La Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reseñó que tras cuatro días del paro armado convocado por el Clan del Golfo como retaliación a la extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, se han presentado 309 acciones violentas en contra de la población civil.

Según el documento, este tipo de ataques representa una acción violenta cada 20 minutos, lo que equivale una constancia y continuidad masiva en las acciones en varias regiones del país. En medio de estos ataques se han registrado quema de buses y camiones, prohibición para la apertura de establecimientos comerciales y toques de queda.

138 comunidades se encuentran, en la actualidad, en estado de confinamiento. Un total de 118 bienes han sido incinerados, se ha presentado el cese de actividades de transporte y/o cierre de terminales. La UIA registra 54 de este tipo de acciones.

Igualmente, se ha presentado la existencia de 25 homicidios selectivos, quince intentos de homicidio y la restricción a diez medios de comunicación civiles para que puedan transmitir. Generando así mayor zozobra e intimidación.

En el nuevo reporte se confirmó que todos los municipios del departamento del Chocó y La Guajira se vieron afectados por las acciones emprendidas por esta banda criminal desde el pasado jueves 5 de mayo.

Las cifras de las autoridades

Las autoridades indican que el paro armado ha dejado al menos seis muertos y cerca de 200 carros afectados, la mayoría de ellos incinerados. Entre las víctimas mortales se cuentan tres civiles, dos militares y un policía. Los ataques se han registrado en once departamentos de Colombia y los más afectados han sido Antioquia y Chocó.

Desde el Ministerio de Defensa reportan que los bienes públicos y privados han sido blanco de los ataques.

Exactamente, hasta las cinco de la mañana de este lunes, se contaron 187 vehículos atacados y, durante el marco de este paro armado, se han presentado cuatro cierres de vías y ocho terminales de transporte han resultado afectadas.

De los 141 municipios que han sufrido la consecuencia de dichos ataques, se habla que 23 de ellos han sido recuperados gracias a las caravanas que está adelantado la fuerza pública. Sin embargo, 25 municipios tienen funcionamiento del comercio en 50 a 30 %, mientras que 93, cuentan con menos del 50 % de actividad comercial, lo que está generando desabastecimiento y por ende alto costo en los pocos alimentos que están llegando a las regiones.

El defensor del pueblo, Carlos Camargo, advirtió que, por cuenta de las acciones de los grupos armados ilegales en varios departamentos del noroccidente del país, la vida de cientos de personas con enfermedades crónicas y con tratamientos vitales están en riesgo, y los obliga a enfrentar una carrera contra el reloj debido a la imposibilidad de recibir sus medicamentos y dispositivos.

Según indicó Camargo, uno de los laboratorios especializados ya reporta que desde el jueves pasado no han podido hacer las entregas de los insumos renales para 162 pacientes con diálisis en casa en el sur de Córdoba y que para este lunes deberían llegar a otros 245 pacientes en el sur del Atlántico.

“Exigimos respeto por las misiones médicas y esperamos que no se impongan trabas al tránsito de ambulancias ni del personal de la salud, ya que el respeto por el derecho a la vida es fundamental. Los grupos armados no pueden jugar con la vida de los pacientes, la situación es crítica porque los tratamientos como la diálisis debe hacerse a diario”, dijo Carlos Camargo.

Por ahora, las autoridades están preocupadas por las afectaciones colaterales que ha dejado la ofensiva criminal. “Las vidas de estas personas corren peligro si no reciben pronto esos insumos, por eso hacemos un llamado a quienes promueven las acciones armadas para que se permita el paso de vehículos de las misiones médicas detenidos en las vías de La Apartada, Sampués y Magangué, así como para que los demás que vienen desde Barranquilla y el centro del país”, dijo el Defensor del Pueblo.