La Defensoría del Pueblo presentó este viernes el balance que ha dejado casi un mes y medio de movilizaciones sociales en todo el país y que además entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante su visita a Colombia.
En el documento de más de 100 páginas, la entidad informó que entre el 28 de abril (día en el que comenzó el paro nacional) y el 3 de junio recibió 417 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas.
Aunque las denuncias han sido constantes durante todo el paro, la mayor parte de ellas tuvieron lugar entre el 2 y el 5 de mayo, cuando se denunciaron 113 violaciones a los derechos humanos. Solo el 3 de mayo se recibieron 44 denuncias por parte de los manifestantes.
Las quejas se han presentado en 78 municipios del territorio nacional, aunque mayoritariamente en las ciudades de Bucaramanga, Pasto, Medellín, Popayán, Manizales, Cali, Bogotá, Pereira, Ibagué, Yopal, Barranquilla, Tunja y Armenia.
“Es de señalar que esto coincide con algunas de las ciudades que a lo largo del paro han tenido tanto movilizaciones masivas, como afectaciones al orden público, aunque el número de quejas no necesariamente coincide con la gravedad de las situaciones reportadas o identificadas por la Defensoría del Pueblo”, indica la entidad.
Dentro de las quejas más frecuentes que recopiló la Defensoría se encuentran la vulneración a la integridad personal (224 denuncias), libertad de reunión (97) y la vida (79).
El informe señala que la mayor parte de estos abusos han sido cometidos por integrantes de la fuerza pública, pues de los 417 reportes, en 306 (73 %) se refiere como presuntos responsables a miembros de la fuerza pública, específicamente en 300 (98 %) a la Policía Nacional y 6 (2 %) al Ejército Nacional.
De otra parte, en las quejas que se señala como presunto responsable a particulares (16). En la narración se mencionan ciudadanos que en el marco de las manifestaciones no han respetado derechos de otros ciudadanos como la libertad de circulación o trabajo, debido a los bloqueos que se han realizado en algunos puntos del país, explica la Defensoría.
Los abusos de autoridad se materializan mediante:
- El uso desproporcional de la fuerza por golpes contundentes con elementos de dotación.
- Mediante empujones, agresiones con manos y pies.
- Agresiones con los vehículos institucionales, al igual que por la activación de armas menos letales a una corta distancia y apuntando a zonas del cuerpo no permitidas, lo que incluso ha afectado los órganos oculares de 18 ciudadanos según las quejas recibidas por la entidad.
- En otras quejas también se mencionan fracturas, traumas craneoencefálicos severos e incapacidades por otras lesiones.
- Afectaciones generalizadas con gases lacrimógenos al interior de viviendas, en barrios residenciales, a personas que no participaban de las manifestaciones, como niños y adultos mayores.
- Privaciones arbitrarias de la libertad en contra de personas que se manifestaban pacíficamente e incluso para personas que no eran parte de las manifestaciones.
- Algunas personas mencionan que en procedimientos de traslado por protección han sido física y verbalmente agredidas por parte de miembros de la fuerza pública.
- Tratos crueles y degradantes mediante violencia física y verbal.
- Violencia sexual hacia mujeres.
- Agresiones que han sufrido periodistas, reporteros, fotorreporteros y medios de comunicación.
En las 417 quejas se contabilizan 489 personas afectadas en sus derechos, de las cuales en los casos en los que se lograron conocer las características o grupos a los que pertenecían los afectados. Se identificaron 80 jóvenes, 46 estudiantes, 38 mujeres, 36 defensores de derechos humanos, 26 miembros de la fuerza pública, 18 líderes sociales, 10 niños, 4 docentes, 6 sindicalistas, 3 periodistas, 2 campesinos, 2 indígenas, entre otros.