Desde que hace tres años Transparencia Internacional, una ONG con capítulo en 70 países, empezó a impulsar los pactos de integridad por todo el mundo, la etapa más difícil siempre fue convencer a los gobiernos de que éstos eran necesarios. Por eso es que los miembros de Transparencia quedaron muy sorprendidos al ver que por primera vez un gobierno los solicitaba. Y fue precisamente el gobierno colombiano, que a través del vicepresidente, Gustavo Bell, no solo los contactó sino que incluyó esta figura en el Plan Nacional de Desarrollo, abriendo la puerta para su uso en Colombia.¿Pero qué es un pacto de integridad? Se trata de una herramienta inventada por Transparencia Internacional, la principal ONG del mundo en materia de lucha contra la corrupción, para 'blindar' licitaciones públicas y garantizar que no haya corrupción. Se diseña en forma exclusiva para cada licitación y compromete a todas las partes, tanto licitantes como funcionarios gubernamentales. Hasta ahora en todo el mundo solamente se han firmado dos pactos en Argentina, uno en Ecuador, uno en Panamá y uno en Colombia. Y en el país lo hizo el Ministerio de Comunicaciones para el programa de Telefonía Social Compartel, una licitación de 80 millones de dólares. Se trata de un subsidio por parte del gobierno a varias empresas para que presten el servicio de telefonía pública en zonas rurales, garantizando de antemano el mantenimiento de las líneas por 10 años. Lo que hace el pacto de integridad es obligar a las partes a ir más allá de la ley. Y en este caso los firmantes se comprometieron a cumplir unas reglas de juego que todos ellos ayudaron a diseñar. Por ejemplo, cada una de las propuestas debe estar firmada en todas sus hojas por otros contrincantes en la licitación de tal manera que las páginas no puedan cambiarse. También a no pedir la revisión posterior del subsidio para evitar la tradicional trampa de ganar con un precio bajo y luego solicitar un aumento.Pero el compromiso no termina ahí. Los proponentes convinieron en entregar sus balances a Transparencia Internacional para que esta entidad verifique que no han hecho pagos por debajo de cuerda a terceros. Y también se pusieron de acuerdo en los 'dientes' del pacto. Quien incumpla lo estipulado se compromete a abstenerse de participar en cualquier licitación en Colombia durante los próximos cinco años. El juez, por supuesto, es Transparencia Internacional.Al igual que los proponentes, los empleados del Ministerio también se comprometieron. No trabajarán para ninguna de las empresas proponentes durante los próximos cinco años. Esto a pesar de que el sector de telecomunicaciones en Colombia es reducido y que con esta decisión su campo de acción en materia laboral se restringe considerablemente hacia el futuro.Todo esto, en plata blanca, significa una cosa: romper el círculo vicioso según el cual todas las licitaciones en Colombia son amañadas, y por lo tanto hay que hacer trampa desde el comienzo. Como dijo a SEMANA el presidente de Transparencia Internacional en Colombia, Juan Lozano, "se acaba el mito de que la corrupción es una maldición genética de los colombianos y que estamos fatalmente condenados a ser corruptos".Antanas Mockus fue otro de los partícipes del acuerdo ya que está colaborando con la vicepresidencia en forma voluntaria. Según Mockus, la importancia del acuerdo es que todos aceptaron las reglas comunes y generaron confianza. Así el Ministerio puso la propuesta en Internet para que cualquiera la consultara, dando por terminada la vieja práctica de que todos los pliegos deben ser secretos. Como dijo a SEMANA Rosa Inés Ospina, directora de Transparencia Colombia, "todos fueron consultados y así se logró el consenso". Los firmantes fueron: Global Village Telecom, Edatel, Henderson Park Industries, Vitacom Systems, Telecom, Empresa de Telecomunicaciones de Cundinamarca, Hughes Network Systems, Telecomunicaciones de Pereira, Empresas Públicas de Bucaramanga y Telecomunicaciones del Valle.Pero este episodio no va a terminar con esta licitación del Ministerio de Comunicaciones. Por el contrario, hay 28 solicitudes más, entre las más avanzadas la de la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente por parte del Distrito Capital y la privatización de ISA e Isagen por parte del Ministerio de Minas. Por lo tanto, este gobierno parece haber logrado encontrar para las licitaciones públicas el tan anhelado árbitro internacional que le ha faltado al proceso de paz. Y en este caso su nombre es Transparencia.