La concejal de Bogotá, por el partido Liberal, María Victoria Vargas Silva, denunció la mala situación por la que atraviesan los pacientes con problemas de salud mental en la IPS Remy S.A.S., la cual ejecuta un contrato para atender a estas personas con la EPS del Distrito Capital Salud

De acuerdo con la cabildante: “hay pacientes bajo la lluvia, amarrados con sábanas, caminando descalzos sobre el agua, dormitorios inundados, ropa revuelta y sin ningún manejo higiénico, entre otras condiciones deplorables, vulnerando su derecho a la dignidad humana”.

Así mismo, Vargas Silva denunció, que es muy grave que el Contrato Vigente No. 030 de 2021, que tiene la IPS Remy con la EPS pública Capital Salud, haya iniciado por contratación directa, por una cuantía de $3.726 millones y que, posteriormente haya presentado 11 adiciones y 10 prórrogas, para un valor total de $13.129 millones.

Además, según denuncias hechas por el mismo personal que labora en esta IPS, al parecer, no les han cancelado el salario hace más de seis meses, yendo en contravía de la cláusula número 15 del contrato: “pagar oportunamente los honorarios, salarios y prestaciones del personal, relacionados con la ejecución del presente contrato”.

La cabildante no se explica, por qué el secretario Distrital de Salud, Alejandro Gómez López, como cabeza del sector salud y que tiene claras funciones de inspección, vigilancia y control, solamente, a raíz de las denuncias que ella realizó, clausuró este establecimiento de salud: “a partir de la fecha, 03 de noviembre de 2022, queda prohibido el funcionamiento de este establecimiento”. Pero más grave aún, “los pacientes siguen ahí”, puntualizó.

Finalmente, la concejal del Partido Liberal le solicitó a la Personería de Bogotá y a la Contraloría Distrital que investiguen el contrato celebrado para proteger los recursos de la salud de los ciudadanos y garantizar una atención digna a los pacientes con problemas de salud mental en Bogotá.

Contraloría advierte malos manejos de recursos en el sector salud en Bogotá por $ 85.000 millones

La Contraloría Distrital de Bogotá reveló que adelanta un total de 100 procesos de responsabilidad fiscal sobre las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud que operan en la ciudad (Centro Oriente, Norte, Sur y Sur Occidente), por situaciones establecidas desde cuando fueron creadas en el año 2016.

La falta de gestión en la recuperación de cartera, sobrecostos en insumos y servicios, irregularidades en la contratación, problemas de facturación y pago de sanciones e intereses, son algunos de los hechos objeto de los procesos, que adelanta el ente de control. También figuran la pérdida de equipos médicos, el vencimiento de medicamentos y las dificultades en el manejo de cuentas bancarias, entre otros hechos.

La Subred Norte, con $38.734 millones, lidera el ranking de las entidades con mayores hallazgos fiscales; seguida por la Subred Sur Occidente, con $15.789 millones; la Subred Sur, con $15.602 millones y la Subred Centro Oriente, con $15.116 millones en hallazgos.

“Los servicios de salud son fundamentales y en muchos casos vitales para todos nosotros. Por eso, desde la Contraloría de Bogotá, estamos priorizando las investigaciones de posibles pérdidas de recursos en el sector salud de todos los bogotanos. Primero, dando prioridad absoluta a las denuncias de posibles sobrecostos en la adquisición de bienes y servicios por parte de la Secretaría de Salud del Distrito sobre las cuales hemos dado instrucciones precisas de tener resultados concretos, iniciando el mes de diciembre de este año”, aseguró el contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz.

El Contralor dio instrucciones a la alta dirección de la entidad para que se impulsen los 100 Procesos de Responsabilidad Fiscal, a fin de salvaguardar los recursos de la salud y en procura de que se garantice una óptima prestación del servicio a los ciudadanos.

“He dado la orden de priorizar cerca de 100 procesos de responsabilidad fiscal por más de $85.000 millones sobre las cuatro subredes integradas de servicios de salud por hechos ocurridos desde cuando fueron creadas en el año 2016, por temas como falta de gestión en la recuperación de cartera, sobrecostos en insumos y servicios, problemas en la contratación y en la facturación, pérdidas de equipos médicos y vencimientos de medicamentos, entre otros”, indicó el jefe del organismo de control.

Los procesos de responsabilidad fiscal buscan la recuperación de los recursos y el resarcimiento del daño al patrimonio público y son el resultado de las auditorías de desempeño y regularidad adelantadas por la Dirección de Salud de la Contraloría de Bogotá a las cuatro Subredes Integradas de Servicio que operan en la capital del país.