Este jueves, la senadora Piedad Córdoba declaró de manera juramentada sobre el magnicidio del reconocido dirigente del Partido Conservador, Álvaro Gómez Hurtado. Lo hizo ante la Jurisdicción Especial para la Paz que indaga el hecho tras la versión de Carlos Lozada, según la cual, el crimen lo ordenaron las Farc, puntualmente una columna o grupo urbano.
Allí, en medio de la diligencia, tras más de seis horas de haber sido escuchada por los magistrados, Córdoba dijo que tenía un documento redactado con su puño y letra. Se trataba de un comunicado en el que, inicialmente, señaló que muchas filtraciones mediáticas, especialmente en temas como la Farcpolítica le han hecho mucho daño, incluso llevándola al punto de tener que reforzar su sistema de seguridad.
“Yo por eso he pedido que se investigue la posible violación a la reserva del proceso. De hecho, en una carta al presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, le señalé que no sabía de detalles de resultados de investigaciones por estos hechos”, dice la carta que leyó la congresista del Pacto Histórico.
“Ante la Corte Suprema de Justicia, tanto Enrique Gómez, como otros me pudieron interrogar como si yo fuera la acusada. Vuelvo aquí y me presento ante los estrados judiciales. No soy testigo de ningún hecho relacionado con el crimen de Álvaro Gómez Hurtado, pero sí depositaria de unos relatos. Soy testigo de oídas”, dijo
Córdoba dijo que, pese a tener la condición de aforada como senadora, “no deja de ser agresiva la estrategia de señalarme como la acusada de matar a Álvaro Gómez Hurtado”, señaló.
De esta manera, la senadora Piedad Córdoba les contó a los magistrados de la JEP lo que sabe sobre lo ocurrido con el líder conservador.
Allí negó haber tenido relación estrecha con las Farc y dijo que nunca señaló a las Farc como autores: “No tenía conocimiento, siendo congresista, del caso. Solamente lo que se veía en medios de comunicación. La idea que se propagó es que habían sido los militares, no tenía más conocimiento, ni estuve al frente de esa investigación ni al frente de una actitud que me pudiera acercar al conocimiento real de los autores”.
El asunto es que Córdoba ya había dicho hace varios años que sabía, supuestamente, quién había ordenado el asesinato. Ahora, ante la JEP niega tener conocimiento, lo cual generó la insistencia del magistrado que adelantó la diligencia: “Yo tuve un encuentro con una persona que no volví a ver que supuestamente fue el responsable. Me pidieron localizar a esa persona pero no se pudo. Yo tampoco he dicho que fueron las Farc los responsables del crimen. Esta persona podría ser cercana a Fabián Ramírez”, dijo.
La diligencia de Córdoba se da tras la versión de Carlos Lozada según la cual el crimen fue planeada por la red urbana Antonio Nariño. Además de lo dicho por Carlos Antonio Lozada en octubre de 2020, el excomandante guerrillero no ha presentado evidencia o una prueba que soporte su versión.
En este punto indican que durante varios años se ha recopilado información que vincula a varias personas interesadas en atentar contra la vida e integridad del líder conservador.
Entre estos se menciona al expresidente Ernesto Samper Pizano y varios de sus funcionarios de Gobierno, debido a la oposición de Gómez Hurtado en contra de su administración. Para los familiares de Gómez Hurtado, es necesario que el expediente vuelva a la justicia ordinaria en la que ya se habían logrado algunos avances.