Después de más de tres meses de paro, el gobierno nacional y la Fiscalía General de la Nación parecen no estar dispuestos a que la Justicia siga de brazos caídos en el año nuevo. De modo drástico advirtieron que a quienes bloqueen las entrada a los juzgados se les abrirán procesos penales, bajo los cargos de constreñimiento y abuso de autoridad. Así lo anunció el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, luego de una reunión que se adelantó con altos funcionarios de Gobierno y de la rama judicial. Desde la Casa de Nariño, la cabeza del ente acusador hizo la advertencia a quienes insistan en cerrar el paso de ciudadanos y funcionarios. Por este paro judicial, uno de los más largos de los últimos años, la Fiscalía llamará a interrogatorio a los jefes de las salas administrativas que continuaron pagando sueldos a los 'parados', pese a que la Contraloría había hecho serias observaciones al respecto. Por otro lado, Montealegre autorizó a la fuerza pública para que, a partir del próximo martes, se garantice el acceso a los despachos judiciales con las medidas que correspondan, lo que coincide con el fin de la vacancia judicial. “Paro ilegal” Por su parte, el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, indicó que el próximo martes se podría pedir a las instancias judiciales que el paro sea declarado ilegal. Según su declaración, menos del 12 % de los jueces participan de la protesta y menos del 1 % de los funcionarios de la Fiscalía. Las cifras hacen parte del reporte entregado por el presidente de la Sala Administrativa, Néstor Raúl Correa. “Existen unos límites al ejercicio de la protesta social que están siendo excedidos, por ejemplo, cuando se afectan en forma grave derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho al acceso a la justicia y el de los funcionarios de retomar sus cargos", puntualizó.