Luego de seis RONDAS de diálogo entre los líderes del paro y el Gobierno de Iván Duque, con la protesta social como telón de fondo, las partes no lograron acuerdo alguno. Ahora lo más seguro es que en enero, cuando reanuden las conversaciones, tampoco hagan avances significativos. ¿Por qué? Por el nuevo y exigente pliego de condiciones que presentaron los voceros de las centrales obreras, que implicarían cambios muy díficiles de convertirse en realidad.
De las 13 propuestas que surgieron al calor del paro del 21 de noviembre, el Comité del Paro pasó ahora a un documento de 104 solicitudes. Allí piden cosas como modificar la doctrina militar y la política de seguridad y defensa del país; cambiar el modelo de salud y volverlo público; dialogar con el ELN; liberar a los “presos políticos”; estatizar a Ecopetrol; realizar investigaciones periódicas sobre el sida; retirar a Colombia de la Ocde; realizar de nuevo el censo para incluir a las comunidades afro; reversar los TLC; actualizar el código nacional de tránsito; entre otras. Hay peticiones que en sí mismas pueden resultar un contransentido, pues exigen no tramitar una reforma pensional, pero al mismo tiempo reclaman que el sistema sea solidario con la vejez, lo que implica obligatoriamente un cambio frente a lo que hoy existe.
DIÓGENES ORJUELA. Presidente de la CUT La situación no pinta fácil. Por eso, en tono diplomático, Diego Molano, director de la conversación nacional propuesta por Duque, sostuvo que en las próximas semanas se van a revisar dichas propuestas, “una a una”. Sin embargo, Molano fue claro: “No podemos negociar el Estado”. “El Gobierno está escuchando para resolver los problemas que les preocupan a los colombianos, la idea es que las medidas beneficien a todos y no solamente a unos grupos”, sostuvo. De las 13 propuestas que surgieron al calor del paro del 21 de noviembre, el Comité del Paro pasó ahora a un documento de 104 solicitudes. Allí piden cosas como modificar la doctrina militar y la política de seguridad y defensa del país; cambiar el modelo de salud y volverlo público; dialogar con el ELN; liberar a los “presos políticos”. Esa afirmación presagia lo que puede ocurrir en los primeros meses de 2020. Inevitablemente se desatará un pulso entre los líderes del paro y el Gobierno por cuenta de unas propuestas que la mayoría de los expertos califican de inviables. Por ejemplo, estatizar la totalidad de Ecopetrol implica que la Nación desembolse unos 15 billones de pesos para comprar las acciones de los privados. A la luz de la situación fiscal, esa exigencia resulta imposible. Otra petición, como convertir en público el esquema mixto de la salud exige reformar la Constitución. Y solo hablar de presos políticos significaría para el Gobierno reconocer que en Colombia hay gente en la cárcel por sus ideas, algo propio de dictaduras en las que la rama judicial carece de independencia. Todo lo cual claramente no es el caso de Colombia.
El presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, ha tratado de explicar que extendieron el pliego por la “cantidad de problemas” que tiene el país, pero también ha advertido sobre “una ruta de movilización para todo 2020”. ¿Eso quiere decir que habrá paro permanente durante el año entrante, mientras negocian un pliego que aleja a las partes? ¿Hay interés de prolongar la protesta hasta la víspera de las presidenciales de 2022? Y, además, ¿los líderes del paro representan a los jóvenes que vienen expresando su descontento y que han puesto la educación, el empleo y el ambiente como sus banderas, y que nunca habían reclamado estatizar a Ecopetrol?
DIEGO MOLANO. Coordinador de la conversación nacional Mientras el año cierra bajo estos interrogantes sin respuestas, Duque sigue adelante con la conversación nacional. Ya van 16 reuniones en las que han participado unas 1.000 personas en mesas donde han hablado de equidad, corrupción, paz, ambiente y juventud. Además, la gente ha radicado más de 5.000 propuestas en la plataforma web habilitada para ese fin. Este diálogo irá hasta marzo y el Gobierno ha prometido que de allí saldrán acciones y proyectos de ley en el Congreso. Con estas realidades –un pliego muy difícil de satisfacer y una conversación nacional que acaba en tres meses- es incierto en qué va a terminar lo visto en las calles desde noviembre. En todo caso, es claro que los jóvenes, con sus cacerolas, han dicho que no se quedarán quietos.