En el Diálogo Regional Vinculante que se llevó a cabo en Santander de Quilichao, Cauca, el pasado sábado 26 de noviembre, el Consejo Interétnico del Norte del Cauca realizó un pacto de no agresión con el fin de cesar cualquier tipo de violencia en la región.
El grupo, conformado por indígenas, afrodescendientes, campesinos y trabajadores de la caña, hizo una tregua indefinida en presencia de la vicepresidente de la República, Francia Márquez, y el ministro del Interior, Alfonso Prada, como representantes del Gobierno Nacional.
Márquez destacó la acción afirmando que en dicha región es necesario avanzar hacia la reconciliación y plasmar una ruta en la que se busquen soluciones que permitan convivir a los habitantes del lugar y puedan vivir en paz.
Así mismo, recalcó que es necesario avanzar en buscar una ruta para solucionar el conflicto de tierras y combatir las formas de violencia que aquejan a esta zona del país.
“Nos toca resolver las diferencias y construir con nuestras virtudes, capacidades, experiencias, sabidurías y conocimientos. Esperamos que juntos construyamos un camino de paz a partir del diálogo social”, dijo la vicepresidenta.
“Queremos un Cauca en paz, con justicia social y dignidad humana, donde la juventud tenga esperanza, en el que las mujeres no se violenten. Un Cauca que sea ejemplo de una potencia mundial de la vida. Este departamento, con sus montañas, sus llanuras, sus costas, sus valles, es maravilloso. Solo nos falta ponernos de acuerdo y construir en medio de la diferencia, eso nos llevará al éxito y una sociedad posible”, enfatizó la alta mandataria.
Por su parte, el ministro Alfonso Prada puntualizó: “Hago la declaración a nombre del Gobierno Nacional de proscribir llamar a eliminar, rechazar la estigmatización contra los líderes y lideresas sociales, que lo único que están haciendo es trabajando por los derechos de todas y todos en el territorio”.
“Por esa razón merecen [los líderes sociales] el respeto de todos los colombianos y de todas las colombianas y el Gobierno Nacional se compromete con esa campaña contra la estigmatización en el territorio del Norte del Cauca y defensores y defensoras de Derechos Humanos”, añadió Prada.
Además del pacto de no agresión, de la mano de las comunidades y la masiva concurrencia, se escucharon propuestas y aportes para la construcción participativa del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026.
En 60 mesas de diálogo, cerca de 3.000 personas provenientes de 13 municipios del norte del Cauca entregaron sus propuestas para la construcción final de las bases del PND 2022-2026, el documento que establecerá las metas del Gobierno nacional para los próximos cuatro años.
Habitantes de los municipios de Buenos Aires, Caldono, Caloto, Corinto, Guachené, Jambaló, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Suárez, Toribio y Villa Rica, entregaron más de 200 propuestas al Departamento Nacional de Planeación (DNP), entidad responsable de la sistematización, organización, análisis y construcción del documento final.
Los temas deliberados giraron en torno a seguridad humana, ordenamiento territorial, internacionalización, economía productiva para la vida y lucha contra el cambio; convergencia regional y derecho humano a la alimentación. Adicional, se instalaron mesas poblaciones para comunidades indígenas, negros, veteranos, gremios, mujeres, religiosos, LGBTIQ+, víctimas, comunales, campesinos, persona mayor y discapacitados.
“La palabra hoy la tiene la gente, las mujeres, los pueblos históricamente excluidos y marginados, la juventud, los niños y las niñas. Esto es un desafío para el Gobierno Nacional poder sistematizar sus sueños, esperanzas, proyecciones, aspiraciones. Quiero ver plasmado los sueños y las esperanzas del departamento del Cauca en el Plan Nacional de Desarrollo”, señaló Francia Márquez.
Cabe resaltar que al diálogo también asistieron la subdirectora de Derechos Humanos y Paz del DNP, María Adelaida Vélez; el secretario de Transparencia de Presidencia, Roberto Andrés Idárraga; la alcaldesa Santander de Quilichao, Lucy Amparo Guzmán; el presidente de Fontur, Álvaro Balcázar; y la consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Clemencia Caravalí.