La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Alcaldía de Ibagué, Tolima, y de la Secretaría de Infraestructura municipal por posibles irregularidades en el proceso de selección del contratista encargado de las obras del puente elevado sobre la carrera 5 con calle 60 e interconexiones.
La investigación se centra en determinar si los integrantes del comité evaluador han incumplido las reglas establecidas en el pliego de condiciones del proceso, lo cual habría llevado al rechazo de la propuesta presentada por el Consorcio Puente MVM. Según el representante legal de dicho consorcio, la entidad no habría establecido una regla clara de valoración de la experiencia y el presupuesto oficial.
“La entidad no dispuso una regla de valoración de porcentaje de experiencia frente al presupuesto oficial donde se hiciera distinción entre experiencia específica y general”, aseguró el representante, de acuerdo el Ministerio Público.
Además, se está investigando si se adjudicó el contrato al Consorcio Puente Carrera 5 a pesar de que, supuestamente, estaría inhabilitado. De igual forma, se habría descubierto que la firma BGDSA SAS, integrante de dicho consorcio y también del Consorcio BCM, habría sido sancionada y multada por incumplimientos en proyectos anteriores.
(...) Toda vez que la firma BGDSA SAS, integrante de dicho proponente plural y a su vez del Consorcio BCM, habría sido sancionado y multado en esta última condición, por incumplimiento en el proyecto de rehabilitación de la vía San Bernardo del Viento - Lorica y la construcción del Puente La Doctrina, contratos que fueron suscritos con el Instituto Nacional de Vías en Córdoba”, indicó la Procuraduría.
Existe la denuncia de que el proceso de selección podría haber sido direccionado para favorecer al Consorcio Puente Carrera 5, ya que otro de sus integrantes, Olaguer Agudelo Prieto, “recientemente fue seleccionado también como contratista para ejecutar las obras de acueducto complementario”.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué ha ordenado la práctica de pruebas con el objetivo de identificar a los posibles responsables de las presuntas faltas disciplinarias y determinar la veracidad de los hechos denunciados.
Esta investigación busca garantizar la transparencia y legalidad en los procesos de contratación de obras públicas, así como salvaguardar los recursos y el interés general de la ciudadanía.
El otro escándalo en la Alcaldía de Ibagué
La denuncia anterior se suma al hecho de que en marzo pasado la Procuraduría General abrió indagación previa contra servidores públicos por determinar de la Secretaría de Infraestructura Municipal de Ibagué, por presuntas irregularidades en la planeación y ejecución del contrato para la rehabilitación de la malla vial de la avenida Mirolindo de Ibagué.
El Ministerio Público busca establecer si se omitió la construcción de obras complementarias, como cunetas, desagües y/o canalizaciones de aguas lluvias necesarias para evitar las filtraciones de agua, empozamientos y el deterioro de la capa asfáltica de dicha vía.
Según un artículo publicado en un medio de comunicación local denominado El Olfato, el 3 de marzo de 2023, la “Alcaldía de Ibagué tuvo que invertir $ 700 millones para corregir la chambonada de la pavimentación de la avenida Mirolindo”, adicionales a los casi dos mil millones que habría costado la obra inicial. En la misma hacen referencia a una nota del mes de enero en la cual se denunció que “(...) la pavimentación de la avenida Mirolindo fue una “chambonada” y en seis meses podría deteriorarse de nuevo”.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué ordenó la práctica de pruebas, entre ellas, ofició a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Ibagué para que informe si adelanta actuación disciplinaria por los mismos hechos, y así, revisar si deberá remitir esta actuación para que sea acumulada al proceso que allí cursa, o si se cumplen los presupuestos para asumir este proceso disciplinario en ejercicio del poder preferente.