Una nueva semana de paros ha sacudido al país. La ciudadanía inconforme salió para poner el grito en el cielo por la reforma tributaria y las políticas del Gobierno de Iván Duque. Sin embargo, en medio de ese movimiento político de la gente en las calles, han quedado una vez más las consecuencias del vandalismo, de revoltosos que salen para acabar con todo en medio de la rabia y las ganas de ver el mundo arder.

Nadie puede negar que hay un descontento bastante amplio en la población, en un país donde la pobreza crece a paso acelerado, y se cargan tintas para aumentar impuestos. Sin embargo, lo sucedido en Bogotá y Cali es más que preocupante, y se trata de un fenómeno repetido: vándalos incendian buses, atracan, se meten a tiendas y bancos para despojar, y luego de ser capturados terminan de nuevo en las calles. En Cali se hizo viral un video en el que tres hombres aseguraban que iban a quemar la Gobernación del Valle, en una amenaza directa a los servidores públicos que allí trabajan y al patrimonio de todos los vallunos.

Este ya es un capítulo especial de las protestas en el país, pues Cali siempre termina militarizada después de las marchas, ya que los criminales aprovechan para pescar en río revuelto: saquean supermercados, centros comerciales y tiendas de electrodomésticos, en acciones que nada tienen que ver con una protesta política. Hasta el cierre de esta edición, se habían capturado más de 30 personas y ordenado la expulsión de seis ciudadanos extranjeros del país.

Christian Garcés, representante a la Cámara por el Centro Democrático, le dijo a SEMANA: “Lo que vivió Cali es un aumento de lo que sucedió hace más de un año, cuando también tuvimos en ese 21 de noviembre una situación semejante; se han ido profesionalizando, especializándose en atacar a la ciudad”.

Para muchos es muy paradójico que varios detenidos terminen libres al día siguiente como si no hubiera pasado nada. Justo en la capital, el juez 33 de control de garantías liberó a 14 capturados por errores procedimentales. La Fiscalía dijo: “La funcionaria judicial dejó en libertad a los indiciados por errores de forma, entre estos, omisiones en la expedición de las órdenes de captura por parte del juez 61 de control de garantías de Bogotá, que las emitió”, mostrando de esta manera que no se trató de equivocaciones en la investigación. Esta es la historia que recorre a la justicia colombiana: la del ladrón diez veces arrestado por el mismo delito.

Además de la embestida a la infraestructura pública –como en Medellín, en donde se robaron más de 150 bicicletas del sistema metro–, hay una intimidación sistemática a las expresiones en las que se establece la democracia y la libertad de expresión. Así sucedió con los ataques a las instalaciones de SEMANA y RCN Televisión, aparte de intentos de agresiones contra periodistas que cubrían las marchas. Los ánimos están caldeados en todo el país.

No fue muy bien recibida la propuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien dijo que la fuerza pública debía usar sus armas para defenderse en medio de los actos vandálicos, una idea más que peligrosa en medio de jornadas tan acaloradas, pues casos como el de Dilan Cruz demuestran que el uso de armas es fatal. Entonces, ¿cómo garantizar la seguridad de los ciudadanos y de los bienes públicos y privados?

Pese a los tiempos de pandemia, miles de colombianos salieron a las calles para protestar en contra del Gobierno. | Foto: GUILLERMO TORRES

A la pesca de votos

Fuera del vandalismo, el otro foco sobre el paro es eminentemente político. Es posible que las jornadas de esta semana marquen el retorno de la protesta social que sacudió al país a finales de 2019, antes del inicio de la pandemia, y en esta oportunidad con un ingrediente adicional: las elecciones al Congreso y a la presidencia en 2022. La controvertida reforma tributaria fue apenas la gota que rebosó la copa para que varios sectores sociales y políticos volvieran a las calles a expresar su descontento con el Gobierno y el rumbo del país.

El líder político más interesado en que las marchas sean permanentes durante los próximos meses es el senador Gustavo Petro, jefe de la Colombia Humana, quien en 2018 ya había advertido que iba a ejercer la oposición contra el presidente Duque desde la plaza pública. Pese a los enormes riesgos de las aglomeraciones y el tercer pico de covid-19, miles de personas salieron a marchar, signo del rechazo que provoca el actual Gobierno.

“Fue una gran movilización ciudadana en contra de una reforma tributaria que no ha sido lo suficientemente incluyente y participativa, redactada por un equipo técnico seguramente con muy buenas intenciones, pero que desconoce la necesidad de este proceso en una sociedad democrática”, aseguró el decano de Economía de la Universidad Externado, Julián Arévalo.

El papel que ha jugado el exalcalde de Bogotá en las manifestaciones es tal que incluso usó la palabra “alocución” para referirse a un corto video que publicó en sus redes sociales y en el que habló de la marcha. En Colombia, la palabra alocución se ha usado exclusivamente para referirse a los discursos de los presidentes desde la Casa de Nariño en momentos de crisis como el actual.

Sin embargo, Petro se apoderó de la expresión en medio de su estrategia política y justo cuando las más recientes encuestas lo muestran como favorito en la carrera por la presidencia. “Petro se le anticipa al presidente Duque, en eso es muy inteligente, y hace la alocución. Al día siguiente, se desaparece esperando a ver qué iba a pasar, sabiendo que iba a haber desmanes y quema de buses”, señaló el analista Carlos Suárez, CEO de la firma Estrategia & Poder.

Solo un político salió a contrarrestar con fuerza a Petro: Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín. “El único responsable de lo que pueda pasar en el paro es Petro”, dijo quien busca la candidatura de la derecha y la centroderecha para 2022.

El momento que afronta el Gobierno no puede ser más complejo. Lo único que faltaba era que se reactivaran las protestas, algunas de ellas con lamentables hechos de vandalismo y violencia, para completar un panorama crítico en todo sentido. Si a ello se le suman las discrepancias del expresidente Uribe y el Centro Democrático con la Casa de Nariño, se podría decir que Duque atraviesa la coyuntura más difícil de su mandato.

“Estos paros funcionan para que la gente entienda lo que sería un gobierno de Gustavo Petro, en el que se empoderan las vías de hecho, el odio, la destrucción y la confrontación de clases”, aseguró Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático.

Sin embargo, Gustavo Bolívar, de la Lista de la Decencia, indicó lo contrario: “Indirectamente, la gente asocia a este Gobierno con todo lo opuesto a lo que estamos haciendo nosotros; pero no es que lo busquemos, el Gobierno ha venido haciéndolo solo, y nos ha hecho la campaña con cada medida que toma y que no toma”.

La indignación pacífica en las calles no se irá pronto. En ese sentido, el estallido social ocurrido en Chile debería ser una alerta para que Colombia tenga presente en estos momentos, y más cuando se avecina una campaña de intensa polarización política entre el uribismo, el petrismo y las demás fuerzas que competirán por la presidencia.