Refacturación. Ese fue el término que, según la Fiscalia, acuñaron durante siete años las empresas colombianas Efecty SA y Circulante SA para identificar una compleja operación que habría tenido supuestamente como fin la evasión de impuestos y el lavado de activos. Así se desprende de correos electrónicos que fueron encontrados por la DIAN y que luego de descifrar su contenido fueron entregados a la Fiscalía para denunciar lo que es un nuevo escándalo protagonizado por firmas privadas.La estrategia -dice la Fiscalía- se basaba en facturar y volver a facturar. Esto significa que el dinero se pagaba a una empresa fachada en el exterior con motivo de contratos con objetos inexistentes; los montos eran reembolsados a las mismas empresas o se dejaban en paraísos fiscales. Así, dice el ente investigador, bajaban las bases de rentas líquidas gravables y reducían activos con miras a disminuir sus pagos por impuestos. Por cuenta de esos hechos, la Fiscalia pidió la captura de cinco altos ejecutivos de las firmas. Entre ellos aparece Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty y fundadora de Servientrega. Solo con la firma Circulante SA, la Fiscalía tiene documentadas facturas ficticias por USD $3,8 millones.El ente acusador reveló los detalles de la contabilidad de las empresas en donde figuran contratos cuya ejecución no ha podido ser soportada hasta ahora por los ejecutivos implicados. El fiscal Herbert Merchán aseguró que había una "feria de facturas" por medio de la cual se pactaban millonarios contratos con objetos idénticos, se hicieorn pagos antes de suscribir los contratos, giros que exceden el valor total de lo convenido sin justificación. La Fiscalía encontró también casos en donde el número de las facturas es consecutivo a pesar de ser expedidas en épocas diferentes, como si no tuvieran más clientes, o información errada en la parte descriptiva de los contratos. Las firmas cuestionadas estuvieron hace un año en el listado de Panamá Papers, sin embargo, lo que las investigaciones destapan ahora es un complejo entramado que puede llevar a los responsables a la cárcel hasta por siete delitos: falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir. Los cerebros de la operación son una reconocida firma de abogados con sede en Colombia y Panamá. Se trata de Mossak Fonseca, un bufete que se habría encargado de crear empresas fachada en Panamá, Costa Rica, España e Inglaterra. Por las transacciones habría cobrado un porcentaje del 3%. Las empresas falsas a través de las cuales se habrían expedido las facturas fueron Fast Holding Internacional, Trade Direct Internacional, Serena Service y Servicios Informáticos de Costa Rica. Las tres últimas tenían una cuenta fiduciaria compartida en las Bahamas a la cual se giraron la mayoría de los pagos.En el banquillo de los acusados se sentó Guerrero al lado de varios de sus empleados y del representante legal de Mossack Fonseca, Juan Esteban Arellano Rumazo. Escucharon por horas la imputación de la Fiscalía, en donde se describe que el caso se origina con la denuncia que presentó la misma DIAN el 5 de mayo del 2017. La Fiscalía presentó un abultado expediente con el que piensa demostrar las irregularidades detectadas con la firma Mossak Fonseca y las transacciones de pagos que en realidad no existían. Una inspección a las oficinas de Mossack Fonseca en Colombia arrojó cientos de correos electrónicos, que luego de una búsqueda selectiva de datos condujo a descubrir las operaciones irregulares de las firmas cuestionadas en Colombia. La Fiscalía anunció que las investigaciones comprometen a 14 sociedades colombianas; otras siete están siendo indagadas. Por lo pronto, este viernes continuará la imputación en contra de estos altos ejecutivos que son señalados en un caso que, por los montos hasta ahora descritos por la Fiscalía, se ubica en los primeros lugares en el rank de los negocios turbios de las empresas privadas. Por ahora la audiencia ante la justicia apenas tendrá que decidir si los acusados deben permanecer en la cárcel mientras se adelanta el proceso penal para establecer la responsabilidad de estos en los hechos.