La Procuraduría General ha abierto tres investigaciones esta semana en contra de congresistas de la oposición. En dos casos se trata de senadores: Wilson Arias y Alexander López, y uno es de una Representante a la Cámara, que es María José Pizarro.

En un nuevo balance, el Ministerio Público señala que dispuso de “todo su recurso técnico y humano, en especial procuradores delegados, regionales, provinciales y distritales, con el fin de adelantar todas las acciones preventivas, disciplinarias y de intervención judicial que se requieran frente a cualquier acto que desdibuje la legitimidad de las movilizaciones”.

En el caso de Wilson Arias, la Procuraduría acaba de abrir investigación disciplinaria en su contra tras ser señalado por, presuntamente, intervenir en un procedimiento policial el pasado 30 abril, en la ciudad de Cali.

El Congresista escribió en su cuenta de Twitter: “En la Procuraduría me acaban de abrir una investigación por proteger los DD. HH. de unos jóvenes en Cali, por seguir el furgón policial donde estaban detenidos irregularmente. Si no hubiéramos hecho algo, ¿qué sería de esos jóvenes que luego tuvieron que liberar? Sigo firme”.

En el caso de María José Pizarro, la investigación señala que se da porque la representante “habría utilizado su investidura para intervenir en procedimiento policial de control a manifestantes en la protesta que se adelantaba el 5 de mayo, a las afueras del Capitolio en Bogotá”.

En el caso de Alexander López, la investigación se abre por, presuntamente, intervenir y no permitir un procedimiento policial el 1.° de mayo.

En el auto de la Procuraduría, conocido por SEMANA, el Ministerio Público le ordena “a la comandancia de Policía Metropolitana de Cali que solicite a quien corresponda informe, con relación a la detención de ciudadanos en flagrancia por actos de vandalismo el 1.° de mayo de 2021, operación en la que supuestamente participó el senador de la República Alexander López Maya”.

El documento dice, además, que López Maya debe explicar si el senador participó en algún momento en el procedimiento y también que se exponga cuáles fueron las razones de su intervención.

El balance señala que se adelantan 127 actuaciones disciplinarias contra funcionarios de la fuerza pública, con ocasión de sus intervenciones en los actos de protesta. De estas, tres son investigaciones disciplinarias y las demás son indagaciones preliminares.

De igual manera, diez son expedientes contra otros funcionarios públicos, entre ellos: investigación disciplinaria contra una funcionaria de la Defensoría del Pueblo por presunta obstrucción de un procedimiento de la Policía y una indagación al gerente de la ESE Hospital San Joaquín del municipio de Nariño (Antioquia) por manifestaciones públicas contra manifestantes.

La Procuraduría señala que hay 17 actuaciones que se adelantan contra funcionarios públicos de elección popular por posible incumplimiento de sus deberes o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, detalladas así:

Tres congresistas son investigados disciplinariamente: dos miembros del Senado y una integrante de la Cámara de Representantes.

Siete alcaldes: Cartagena, Pasto, Pereira, Neiva y Villavicencio (cinco indagaciones preliminares), y Paipa y Zipaquirá (dos investigaciones disciplinarias).

Además, hay una indagación preliminar al Gobernador del Magdalena.

Finalmente, seis concejales: La Tebaida (Quindío), Ibagué (Tolima), Bogotá D. C., Riosucio (Caldas), Girón (Santander) y Guarne (Antioquia). Todos, en indagación preliminar.