, al no ser informados de manera clara y precisa sobre los hechos en punto de la calificación jurídica, se dificulta en gran medida la preparación adecuada de su defensa”, señala la decisión del Tribunal de Medellín.
La defensa de los directivos de CIJ Gutiérrez, en cabeza del abogado Fabio Humar, advirtieron durante los últimos tres años de qué forma la imputación de la Fiscalía no cumplió con lo previsto para este tipo de actuaciones y, por tanto, eran razonables, incluso lógico, que se declarara la nulidad de todas las actuaciones.
“Los hechos son idénticos a los de la primera imputación, la cual fue declarada nula por la jueza cuarta especializada de Medellín. Esto pone de manifiesto que la nueva imputación también es genérica y abstracta. No se han especificado los hechos jurídicamente relevantes que permitirían opinar de manera clara y precisa sobre los cargos que enfrenta su representado, ni estructurar con precisión una teoría del caso”, señalaron los apartes de la decisión cuando hacen referencia a la intervención de la defensa.
Los abogados insisten que la conclusión jurídica a la que llega la Fiscalía para tratar de imputar, fallar en ese intento y luego volver a imputar, se quedó corta en argumentos y detalles que resultan tan básicos en escenarios como la imputación y sobre todo en un caso como este, con tantos detalles y problemas para la hipótesis de la Fiscalía en un proceso que completó un lustro por los despachos judiciales.
“La delegada fiscal no hizo claridad frente a cuáles eran las operaciones ficticias, inexistentes, simuladas, en las que, supuestamente, intervino su representado. No se hizo claridad en lo que tiene que ver con los ingresos operacionales que la Fiscalía, que ‘marcan con la ilegalidad’”, advirtió la defensa.
Con esta decisión del Tribunal de Medellín, la Fiscalía se queda sin cartuchos para seguir la pelea judicial que por ahora completa tres rounds perdidos y un llamado de atención de la misma justicia, implícito en las decisiones que mantienen la nulidad de las actuaciones.