El coronel (r) Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo recibió un no como respuesta por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en su solicitud de sometimiento. En junio de 2020, el exgobernador de Santander había presentado un informe titulado ‘La verdad del coronel’ en el que se comprometía a contar 15 casos relacionados con el conflicto armado.
Estos relatos los recopiló durante el tiempo en el que estuvo en la Policía Nacional, siendo incluso parte del Bloque de Búsqueda contra Pablo Escobar, así como de los conocidos durante su campaña a la Gobernación de Santander en 2004. Aguilar reconoció haber tenido apoyo de los paramilitares para ser elegido.
Sin embargo, en el análisis del caso se determinó que Aguilar nunca aportó a la verdad ni contó datos desconocidos para la Sala. Además, no realizó las correcciones que se le habían solicitado de su informe.
“(...) en los ajustes correspondientes se le instruyó al solicitante Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo que, en el componente de verdad, debería desplazar la importancia de su relato, no a la narración anecdótica, sino al fenómeno subyacente del paramilitarismo”, precisó la Sala en su momento. Para esto debía indicar “estructuras de la cadena de mando, actividades desarrolladas por los grupos a los que hace referencia, hechos delictivos concretos de los que tenga conocimiento, descripción detallada de zonas, predios o lugares que puedan aportar para el descubrimiento de fosas comunes, y, además, un relato detallado de la injerencia en las actividades dentro de la administración pública. En general, el compromiso de contribuir al esclarecimiento de la verdad del conflicto se referiría a hechos ciertos y no a circunstancias oscuras, hipotéticas o eventuales”.
En la decisión, se le reseña que Aguilar tenía un compromiso mayor, puesto que había sido condenado a nueve años de prisión por la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de la parapolítica. “(...) a lo largo de su compromiso de verdad se enfrascó en la idea de presentar argumentos exculpatorios, tratando de desmantelar la idea de que su condena por la comisión del delito para delinquir no consistió en el auspicio y promoción de grupos paramilitares, sino que estuvo reducida de forma pasiva a recibir el apoyo electoral para ser elegido gobernador de Santander manteniendo la administración al margen de cualquier colaboración con las autodefensas. Su punto de partida fue la de desmarcarse de su vínculo con los grupos paramilitares”.
“En relación con el delito de concierto para delinquir, no se refirió a las relaciones que él sostuvo con los grupos paramilitares, lo cual resultaba fundamental para develar contextos de macrocriminalidad y las circunstancias en que se cometieron las conductas. Tampoco su relato fue exhaustivo en relación con incluir verdad sobre aspectos diferentes a los relacionados en su condena. Como quedó establecido, estos relatos no aportaron medios probatorios y en la mayoría de los casos fueron respaldados por prueba de referencia o testimonios de oídas, correspondiendo a cuestiones generales en relación con el actuar de los grupos paramilitares”, reseña.
Debido a que no existió un compromiso claro ni verdadero con la verdad, la JEP manifestó que no puede aceptar el sometimiento del exmandatario santandereano, hecho por el cual envió nuevamente su expediente a las autoridades competentes.
El coronel (r) en la actualidad enfrenta dos juicios relacionados con lavado de activos e irregularidades en la contratación, y pese a que había recuperado su libertad en mayo de 2015 por cumplir las tres quintas partes de la condena emitida, en 2013, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, fue recapturado en diciembre de 2019, al considerar que incumplió el acuerdo para reparar a las víctimas.
Luego de que se declara insolvente para pagar la multa de 500.000 pesos mensuales para reparar a las víctimas, poco después de esto fue fotografiado por las calles de Bucaramanga manejando un lujoso vehículo de la marca Porsche, avaluado en 360 millones de pesos.
Las autoridades encontraron que había utilizado las cuentas bancarias de familiares, amigos y otras personas para hacer el movimiento de altas sumas de dinero. Por esto, se le abrió un proceso por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Igualmente, tiene un proceso pendiente por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, por las presuntas irregularidades que se presentaron en la celebración de 12 convenios con la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, todo esto durante el mandato de su hijo Richard Aguilar en la Gobernación de Santander.
El exmandatario departamental fue acusado por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. La Fiscalía General lo señala de haber constituido una verdadera “empresa criminal” dentro de la Gobernación con el fin direccionar los contratos de infraestructura para beneficiar a sus amigos y familiares.
Todos ellos se habían comprometido a la entrega del 10 % del valor total de cada obra. Para tener el control absoluto del tema de la contratación, el exgobernador nombró a dos personas de su entera confianza como secretaria de Infraestructura y director de Gestión de Infraestructura. Con esto, logró manipular los pliegos de condiciones y entregarles los contratos a las personas que ya se habían comprometido a pagar los sobornos.