El excomandante de la Brigada 13 del Ejército, el general (r.) Jesús Armando Arias Cabrales, fue condenado a 35 años de cárcel por su responsabilidad en las desapariciones de once personas en los hechos ocurridos hace 25 años durante la toma del Palacio de Justicia. Es la segunda condena que se da en el proceso de investigación, después de la del coronel (r.) Alfonso Plazas Vega, y la más alta impuesta hasta ahora. La juez Cristina Trejos Salazar también pidió a las autoridades que se investigue la posible falsedad de testimonios de varios exintegrantes de la Fuerza Pública durante el juicio. ¿Por qué la condena? El 10 de octubre del 2008, la Fiscalía ordenó la captura del general en retiro, en ese entonces por su presunta participación en la desaparición de 11 personas en el Palacio de Justicia en 1985. Hace un año, el ente acusador había pedido la máxima condena. Arias Cabrales se desempañaba como comandante de la XIII Brigada del Ejército y, según la Fiscalía, fue quien impartió las órdenes en los operativos, sobre todo, aquellas conducentes a la identificación y el interrogatorio de los civiles que iban siendo rescatados del Palacio, que había sido asaltado por guerrilleros del M-19. Para la Fiscalía, fueron varios los hechos probados que comprometen la conducta de Arias Cabrales en la desaparición de varios empleados de la cafetería del Palacio, así como de la guerrillera Irma Franco, quienes, según el ente investigador, salieron vivos del edificio, y 25 años después, se desconoce su paradero. Las personas que salieron con vida del Palacio de Justicia fueron Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina Del Pilar Guarín Cortés, Bernardo Beltrán Hernández, Ana Rosa Castiblanco, Lucy Amparo Oviedo, David Suspes, Norma Constanza Esguerra, Luz Mary Portela León, Héctor Jaime Beltrán, Gloria Estela Lizarazo Figueroa y Gloria Anzola. Cadena de mando El primer hecho probado por la Fiscalía fue que el operativo de retoma estuvo dirigido y orientado por el comandante de la XIII Brigada del Ejército, el general Arias Cabrales. Según la cadena de mando, este oficial tenía bajo su responsabilidad las otras unidades tácticas que participaron del operativo, entre ellas, la escuela de caballería (comandada por el entonces coronel Alfonso Plazas Vega), la Escuela de Infantería y el B2 del Ejército (comandado por el coronel Edilberto Sánchez Rubiano). "No cabe duda de que Jesús Armando Arias Cabrales coordinó, dirigió y supo que estas personas salieron del Palacio...", fue una de las frases concluyentes que utilizó en entonces la fiscal delegada ante la Corte, Ángela Buitrago, quien desde hace más de cuatro años adelanta las investigaciones por las desapariciones forzadas del Palacio de Justicia. Ejército asumió pleno control Además, dice la Fiscalía, el Ejército asumió, desde el mismo día de la toma guerrillera, el 6 de noviembre de 1985, el control del “teatro de operaciones”, es decir, el Palacio de Justicia y sus alrededores, incluida la casa Museo del Florero, lugar a donde eran evacuados los civiles rescatados y donde fueron sometidos a interrogatorios. Fue en la Casa del Florero donde se estableció el puesto de mando, donde Arias Cabrales impartió todas las órdenes de procedimiento dentro y fuera del Palacio de Justicia. Incluso, la Fiscalía comprobó que la Policía pedía autorización al Ejército para tener un margen de acción. Lo cual demuestra el pleno control establecido por el Ejército. Traslado de civiles Fue en la Casa del Florero donde el B2 del Ejército, comandado por Sánchez Rubiano, adelantaba las diligencias de identificación de los civiles evacuados del Palacio. Dice la Fiscalía que este oficial actuó bajo las órdenes de Arias Cabrales. Una de las pruebas que más comprometen al general fueron los audios de las comunicaciones radiotelefónicas que sostuvieron los militares que comandaron el operativo de retoma del Palacio de Justicia. En algunas grabaciones, Arias Cabrales, que impartía instrucciones con la clave ‘Arcano 6’, ordenaba el proceder sobre algunos “sospechosos”. Y además, señaló la Fiscalía, el manejo de los rehenes fue “controlado, dirigido y absolutamente conocido por quien estaba en la casa del Florero, Edilberto Sánchez Rubiano (comandante del B2), y por quien estaba en el puesto de mando, Jesús Armando Arias Cabrales", según la conclusión de la fiscal Buitrago. Según las comunicaciones reveladas en el juicio, los civiles “sospechosos” fueron concentrados en el primer piso de la Casa del Florero y se ordenó “labores contra ellos”, con las que la Fiscalía demostró que hubo órdenes de trasladar a algunos civiles a dependencias militares. La Fiscalía también demostró que Arias Cabrales tenía pleno conocimiento sobre rehenes, cuerpos, que aún permanecían en el Palacio de Justicia durante la retoma. Una prueba de ello es una comunicación en la que el propio general da la orden para que siete conductores, que se encontraban en el palacio, pudieran salir sin ser retenidos por el personal militar. Incluso, señaló la Fiscalía, hubo órdenes de Arias para cambiar, desaparecer evidencia, y hasta remover cadáveres. Falsos testimonios Durante el juicio, la Fiscalía planteó la tesis de un posible “pacto de impunidad” por parte de los militares vinculados con la investigación. Lo cual comprobó al calificar los testimonios rendidos por tres testigos presentados por la defensa de Arias Cabrales. Uno de ellos el del general Ignacio Posada Duarte, quien para la época de los hechos era el comandante de la Séptima Brigada en el Meta. Este oficial declaró que no hubo órdenes de la XIII Brigada del Ejército de agregar unidades bajo su mando, pero en la investigación la Fiscalía comprobó que sí hubo un traslado de unidades de esa jurisdicción a Bogotá durante los días 6 y 7 de noviembre. Por eso la Fiscalía pidió a la juez 51 penal que compulse copias para que se investigue a este general por falsedad en testimonio y fraude procesal. Otros testigos que podrían ser investigados por esta conducta son Guillermo Valdez Gil y Gustavo Gómez, compañero del soldado Édgar Villamizar, uno de los testigos clave para la Fiscalía.