Por años, las comunidades LGTBI han librado duras batallas para que sus derechos sean reconocidos por el Estado colombiano. Muchas se han dado a través de múltiples tutelas a las que la Corte Constitucional les ha concedido significativas victorias. Entre estas, por ejemplo, están la posibilidad de garantizar el acceso a la pensión para las parejas homosexuales y la obligación de afiliar a los compañeros permanentes como beneficiarios del régimen contributivo de salud, sin importar su sexo. Aunque todo parecía un hecho, este jueves la Corte Constitucional le dio una prorroga de ocho días a la inminente decisión a favor de las comunidades LGTBI, puesto que el expediente fue solicitado en rotación por un magistrado quien necesitaba estudiar un poco más el proyecto de Luis Guillermo Guerrero respecto a una tutela instaurada por Verónica Botero, pareja actual de Ana Elisa Leiderman –la mamá de la menor–, en la que solicita que se declare el vínculo familiar entre ambas y se avance en el procedimiento de adopción sin ser excluidas por su condición sexual. Semana.com revela cómo sería la votación respecto a esta polémica tutela por parte de los nueve magistrados de la Corte Constitucional que –si no sucede nada excepcional– sería una realidad la adopción de parejas del mismo sexo, siempre y cuando cumplan las condiciones para ello, como la convivencia superior a tres años y se demuestre el bienestar para la menor Un bloque mayoritario considerado de tendencia liberal apoyaría la ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero, en el cual se destacan la recién posesionada magistrada Gloria Stella Ortiz, Luis Ernesto Vargas Silva, María Victoria Calle y Jorge Iván Palacio, juristas que se han caracterizado por su tendencia liberal y progresista en medio de polémicas decisiones de la Corte. Por otro lado, estaría en contra el bloque conservador de dicha corporación, el cual quedó menguado con la salida de Nilson Pinilla, por lo cual contra la ponencia votarían el magistrado Jorge Pretelt, la magistrada en encargo Martha Sachica y Gabriel Eduardo Mendoza. El voto del magistrado Mauricio González Cuervo es un verdadero enigma puesto que se ha caracterizado por su independencia en todas sus decisiones.  Así las cosas, la votación quedaría cinco votos a favor y cuatro en contra, con lo cual pasaría la ponencia elaborada por el magistrado Guerrero que abriría la posibilidad de que parejas del mismo sexo adopten. Sin embargo, queda la posibilidad de que, por alguna jugada política, el expediente sea solicitado en rotación por alguna de las recientes magistradas (Sáchica y Ortiz) para hacer un estudio profundo del tema, lo cual retardaría la decisión unos meses más.  Argumentos de la tutela  Dentro de los principales argumentos esgrimidos por Verónica Botero se destaca que la Constitución prohíbe cualquier tipo de discriminación, fundada en la orientación sexual, por lo cual le pide a este Alto Tribunal que se otorgue la adopción considerando que es lo mejor para el bienestar de su hija.Igualmente las demandantes adjuntaron estudios científicos que demuestran que los hijos de parejas del mismo sexo no sufren impactos emocionales o psicológicos por esta circunstancia. Al ver que esta tutela hizo trámite en la justicia y llegó a la Corte Constitucional, el procurador Alejandro Ordóñez, como de costumbre, se opuso a ultranza a que esta adopción fuera una realidad en el momento de emitir su concepto a respecto a la tutela, en donde señala que no es posible que se realice este vínculo, puesto que el articulo el artículo 42 de la Constitución señala enfáticamente que la familia se constituye por el vínculo entre un hombre y una mujer; de ahí se desprenden los demás aspectos de las uniones como la adopción.  El magistrado conservador Luis Guillermo Guerrero presentó hace aproximadamente siete meses una ponencia reveladora en la cual abre la posibilidad a que el Estado les reconozca a las tutelantes los derechos y puedan, en efecto, materializar el derecho de adopción de una menor de seis años, como madre biológica a Ana Elisa Leiderman y como segunda madre tendría, con esta decisión, a Verónica Botero. Según la ponencia, las múltiples trabas del Estado para que Verónica pueda adoptar a la bebé “pueden vulnerar tanto sus derechos fundamentales (los de la menor) como los de su madre y su compañera, en lo cual se materializa el desconocimiento de los derechos de la niña”, indica el documento de 53 páginas.  El proyecto de fallo señala que Ana Elisa decidió que Verónica fuera su familia y que ella adquirió deberes jurídicos para proteger a la menor, pues en el año 2005, es decir, tres años antes de que naciera, “se comprometió a asumir de manera indefinida las obligaciones relacionadas con ella”. Para Guerrero, “si bien es cierto que a la luz del ordenamiento superior la familia heterosexual y monogámica tiene una protección especial por parte del Estado, también es cierto que la propia Carta Política admite, reconoce y protege la diversidad de estructuras familiares, y una barrera normativa como la prevista legislativamente es en el fondo una forma velada e implícita de sanción a estas formas alternativas de familia”.