La lista no es menor y sin duda será crucial. Se trata de 37 parapolíticos que voluntariamente se han presentado ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) con la pretensión de resolver allí sus procesos penales. Estos postulados bajo la sombrilla de la JEP son conocidos como “agentes del Estado” y su comparecencia, de acuerdo a lo ordenado por la Corte Constitucional, no puede ser obligatoria. El traslado de sus expedientes de la justicia ordinaria a la JEP solo procede si hay impulso voluntario. El listado de los parapolíticos aparece al mismo tiempo que en el Senado se libra un fuerte pulso por la suerte de las objeciones del presidente Iván Duque a la JEP. De un lado el uribismo señalando preocupaciones y la necesidad de aplicar correctivos al diseño de la JEP mientras que su contraparte acusa a ese sector de temer a la verdad que se revelará en instancias de la jurisdicción de paz. Quienes quieren “al menos salvar dos” de las seis objeciones enfrentados a quienes buscan hundir todos los peros oficiales. Es en medio esa polémica que se hizo público el listado de parapolíticos que quieren con la JEP y el cual figura en primera línea un exministro, seguido de diez excongresistas, cinco exgobernadores, siete exconcejales, once exalcaldes y tres expersoneros. El listado lo encabeza el exministro del Interior de Álvaro Uribe, Sabas Pretelt de la Vega, quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a seis años de cárcel tras hallarlo culpable de comprar puestos en favor de la reelección de Uribe. El famoso episodio de la llamada Yidispolítica. El argumento clave de la sentencia que ahora tiene a Pretelt pidiendo pista en la JEP fue: “Ni más ni menos se trató del Estado sobornando al propio Estado para el logro de un cambio constitucional que indudablemente afectó el desarrollo institucional del país y el de todos los ciudadanos colombianos a quienes se les exige respetar la Constitución y las leyes, cuya formación en circunstancias como las comprobadas en este asunto, no pueden generar menos que desconfianza, falta de credibilidad y desobediencia en sus destinatarios”. Ver: Con Zulema Jattin se amplia baraja de parapolítios con silla en la JEP El exministro, al tocar las puertas de la JEP, argumentó que todo ese lío en el que aparece envuelto tiene un nexo con el conflicto. Esto en razón a que la JEP solo tiene competencia frente a casos que guarden relación directa o indirecta con el conflicto armado. Bajo esa lógica Pretelt sostiene que la Yidispolítica fue un mecanismo por medio del cual se buscó la permanencia del gobierno de la Seguridad Democrática que era la estrategia institucional para doblegar a la guerrilla. SEMANA conoció el argumento clave con que Pretelt ata el cohecho –cargo por el cual fue codenado– con el conflicto. En su documento de solicitud de sometimiento a la JEP sostiene: "Es pertinente concluir que la reelección presidencial permitió en su momento darle continuidad a una estrategia que había demostrado ser efectiva en la lucha contra los grupos armados al margen de la ley, en especial las Farc, con quienes se sostuvo una fuerte confrontación armada y que en la actualidad pretendemos darle culminación en virtud de la paz y del deseo de todos los colombianos de bien" . Aunque el fenómeno de la parapolítica no es uno de los macro-casos que ha destacado la JEP, sí lo son las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, un crimen sistemático que hizo carrera durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Por esta razón en la JEP concideran que la petición de sometimiento de quien fue ministro del Interior y de Justicia de ese gobierno tendría cabida. Sin embargo, para que Pretelt sea formalmente admitido en la JEP falta mucho. El exministro recuperó su libertad hace cerca de un año pero no en virtud de la JEP sino en el marco de un beneficio que otorga la justicia ordinaria a quienes purgan con buen comportamiento tres quintas partes de la condena impuesta. En 2017, cuando se creó la JEP, Pretelt pidió la libertad anticipada y el sometimiento. La primera le fue negada y la segunda está en estudio. La solicitud de Pretelt y la de otra treintena de “parapolíticos” está siendo analizada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP. Esta instancia deberá decir definir si se acepta su sometimiento ante la JEP, como el primer beneficio del Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y No Repetición. Agotado ese paso, los admitidos tendrán que hacer mérito para los siguientes beneficios. El objetivo crucial que vislumbran, quienes como Pretelt ya fueron condenados en la justicia ordinaria, es una revisión de la sentencia. La Corte Constitucional dispuso que los agentes de Estado y civiles solo se someten ante la JEP de manera voluntaria. Y en desarrollo de esa orientación la Sección de Apelación de la JEP estableció que los agentes de Estado, en la solicitud de su sometimiento, deben firmar el acta y además presentar un programa concreto y claro de aporte a la verdad, la reparación y no repetición. Esa hoja de ruta es la que la Sala estudia para determinar si acepta o no el sometimiento. Le puede interesar: Parapolíticos en la JEP, sí pero no así En casos como el de David Char –el parapolítico con el proceso más adelantado ante la JEP– los magistrados han fijado pautas clave como que los expolíticos que concurran a la jurisdicción de paz no podrán ir a repetir lo que ya han dicho ante la justicia ordinaria. Char, excongresista y lider político del Atlántico y quien ya fue formalmente admitido en la JEP, se comprometió entre otras tareas a revelar "Las conductas que realizó como Representante a la Cámara y luego como Senador para favorecer y defender los intereses y los ideales de las AUC, entre los años 2002 al 29 de octubre de 2008, fecha en la cual renunció". Char suscribió esos compromisos en un acta de cuyo cabal cumplimiento dependen los beneficios que podría recibir. En dicha acta también se estipula que deberá señalar "Los datos de identificación de otros miembros del Congreso de la República, de quienes no tenga noticia la justicia ordinaria, que apoyaron el proyecto político y armado paramilitar entre los años 2002 a 2010". Así mismo contar lo que sepa sobre "la participación concreta y circunstanciada que tuvo el compareciente, así como otros agentes del Estado y empresarios para la financiación y expansión del proyecto de la AUC, con el objeto de alcanzar sus objetivos". Son apenas un par de ejemplos de la hoja de ruta que deben suscribir todos los agentes del Estado –37 hasta ahora y contando– que pretendan resolver sus expedientes ante la JEP. El exministro Pretelt aún no ha avanzado a esta etapa de enunciación de compromisos concretos. Esta es la lista de investigados por parapolítica cuyo sometimiento estudia la JEP: Exministro: Sabas Pretel de la Vega Excongresistas: Musa Abraham Besaile Fayad, Salvador Arana Sus, Álvaro Ashton Giraldo, Efrén Antonio Hernández Díaz, Zulema Del Carmen Jattin Corrales, Pedro Mary Muvdi Aranguena, Habib Merheg Marun, Álvaro Romero García, Jesús León Puello Chamie, Héctor Julio Alfonso López. Exgobernadores: Edilberto Castro Rincón, William Hernán Pérez Espinel, Juan José Chaux Mosquera, Julio Enrique Acosta Bernal, Juan Francisco Gómez Cerchar. Exconcejales: Eladio Antonio Muentes Ávila, Carlos Alberto Olivera García, Abel Antonio Toscano Benítez, Etemilson Vásquez Camargo, Claudia Cecilia Buitrago Ortiz, Ovelio Andrés Cárdenas Álvarez, Javier Zárate Ariza. Exalcaldes: Franklin Germán Chaparro Carrillo, Wilson Antonio Chaverra González, Luis Rafael Páez Zambrano, Julio Alberto Manzur Abdala, Jorge Luis Alfonso López, José Mauricio Jiménez Pérez, Ramiro Suárez Corzo, Manuel Francisco Ríos Revuelta, César Augusto Mayo García, Julio César Ardila Torres, Benjamín Bulla Dueñas. Expersoneros: Jaime Alberto Mora Pérez, Rubén Darío Ruiz Berrío y Ervin Hernán Ortega Herrera.