El juez declaró ilegal la captura de los 19 jóvenes que participaron en una manifestación en el sector conocido como La Y desde el pasado 28 de abril, cuando arrancó el paro nacional. Todos fueron detenidos en el operativo que adelantó la Policía Nacional para el desbloqueo de ese sector en la ciudad de Cali.

La Policía y la Fiscalía presentaron a los detenidos ante un juez de control de garantías en Palmira, Valle del Cauca, que tras revisar el material probatorio y la forma en la que se adelantaron las capturas aseguró que se trataba de una captura ilegal y por tanto ordenó su libertad inmediata.

La Fiscalía aseguró que aun cuando los dejaron en libertad, mantendrán la investigación en su contra por el delito de destrucción de vías y violencia contra servidor público, a pesar de que el juez de garantías consideró que no se te tipificaban los delitos porque existían vías alternas al sector de La Y.

“Por considerar que en este caso no se da la causal de flagrancia de perturbación en servicio público de transporte público colectivo u oficial y obstrucción de vías públicas que afecten el orden público, es que decido el día de hoy la ilegalidad del procedimiento de captura”, señaló el juez al ordenar la libertad de los capturados.

El juez incluso fue más allá al insistir en que en esos procedimientos no se observó que los jóvenes agredieran a la fuerza pública para configurar el delito de violencia contra servidor público y que, al contrario, sería el Escuadrón Móvil Antidisturbios - Esmad el que generó algunas lesiones a los manifestantes.

“En todos estos procedimientos se ha venido observando que, de lado y lado, existen agresiones y ello ha dado que se ponga a la Policía en entredicho, porque finalmente son los que tienen que salir a enfrentar este tipo de manifestaciones, cuando se tornan violentas. Cada caso debe analizarse en particular”, advirtió el juez.

Adicionalmente, aseguró que la Policía y la Fiscalía deberán devolver las motos y bicicletas que fueron incautadas en el lugar del operativo o, de lo contrario, los afectados podrían denunciarlos. Un duro llamado de atención del juez que, según fuentes cercanas al proceso, no solo causó molestia entre los investigadores, sino desmotivación en los policías que resultaron heridos en ese procedimiento.

La Fiscalía expuso ante el juez algunos videos, declaraciones de personas que resultaron afectadas con el bloqueo de las vías y las amenazas a los comerciantes, para tratar de demostrar el daño que estaban generando en la comunidad quienes participaban de ese bloqueo.

Los argumentos al parecer no fueron de opción para el juez, que sin esperar a la imputación de cargos decidió declarar ilegal la captura y frenar la investigación, que es el momento que venía adelantando la Fiscalía y que pensaba concretar en las audiencias preliminares.

El mismo sábado, cuando se adelantaron los operativos de desbloqueo, algunos delegados de los manifestantes firmaron acuerdos con funcionarios de la administración municipal en Cali para evitar futuros enfrentamientos con la fuerza pública.

El alcalde Jorge Iván Ospina también le pidió a la Fiscalía un funcionario especializado en derechos humanos para que adelante las investigaciones sobre los jóvenes que resultaron muertos en los diferentes operativos, aparentemente en un enfrentamiento con armas de fuego.

El fiscal Francisco Barbosa atendió el llamado del alcalde y ordenó que dos fiscales especializados llegaran a la ciudad de Cali para adelantar las pesquisas, recibir las denuncias y establecer responsabilidades en el caso que dejó dos personas muertas y varios heridos.