El escándalo de corrupción que llevó a la cárcel a dos congresistas tiene un nuevo capítulo. Mientras la Fiscalía imputó cargos al exdirector encargado del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) Pierre García Jacquier, se conocieron detalles de la investigación que dejaron vinculado a otro congresista en este entramado de corrupción.
Se trata del senador Miguel Ángel Barreto que, según la Fiscalía, estuvo en la oficina del entonces director encargado del DPS, el señor Pierre García Jacquier, al parecer con la intención de garantizar la contratación que posteriormente fue objeto de verificación por las entidades de control conocido como el caso Proyecta-Quindío.
“Destacar estas visitas porque también fue uno de los senadores que se acuñan como dueños de esa contratación derivada de Proyecta-Quindío y para dejar absolutamente claridad con esos hechos jurídicamente relevantes, también tiene que hacer alusión la Fiscalía a lo siguiente: el punible concierto para delinquir exige dentro de los elementos del tipo la existencia es acuerdo de voluntades y esas circunstancias de tiempo, modo y lugar”, dijo la Fiscalía en la imputación de cargos.
La Fiscalía aseguró que fueron varias las reuniones que sostuvo el señor Pierre García Jacquier con funcionarios, contratistas y congresistas, en un propósito ilegal, direccionar la contratación del Departamento para la Prosperidad Social, particularmente de Proyecta-Quindío en un monto superior a los 170.000 millones de pesos. Las reuniones ocurrieron entre el 3 y el 12 de mayo de 2022.
“Es que van a haber otros elementos con los cuales la Fiscalía va a aprobar esa permanencia en el tiempo, como es la consecución de esas reuniones, pero también cómo se puede inferir de las directrices impartidas por usted, la fecha del hecho de que muy seguramente ocurrió el acuerdo criminal con senadores de la República y es previo al 13 de octubre del año 2021 situación por la cual la Fiscalía se ratifica”, explicó el ente acusador en la imputación al exdirector del DPS.
Para la Fiscalía no hay duda de que tras los contratos del DPS se gestó una organización criminal que buscaba garantizar la contratación de manera ilegal y a puerta cerrada, con la anuencia del entonces director de esa entidad, justamente el señor Pierre García Jacquier en las oficinas del Departamento para la Prosperidad Social en Bogotá.
“Direccionamiento de la contratación Estatal, situación que se acarrea para el primer semestre del año 2022 y que Catherine dice haber resuelto, al final no se resuelve ese contratiempo y genera según lo refiere Katherine Rivera y Pablo César Herrera Correa en que se decía por parte del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en la prórroga de ese contrato 670 del año 2021″, explicó la Fiscalía.
Durante la imputación de cargos en contra de Pierre García Jacquier, exdirector encargado del Departamento para la Prosperidad Social, la Fiscalía fue contundente al explicar cómo los funcionarios se organizaron de modo que cada quien tenía unos roles definidos para completar la operación criminal con el único objetivo de entregar la contratación de acuerdo con los intereses de los ahora vinculados.
“Con la existencia de reuniones y esa primera adición a la concertación para delinquir por parte de Pablo César Herrera Correa y Alejandro Noreña Castro, en esa reunión del 13 de octubre en su oficina en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social donde se habló de la exploración o la necesidad de esa bolsa de recursos que en un primer momento ascendía la suma de 170 mil millones de pesos y tal como se sabe, en esos hechos jurídicamente relevantes finalmente se suscribió el contrato 670 el 12 de noviembre del año 2021″, señaló la fiscal del caso en la imputación.