El anuncio del cierre de pasos fronterizos por parte del gobierno de Panamá ha desencadenado una serie de reacciones ante lo que la Defensoría del Pueblo de Colombia considera una medida que “afectará derechos de la población en movilidad humana”.
Tras la instalación de alambres de púas por parte de Panamá y luego de que una comitiva de la Defensoría realizara una visita a la uno de los puntos fronterizos, la entidad exhortó al gobierno colombiano a “solicitarles a las autoridades panameñas observar y estar al tanto de cuán importante es tener presente los postulados del derecho internacional de los derechos humanos: refugio, accesibilidad a la satisfacción de necesidades básicas y garantías de no devolución de los migrantes susceptibles de asilo y con necesidad de protección internacional”.
El cierre de al menos tres cruces fronterizos críticos en el Tapón del Darién no solo ha generado preocupaciones por el aumento de represamientos de personas en los municipios antioqueños y chocoanos receptores de migrantes, sino que también “ha puesto en riesgo” los derechos fundamentales de la población en movilidad humana y las comunidades étnicas que habitan en la zona limítrofe.
Para la Defensoría, la decisión de cerrar estos cruces fronterizos ha exacerbado las “necesidades de protección” y ha “afectado gravemente a las comunidades colombianas y panameñas” que dependen de estos pasos para actividades comerciales y culturales desde hace décadas. Municipios como Astí, Capurganá, en Colombia; y Puerto Obaldía, en Panamá, se han visto directamente afectadas por esta medida restrictiva, que ha cortado un importante vínculo de intercambio y convivencia regional.
“A las gobernaciones de Antioquia y Chocó y las administraciones municipales de Turbo, Necoclí, Acandí y Unguía, en el mismo sentido, las conmina a activar las mesas de gestión y gobernanza migratoria con acciones de contingencia oportunas desde un enfoque humanitario, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, género u orientación sexual, origen nacional o étnico, raza, religión, lengua o cualquier otra condición”, instó la Defensoría.
Visita a uno de los pasos con púas
Funcionarios de la Defensoría del Pueblo de Colombia realizaron una inspección en la vereda Astí, un punto crítico en la frontera con Panamá. Allí observaron una cerca de alambre de púas, erigida a lo largo de aproximadamente 80 metros, que bloquea el paso hacia territorio panameño. Esta barrera representa un riesgo significativo para la integridad física de los migrantes, quienes se ven obligados a manipular el alambre de púas, exponiéndose a cortaduras y lesiones graves en el intento de continuar su camino hacia un lugar seguro.
“La cerca pone en riesgo la integridad física de los migrantes que a diario intentan cruzar, pues en una de sus partes, donde arrojaron trozos de madera para que el alambre baje, con la finalidad de seguir su camino; sus cuerpos están expuestos a sufrir laceraciones con las púas”, resaltó la entidad.
Las cifras son desalentadoras
Según cifras de la entidad, entre enero y junio de este año, más de 197.000 personas han cruzado la selva del Darién, buscando seguridad y oportunidades fuera de sus países de origen. Este flujo migratorio incluye a más de 27.500 personas solo en el mes de junio, de las cuales más de 5.600 son menores de edad.
Venezolanos, colombianos, ecuatorianos y chinos fueron quienes más se arriesgaron a cruzar el Tapón en el periodo señalado. Este movimiento demuestra la urgente necesidad de políticas migratorias que respeten y protejan los derechos humanos de los migrantes y refugiados en la región, de acuerdo con la Defensoría.
Ante esta crisis humanitaria en desarrollo, la Defensoría del Pueblo instó a las autoridades nacionales y territoriales a implementar medidas efectivas y oportunas para responder a las necesidades urgentes de los migrantes y refugiados.
La decisión de Panamá de cerrar los pasos fronterizos en el Darién también ha generado preocupación a nivel internacional. Organismos de derechos humanos y observadores internacionales han enfatizado en la necesidad de que cualquier medida migratoria respete los principios de derechos humanos, incluido el acceso al asilo y la protección internacional para quienes lo necesiten.