La aplanadora de las mayorías gobiernistas en el Congreso está pasándose por la faja el Estado de derecho y la separación de poderes. Esa es la cruda realidad. El espectáculo que debieron presenciar los colombianos en el Capitolio la semana pasada no tiene antecedentes. Más allá del contenido del debate de control político al que la oposición había citado al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, la forma y el fondo de lo que ocurrió son inaceptables.
La ley existe para cumplirla y los ciudadanos no tendrían por qué tolerar que los legisladores, que justamente están en sus curules para redactar las leyes y hacer control político, se salten la normatividad así como así. Lo que ocurrió en el recinto del Parlamento será recordado como uno de los momentos más oscuros del Congreso en sus últimos años. Los partidos que conforman las dos cámaras tienen derecho a llamar a los ministros a dar explicaciones y a responder por sus actos. ¿No serán conscientes los autores de la llamada ‘jugadita’ del precedente tan grave que sentaron al vulnerarlo de esa manera?
Ocurrió lo siguiente: los senadores Jorge Enrique Robledo y Roy Barreras habían solicitado desde hace meses este debate. Aun así, enfrentaron estrategias de dilación para demorarlo. Una vez el debate tuvo una fecha establecida y el Senado determinó que debería realizarse presencialmente, la prueba positiva de coronavirus de la senadora María del Rosario Guerra sirvió de excusa para pasarlo a la virtualidad, que hace que un debate de estas características nazca muerto.
Para el debate de control político habían pactado que tanto Robledo como Barreras tendrían cada uno una hora para intervenir. El senador de La U pudo hacer uso de la palabra por el tiempo establecido, pero cuando llegó el turno de Robledo le dijeron que solo tendría 20 minutos porque Ernesto Macías y María del Rosario Guerra, dos copartidarios del ministro que nada tiene que ver con la oposición, también se habían presentado como citantes al debate. Así las cosas, luego de las explicaciones de Trujillo y de las intervenciones de varios legisladores, la jornada dio un giro indeseable.
Como era de esperar, los senadores de la oposición se declararon insatisfechos con las explicaciones que ofreció el jefe de la cartera de Defensa ante las acusaciones de Barreras. Solo con eso ya bastaba para proceder con el debate de moción de censura sin necesidad de hacer votación alguna. Entonces Robledo tendría su turno para presentar las pruebas de sus acusaciones sobre la presencia de las tropas estadounidenses en el territorio nacional. Pero en la bancada de Gobierno ya estaba cocinada la ‘jugadita’. El senador Macías, con ayuda de Char, se apropió del debate, se declaró satisfecho con las palabras de Trujillo y radicó una proposición ante la mesa directiva para cancelar el debate de moción de censura.
Eso no se puede hacer. No solo es una movida cuestionable desde el punto de vista ético, sino legal. A sabiendas de la irregularidad, el presidente del Senado, Arturo Char, sometió la proposición a votación con la certeza de que las mayorías gobiernistas votarían en bloque para respaldar su erróneo accionar. A los opositores, ante la falta de garantías y la evidente vulneración de sus derechos, no les quedó de otra que retirarse de la plenaria para dejar constancia de lo ocurrido.
¿Qué necesidad tenían los partidos gobiernistas de callar las voces de la oposición y no permitir el debate? De todo este episodio queda clara una cosa: el Congreso en la virtualidad no funciona. Así una ley lo haya permitido en el marco de la pandemia, los legisladores deben volver a trabajar en el recinto del Capitolio, como ocurre en todos los países del mundo. De lo contrario, no habrá garantías para ejercer la política. Así como esta vez pasó lo que pasó en el debate del ministro, mañana podrá pasar que con maniobras de esa naturaleza aprueben reformas constitucionales en una llamada de Zoom.
Quedan también varias preguntas: ¿por qué Arturo Char sometió a votación una proposición improcedente? ¿Por qué Macías se puso como citante de un debate de control político a un ministro de su partido? ¿Por qué lo aceptaron? ¿Por qué temían que Robledo mostrara las pruebas que dice tener? ¿Era necesario dejar ese manto de duda y de ilegalidad sobre una decisión tan importante? Y, por último, ¿estaban enterados el ministro y los funcionarios de Palacio de esta nueva ‘jugadita’? Los implicados deben responder estas y las demás preguntas que quedan sobre la mesa. Lo ocurrido esta semana no puede ser una anécdota más.