SEMANA reveló de manera detallada un informe de 9.713 folios que entregaron los militares a la JEP con su visión sobre la guerra. El informe, en el que también participó la Fundación Colombia Herida, se escribió a partir de entrevistas, órdenes de operaciones, oficios de comandantes, fotografías, informes de inteligencia y contrainteligencia, resultados operacionales, entre otros documentos. Asimismo, Universidades como la Javeriana, el Rosario, Cauca y Antioquia contribuyeron a la elaboración de los documentos.
Sobre el reclutamiento de menores por parte de las FARC, el informe señala que el país no conoce las reales dimensiones del fenómeno y la presencia de niños en las filas guerrilleras. Mientras tanto, la institución se mantiene en su concepto sobre la capacidad letal de un niño entrenado para la guerra. De hecho, el Ejército publica informes de inteligencia sobre lo que pensaban las FARC del reclutamiento: “Los jóvenes de 10 años en adelante desempeñan una labor en tareas propias de su edad. Un muchacho educado en las luchas armadas revolucionarias es casi, seguramente, un buen guerrillero”.
De acuerdo con el documento, los menores en poder de las FARC hacían inteligencia, vigilaban secuestrados, instalaban minas, hacían avanzadas para cometer emboscadas y estaban armados con fusiles AK-47, Galil, M-16, R15, subametralladoras Uzi, Ingram y Magnum. La mayoría del reclutamiento ocurrió en el Meta, concretamente en los municipios de La Uribe, Mesetas, Mapiripán, Puerto Concordia, Puerto Rico, Lejanías y Vista Hermosa. Para las FARC, los niños eran considerados como “abejitas” porque eran capaces de picar antes de que su enemigo se diera cuenta de que estaban siendo atacados.
Un capítulo del informe está dedicado a la Operación Berlín, en la que por lo menos 20 menores murieron, y revela detalles de 90 niños reclutados por las FARC. Por ejemplo, se habla del caso de Héctor Julio Mahecha, vinculado a la fuerza en 1998 a sus 10 años, un menor huérfano de madre. El pico del reclutamiento se dio en 1999. Según el Ejército, la mayoría trató de escaparse cuando se daba cuenta de que la guerrilla había asesinado a alguno de sus familiares o cuando sufría maltratos o al ver que varias niñas se suicidaron al quedar embarazadas.
Otra cara terrible de la tragedia de los niños la personifica el Ejército con la historia de Inwing Orlando Ropero, de 10 años, oriundo de Norte de Santander, quien vivía en Fortul, Arauca, en 2003. Las FARC lo usaron miserablemente para atentar contra un grupo de militares. Al niño lo contactaron en la calle, el 17 de abril, el Jueves Santo de ese año, para que prestara un servicio de mensajería y le encargaron trasladar una bicicleta. A cambio le dieron 1.000 pesos. El niño, feliz, cumplió con la misión. Cuando llegó a su destino, solo se escuchó una detonación en el pueblo. La bicicleta estaba cargada con explosivos. Frente a la guarnición militar la hicieron detonar sin que les importara la vida del menor. Esta historia la cuenta el Ejército bajo el nombre de ‘La maldición de Caín’. La institución muestra su indignación porque la familia de Inwing Orlando jamás ha sido reconocida como víctima y mucho menos reparada 18 años después.
El Ejército le reclama y a la vez le pide a la JEP que abra otros macrocasos por el uso de armas no convencionales (campos minados, cilindros bomba, entre otros) por parte de las FARC; por el daño ambiental, homicidios colectivos en estado de indefensión (tomas guerrilleras), homicidios en estado de indefensión (plan pistola o pescas milagrosas) y violencia sexual. En el caso de las armas no convencionales, la institución cuenta que una de cada cinco personas que activa una mina hechiza muere. Todas son fabricadas de una manera diferente, y en muchos casos la onda explosiva por sí sola no genera todo el daño. Los ingredientes como cianuro o materia fecal hacen que la herida se infecte tan rápido que requiera múltiples amputaciones; por eso quienes sobreviven tienen pérdidas irreversibles.