El retiro de un 'articulito' sobre el fuero militar del proyecto de reforma a la Justicia, que empieza esta semana su segunda ronda de debates en el Congreso, provocó un nuevo pulso político dentro de la Unidad Nacional. Los uribistas de La U y del Partido Conservador se rebelaron a la orden del gobierno de votar en contra del artículo que le da la competencia a la justicia militar para comenzar las investigaciones de los posibles delitos que se cometan en todas las operaciones de la fuerza pública. Para estos sectores, la mejor manera de garantizar la seguridad jurídica -que tanto reclaman los militares- es aprobar el artículo 12 de la Reforma a la Justicia, que dice en uno de sus apartes que "en todo caso, se presume la relación con el servicio en las operaciones". Pero el artículo compite con una nueva propuesta de reforma a la justicia militar que radicó el gobierno en la Cámara de Representantes hace dos semanas; un proyecto que se ocupa de manera integral del fortalecimiento de la justicia castrense. El propio presidente Juan Manuel Santos consideró que era "un exabrupto" que haya dos reformas sobre la misma materia en el Congreso. Por esta razón, se reunió con los partidos disidentes y acompañado de los juristas que ayudaron a diseñar la nueva propuesta y del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, explicó la incompatibilidad de las dos iniciativas. El martes pasado, después de tres horas de reunión, la bancada de La U aceptó hundir el 'articulito' de la discordia en la Comisión Primera del Senado (donde arranca la discusión de la reforma a la Justicia). Claro, formuló algunos ajustes a la propuesta del gobierno. Pero el miércoles, Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, explicó que aunque apoyaba la propuesta para fortalecer el fuero militar, su partido no votaría para hundir el artículo que se incrustó en la reforma a la Justicia. La disidencia en la Unidad Nacional revela que las fisuras de la coalición no son un simple asunto pasajero. Cada vez que el gobierno da cuenta de su punto de vista sobre el conflicto armado, se asoman las divergencias ideológicas dentro de la coalición. Los contradictores son los congresistas que han respaldado las tesis del expresidente Álvaro Uribe, que pidió no retirar el fuero de la reforma a la Justicia. Tras bambalinas están en pugna dos formas de ver el combate a los grupos ilegales: la del gobierno, que reconoce la existencia del conflicto armado y considera que la única manera de garantizar la seguridad jurídica de los uniformados es aplicando el DIH, y la del uribismo, que considera que juzgar a los militares con la justicia ordinaria es equipararlos con los criminales. La paradoja es que la Fiscalía tiene la competencia para investigar los posibles homicidios que se presentan en las operaciones militares, gracias a un acuerdo firmado en 2006 entre el fiscal Mario Iguarán y el ministro de Defensa Camilo Ospina, dos exfuncionarios de Uribe. El artículo de la discordia fue incluido en la reforma a la Justicia en octubre de 2011, cuando el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, en un afán por tranquilizar a las Fuerzas Armadas, pidió incluirlo en el proyecto, a pesar de que no estaba en las cuentas de nadie. Ahora, después de que una comisión de expertos concluyó que era mejor negar el artículo, el gobierno cambió de posición, dejando ver que hubo improvisación. Aun si La U y los conservadores decidieran respaldar el artículo del fuero militar contenido en la reforma a la Justicia, es improbable que pase del próximo debate. Los dos partidos suman solo nueve votos, y se requiere de diez para que sobreviva. "Todos los caminos conducen a aprobar el proyecto de reforma que radicó el gobierno en la Cámara", explicó el senador conservador Hernán Andrade. Sin embargo, la falta de coherencia y planeación generó un ruido innecesario que dejó al descubierto la fragilidad de la Unidad Nacional.