Una comisión extraordinaria, designada por la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, se dirigirá a Quibdó, Chocó, con el objetivo de verificar de manera directa las acciones que están llevando a cabo las autoridades nacionales y regionales para hacer frente a la situación de desplazamiento y confinamiento en los municipios de Sipí, Istmina y Nóvita, como consecuencia del paro armado decretado por el ELN.
Este grupo especial, integrado por representantes de diversas delegadas, incluyendo Asuntos Étnicos, Derechos Humanos, Infancia y Familia, Gobernanza Territorial y Seguimiento al Acuerdo de Paz, se reunirá con representantes de las comunidades afectadas, personeros y la Defensoría del Pueblo, con el fin de conocer en detalle las violaciones a los Derechos Humanos que estas poblaciones están experimentando, así como sus necesidades más urgentes de atención y las posibles soluciones para llegar a los territorios afectados.
Con la información recopilada, el Ministerio Público llevará a cabo una reunión en las instalaciones del Sena en Quibdó, a partir de las 3:00 p.m. de este miércoles, con representantes de entidades nacionales, la gobernación, alcaldías, la fuerza pública y organizaciones internacionales. El objetivo será evaluar el cumplimiento de los protocolos de atención implementados por el Gobierno para abordar la situación, y establecer nuevas acciones para proteger la vida y los derechos de las personas afectadas por la escalada de violencia en la región.
Una vez se haya realizado el análisis exhaustivo de la información recopilada, la Procuraduría emitirá de manera inmediata llamados y alertas para lograr una atención urgente y efectiva por parte de las autoridades responsables, en función de las competencias de cada una de las dependencias que forman parte de esta comisión.
Defensor exige al ELN poner fin al paro armado en Chocó
En medio de la compleja situación que enfrentan 52 comunidades y alrededor de 9,000 personas en la subregión del San Juan, sur del departamento del Chocó, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, ha expresado su preocupación por el paro armado que ha sido promovido por el ELN desde el pasado 4 de julio.
El supuesto anuncio reciente de la suspensión temporal del paro armado por parte del ELN deja en evidencia la gravedad de las afectaciones que está sufriendo la población civil, según afirmó el defensor Camargo. Sin embargo, en la región circula un audio afirmando lo contrario.
En el audio en mención habla un hombre que hace llamar Gerson y dice ser un comandante del frente de guerra Occidental. “Debido a estas acciones contra la población civil declaramos un paro armado indefinido desde las 00 horas del día 4 de julio 2023 en toda la región del San Juan, Sipí, Cajón y todos sus afluentes. Llamamos a todos los habitantes y transportadores para que se abstengan de circular en el territorio mientras esté vigente dicha orden”, aseguró.
Ante la situación, la Regional Chocó de la Defensoría del Pueblo aseguró que continúa monitoreando de cerca esta situación, que ha generado una crisis humanitaria en los municipios de Nóvita, Sipí, Istmina, Litoral del San Juan y Medio San Juan.
“Que el ELN anuncie la suspensión temporal del paro armado que promueve desde el pasado 4 de julio en la subregión del San Juan, sur del departamento del Chocó, deja en evidencia la gravedad de las afectaciones que está causando en la población civil”, aseguró el defensor del Pueblo.
A pesar de los esfuerzos de las agencias internacionales y los consejos comunitarios, las ayudas humanitarias no han podido llegar a las comunidades que se encuentran en situación de confinamiento en la extensa zona del San Juan, de acuerdo con la entidad. Esta región ha sido epicentro de disputas territoriales entre diferentes grupos armados, como el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como Clan del Golfo.
“Es preciso aclarar que ayer y hoy, días en los que ese grupo ilegal aseguró haber suspendido temporalmente el paro armado, la cooperación internacional y miembros de consejos comunitarios están haciendo entrega de ayudas humanitarias en nueve comunidades, tres de ellas son receptoras de población desplazada y seis están situación de desplazamiento, de Sipí, Medio San Juan e Istmina. Esta primera entrega, de 15 toneladas, incluye enseres, alimentación, medicinas, entre otros productos básicos y necesarios”, afirmó Carlos Camargo Assis.
Es importante destacar que las instituciones y organismos nacionales e internacionales, con características especiales, están tratando de realizar su labor en pro de los derechos de las comunidades afectadas por las hostilidades. Aunque los corredores humanitarios o pasos seguros no están explícitamente definidos en el Derecho Internacional Humanitario, queda claro que son las organizaciones humanitarias las que se han visto también afectadas en este caso.
“Las ayudas, pese a los esfuerzos de las agencias internacionales, en coordinación con las comunidades locales, no han podido llegar a las comunidades que están en situación de confinamiento en la vasta zona del San Juan, subregión que ha sido epicentro de la disputa territorial entre distintos actores armados”, añadió el funcionario.
El defensor del Pueblo también hizo un llamado al ELN para que ponga fin lo antes posible a este paro armado, que ya ha completado seis días y está causando graves afectaciones a las comunidades.
“Llamamos al ELN a ponerle fin cuanto antes a este paro armado, que completó seis días y tiene seriamente afectadas a las comunidades. La paz se construye con gestos reales de paz, no poniendo en peligro la integridad y vida de las personas, ni vulnerando sus demás derechos”, enfatizó el defensor Camargo.
De igual forma, señaló que “debe haber coherencia por el ELN y no llamar a confusiones. No es el actor al margen de la ley, el mismo que causa terror en la población civil, el encargado de establecer los pasos seguros o corredores humanitarios, aunque se reconoce la suspensión temporal del paro que adelanta”.