Luis Fernando Duque es el representante legal de la unión temporal Centros Poblados que —junto a Emilio Tapia y Juan José Laverde, el corredor de seguros— fue cobijado con medida de aseguramiento por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público en el marco de la investigación por el escándalo del millonario contrato del MinTIC para la conectividad en las zonas más apartadas del país.

SEMANA conoció su declaración completa en la Fiscalía, en la que explica de qué manera llegó a la millonaria licitación, cuál fue su participación en el proceso y qué sabe de las garantías bancarias que fueron confirmadas como falsas por el Banco Itaú, Incocrédito y la propia Fiscalía.

Advirtió Duque, en más de tres horas de diligencia, que la orden de los representantes legales de las empresas que conformaban la Unión Temporal era continuar el proceso para la obtención de las garantías bancarias, con el mismo corredor de seguros que ubicó los documentos necesarios en el proceso precontractual, el señor Juan José Laverde.

“Juan José plantea la alternativa de hacer exactamente lo mismo que se hizo para la garantía de seriedad. Mi posición hacia él fue: pues yo no tengo ningún inconveniente, si es una garantía bancaria y la entidad la recibe, para mí es perfecto. Y así sucede, recibo las garantías, las entregó a la entidad, la entidad las revisa, me contesta por correo que tiene unos ajustes por hacer... los devuelvo”, dijo Duque en el interrogatorio.

La Fiscalía le preguntó a Duque la forma en que se invirtieron los recursos entregados por el ministerio, quizá de cara a la investigación que se abrió por el delito de peculado, para determinar si en lugar de invertir el dinero en el proyecto, lo gastaron en obligaciones y lujos personales, incluso en el exterior.

  • Preguntado: En el exterior, que suma de dinero se gastó.
  • LFDT: Hasta el momento 58.000 millones, quiero hacer una precisión, si me lo permite. El presupuesto que se tenía era de 188.000 millones desde que comenzó el contrato hasta mayo del año que viene, solo en la adquisición de equipos.
  • Preguntado: Esos 58.000 millones de pesos que usted me está haciendo referencia, ¿esos equipos dónde están, ustedes compraron algo con ese dinero, dónde están esos equipos?
  • LFDT: En tres lugares: uno instalado, ya tenemos 1.002 sitios que están funcionando y prestando servicio en los departamentos de Magdalena, Bolívar, Chocó, Boyacá, hay sitios cooperativos prestando servicio en inventario... En segundo lugar, donde tenemos equipos, en las bodegas propias ubicadas en diferentes ciudades, una bodega en Barranquilla, Cartagena, en Tunja, en Aguachica tenemos cinco bodegas con nuestros equipos... Y en tercer lugar, están en un centro de distribución logística internacional en la ciudad de Cartagena, con una anotación muy importante que hay que hacer de manera inmediata y es que llevan más de un mes allá.

La Fiscalía le preguntó a Duque sobre la responsabilidad que tendría en la falsedad de la garantía que presentaron al MinTIC, si conocía que ese documento era fraudulento y dijo que no tuvo tiempo de revisarlo.

  • Preguntado: ¿si eso es falso, usted es consciente de que eso fue obtenido por medios irregulares?
  • LFDT: Si fuera falso alguien hizo algo mal.
  • Preguntado: Pero que fue obtenido por medios ilegales.
  • LFDT: Me imagino que si es falso no fue por un medio...
  • Preguntado: Y cuando usted por ejemplo le entregaron ese paquete ¿usted de pronto dentro de su experiencia consideró verificar esa información?
  • LFDT: Estábamos a un día, no existía ningún indicio para que yo pensara que estaban actuando mal, así que para mí estaban actuando de buena fe, radiqué el documento, lo revisó una entidad, revisaron todos los interesados y ninguna alerta entonces, a mí tampoco me llegó ninguna alerta y mucho menos después de que nos adjudican.

El representante legal de Centros Poblados no aceptó su responsabilidad en los delitos que imputó la Fiscalía y luego de escuchar los argumentos del ente acusador, sobre su presunta responsabilidad en las irregularidades, un juez decidió cobijarlo con una medida de aseguramiento en un centro de reclusión.