No cesa la pelea al interior del partido que conformaron los exintegrantes de las Farc tras la firma del acuerdo final de paz. Un sector ha sido constante en sus cuestionamientos a las decisiones que se tomaron hace cerca de un año, con la cual se decidió cambiar el nombre por Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) -el cual fue bastante cuestionado por mantener las siglas del grupo guerrillero- a Partido Comunes.

En una oportunidad tocaron las puertas del Consejo Nacional Electoral (CNE) con el fin que se suspendiera la mencionada asamblea y se tumbara todo lo que se decidió de fondo en la misma en lo referente al cambio de logo, colores, representante legal y nombre. Los accionantes reclamaban que no habían sido convocados ni tenidos en cuenta para las decisiones de la colectividad.

En la petición se consideraba que el acto administrativo por medio del cual se convocó a la asamblea nacional en enero de 2021 por considerar que se violaba el derecho a la participación de varios militantes, principalmente, el de los miembros fundadores que, por cuenta de estas directivas, tendrían que tramitar acreditaciones adicionales para poder asistir.

El CNE negó las pretensiones de la acción al considerar que se presentó de manera extemporánea y ordenó el registro de las decisiones adoptadas por esa asamblea. Esta decisión no fue compartida y por eso se presentó una petición ante el Consejo de Estado por medio de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho alegando una vulneración del derecho al debido proceso y los derechos políticos, así como un desconocimiento del acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

El máximo tribunal de lo contencioso administrativo rechazó la petición reseñando que no se vislumbró una violación alguna a los derechos de los solicitantes. Avalando asó la decisión del CNE al concluir que lo acordado en la asamblea del Partido Comunes no eran susceptible de revocatoria directa, pues son actuaciones de particulares y no actos administrativos, que son exclusivos del ejercicio de la función pública.

Igualmente se definió que las reglas del propio partido, per se, no le otorgaban a los miembros fundadores como los demandantes el derecho de participar en la asamblea. El Consejo de Estado advirtió que tampoco se evidenciaron irregularidades en el trámite surtido ante la autoridad electoral.

Desde su conformación, en el 2017 tras la firma del Acuerdo de Paz, el nombre de este partido ha sido centro de cuestionamientos y críticas por mantener las siglas de la guerrilla que sembró el terror en la mayoría de las regiones del país.

En el Acuerdo se estableció que los dirigentes de ese partido tendrían 10 curules en el Congreso (cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes). La polémica no quedó allí puesto que entre los “elegidos” se encontraban los exintegrantes del Secretariado de las Farc, Luciano Marín Arango, conocido como ‘Iván Márquez’ y Seuxis Paucías Hernández Solarte, alias ‘Jesús Santrich’.

Posteriormente, los dos exjefes guerrilleros abandonarían sus curules y fundarían la Nueva Marquetalia. Santrich -según confirmó en exclusiva SEMANA- murió en medio de un operativo en Venezuela a mediados del 2020.