“Queda la sensación de que hay personas que no se pueden investigar”

Para muchos colombianos resulta paradójico que 29 años después de la toma del Palacio, apenas ahora la Justicia esté dictando sus primeras sentencias. Hasta el momento, dos altos mandos militares han sido vinculados como responsables de los excesos que se cometieron durante la retoma del palacio el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Se trata del general Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel Alfonso Plazas Vega, condenados a 35 y 30 años, respectivamente. Detrás de ambas investigaciones estuvo al mando una mujer: la exfiscal Ángela María Buitrago. Durante años, la jurista se dedicó en cuerpo y alma a reconstruir lo que había pasado con los desaparecidos de esa tragedia. Según ella, ese caso no sólo le costó el puesto, sino una gran animadversión del sector castrense. Semana.com la entrevistó a propósito de la conmemoración de la toma del Palacio. Semana.com: ¿Cuándo le llegó el caso del Palacio? Angela María Buitrago: El proceso me fue asignado de manera especial por el fiscal general, el doctor Mario Iguarán, en el año 2005. En ese momento el expediente sólo tenía unas pocas diligencias. Semana.com: ¿Por qué cree que no había pasado nada antes? A. M. B.: No sé por qué se demoraron en investigarlo y creo que esa es una pregunta más para quienes tuvieron el caso antes de mí. Semana.com: ¿Y por qué se reabre el caso 20 años después? A. M. B.: Técnicamente el caso no se reabrió. Desde 1985 había denuncias sobre los desaparecidos del Palacio. La que a mí me tocó fue investigar otra denuncia que los familiares pusieron en el año 2001 precisamente por la inexistencia de investigaciones sobre lo que había sucedido. Semana.com: ¿Era posible poner otra denuncia tanto tiempo después? A. M. B.: Sí. La desaparición forzada es un delito que se comete todos los días hasta que aparezca la persona. Se dice que son delitos de ejecución permanente. Por eso, los familiares tienen derecho a formular denuncias en cualquier momento. Semana.com: ¿Qué encuentra usted cuando recibe ese expediente? A. M. B.: En ese momento el expediente tenía solamente un cuaderno original de 300 folios y otros tres cuadernos que lo complementaban. Lo que había ahí eran indagaciones iniciales que se habían tomado frente a las primeras denuncias interpuestas en 1985. Semana.com: ¿Cómo se reconstruye el caso tantos años después? A. M. B.: Fue un proceso largo y complejo. Primero porque había que realizar una investigación sobre los desaparecidos y para eso se necesitaban pruebas. Una de las primeras cosas que hice fue recuperar todo el material fílmico que había en el momento en noticieros, en los archivos, etc. Hasta ese momento en el proceso no había ni un video que pudiera darnos pistas de qué había pasado, porque el que existía había desaparecido de los juzgados donde estaban las otras denuncias. Semana.com: ¿Qué otras pruebas se necesitaban? A. M. B.: Pedimos testimonios al expresidente Belisario Betancur, a los exministros, entre muchos otros. Por el paso del tiempo, muchas personas ya habían muerto. Por ejemplo, miembros del Ejército. Uno clave fue el coronel Luis Carlos Sadovnik, el segundo al mando, quien falleció después de que se le había iniciado la vinculación al proceso. También habían muerto muchos de los familiares de los desaparecidos que habían declarado en los años 85 y 86. El tiempo hizo que se perdieran los testimonios de esas personas. Semana.com: Aparte de los testimonios, ¿qué más pruebas se podían recuperar? A. M. B.: Se hicieron inspecciones judiciales para lo que se llama las prospecciones en terreno. Eso significa buscar en los lugares en donde se tenía información que podían estar los cuerpos. Durante muchos días y muchas horas un equipo técnico estuvo en la Escuela de Caballería. Fuimos también a Germania (un lugar por la salida a Villavicencio), a las instalaciones del B-2 y a todos los archivos que tenía el Ejército para buscar documentos. Semana.com: ¿Qué empezó a encontrar en toda esa búsqueda? A.M.B: Los primeros hallazgos que se encontraron fue que las personas desaparecidas estaban en el Palacio de Justicia, salieron con vida y fueron parte del llamado “control efectivo” que tenían los militares en la Casa del Florero. Semana.com: Háblenos de casos concretos. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Irma Franco? A. M. B.: En el caso de Irma Franco fue un soldado, Édgar Figueroa, quien nos dijo que ella había salido viva del Palacio. Irma Franco le pidió a ese soldado que llamara a su hermana. Él se anotó el teléfono en la mano y efectivamente le hizo ese favor. Para que la hermana supiera que la información era verdad, Irma le dijo que se acordara de un libro que ella le había regalado poco tiempo antes. Esa era la señal de que efectivamente estaba viva y estaba pidiendo que fueran a buscarla. El soldado cuenta que la guerrillera estuvo en la Casa del Florero, pero luego nunca apareció. Semana.com: Otro desaparecido muy emblemático era Carlos Rodriguez, el administrador de la cafetería… A. M. B.: A Carlos Rodriguez lo buscó siempre su papá. Él era un juez de la República y siempre me dio la impresión de que vivió muchos años solamente por saber que había pasado con su hijo. Falleció después de haber rendido muchas declaraciones. Siempre estuvo seguro de que su hijo había salido con vida porque lo habían reconocido en las grabaciones de los noticieros. La familia de Carlos Rodriguez también identificó en esos videos a Cristina del Pilar Guarín. Semana.com: ¿Qué pasó con los demás? A. M. B.: También estaba el caso de una abogada, Gloria Anzola. Los familiares encontraron el carro en el Palacio de Justicia. Ella parqueaba ahí porque su tía era magistrada y su oficina era muy cerca. Después se confirmó que el vehículo apareció en el sótano y que efectivamente ella estaba en el Palacio de Justicia. Sus familiares recibieron llamadas diciendo que ella se encontraba detenida. En una de las declaraciones, el marido de Gloria Anzola manifiesta que nadie tenía el teléfono de la casa y que tenía que ser ella porque estaban llamándolo ahí. Otro caso así fue el de Norma Constanza Esguerra. Semana.com: ¿Qué ocurrió con ella? A. M. B.: Ella era la persona que surtía de pasteles la cafetería de la Corte. Siempre iba a dejarlos en el carro con su hermana, que era parapléjica. Hacía un largo recorrido y su última parada era el Palacio de Justicia. Su hermana se quedó en el carro mientras ella entró a dejar los pasteles, pero Norma Constanza nunca volvió a recogerla. En las tomas de los videos de esa fecha se ve a la Policía intentando sacar a la hermana de Norma Constanza que se quedó encerrada en el carro mientras la toma sucedía. Todos esos casos me permitieron llegar a la conclusión de que esas personas sí desaparecieron. Semana.com: ¿Por qué desaparecieron y no murieron? A. M. B.: Los informes del cuerpo técnico de Medicina Legal confirmaron que no había rastro de ellos en los cadáveres que se llevaron a las fosas después de esa tragedia. La prueba de ADN se realizó en 1998 y no se conformó que existieran cadáveres de los 11 desaparecidos. A la fecha se han practicado cinco dictámenes. El último fue entregado por el actual director de Medicina Legal y en él confirma que no hay restos de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Semana.com: ¿Y qué pasó entonces con el magistrado auxiliar Carlos Horacio Uran? A. M. B.: Ese es un caso que tiene la Fiscalía. Lo único que puedo contar es que dentro del proceso se encontró un video en el que su familia lo reconoce. Por lo tanto, se ordena una investigación porque el magistrado Urán tenía unos tiros que parecían de ejecución. El cadáver de él no desapareció, se encontró el 9 de noviembre de 1985. Él estuvo retenido en el baño durante la noche del 6 ael día del 7 de noviembre con 70 personas más. Estuvo vivo hasta minutos antes que el comandante del M-19 Andres Almarales les dio permiso de salir. Semana.com: ¿A qué problemas jurídicos se enfrentaba este caso? A. M. B.: En el momento había debate sobre la viabilidad de la acción penal, pero al ser un delito de ejecución permanente no había prescrito. Se empezó a analizar la responsabilidad, los cuadros de participación, cómo tenía que responder cada persona. Semana.com: ¿Usted es partidaria de que el general Arias Cabrales y el coronel Plazas Vega pecaron por omisión? A. M. B.: No. Yo imputé a título de acción. Semana.com: ¿Y de la teoría del aparato organizado de poder? A. M. B.: Tampoco. Eso lo desarrolla el Tribunal de Bogotá. Yo siempre creí en la coautoría mediata, es decir, en que se dividieron el trabajo para realizar las desapariciones. Pero esa es una discusión teórica. En términos prácticos responden igual. Semana.com: Desde cuando usted tomó el caso del Palacio, la han atacado los militares, en especial quienes defienden a Plazas Vega. Aseguran que usted se ensañó con él... A. M. B.: Él mismo lo dice. Tiene una página en internet donde me ataca permanentemente. El hecho de investigar no es ensañamiento. No tengo ningún interés en el Palacio de Justicia más allá de la verdad. Semana.com: ¿Cree que su salida de la Fiscalía se debió a esta investigación? A. M. B.: Sí, se debe a la decisión de investigación en el caso del magistrado Urán y en el caso de una solicitud de formulación del vicepresidente de la República, Francisco Santos. Semana.com: ¿Cómo vio las reacciones a la sentencia contra el general Arias Cabrales? A. M. B.: La verdad es que el tema sigue siendo muy polémico. De manera inexplicable, en lugar de promover a los funcionarios judiciales a que sigan investigando, sale el presidente de la República a decir que las personas condenadas son inocentes y que por lo tanto la sentencia es injusta. Estas declaraciones del Ejecutivo hacen que la Rama Judicial pierda legitimidad y eso es muy grave en un Estado democrático. Si el Gobierno no quiere que se investigue a los militares, debería apoyar una ley de amnistía, pero no ir en contra de la justicia. La sensación que queda es que hay unas personas que no se pueden investigar.