El Partido Conservador integró a sus lineamientos internos un protocolo que busca prevenir, erradicar y sancionar casos de violencia política contra la mujer en medio de la actividad política. La iniciativa fue impulsada por la senadora Nadia Blel quien preside la Organización Nacional de Mujeres del partido.
Según establece el protocolo, dentro de la colectividad se velará para que sean rechazadas todas las formas de violencia política contra las mujeres y la discriminación. También busca brindar asesoría a quienes lo requieran con el fin de proteger los derechos de las mujeres.
“El Partido Conservador Colombiano en desarrollo del principio rector de promoción de la participación política de la mujer, sostiene que la violencia contra la mujer en la vida política es una violación contra los derechos humanos y representa una grave amenaza para la democracia”, dice el documento que fue suscrito por la dirección nacional y la bancada parlamentaria.
La senadora Nadie Blel, que fue quien concertó la iniciativa, comentó que 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia política. “Con la firma de este pacto, el Partido Conservador se convierte en el primero en nuestro país en contar con un instrumento que nos permite atender, erradicar y sancionar la violencia política contra la mujer”, señaló la parlamentaria.
Blel también agregó que espera que este estatuto sirva de inspiración y de ejemplo, no solo para los partidos políticos, sino para todas las organizaciones gubernamentales del país, con el fin de aumentar los liderazgos femeninos.
El protocolo cobijará a todos los suscritos al partido, bien sea en la dirección o en la representación, incluso los militantes estarán respaldados con este reglamento. Igualmente, dice que entienden como violencia política cualquier acción o conducta en la que, basada en su género, se cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres, sin importar su ideología o afinidad política.
“La violencia contra las mujeres en la vida política comprende, entre otras, violencia física, sexual, psicológica, económica y simbólica”, dice el protocolo.
El propósito de esta iniciativa es que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos en un ambiente libre de violencia, en el que no sean discriminadas o vulneradas en su participación por el hecho de ser mujeres.
“Se considera estereotipo de género una opinión o un prejuicio generalizado acerca de atributos o características que mujeres y hombres poseen o deberían poseer o de las funciones sociales que ambos desempeñan o deberían desempeñar”, establece el partido.
Igualmente, dice que violencia política se puede desde agresiones físicas hasta actos de acoso, amenazas u otro tipo de intimidaciones. Así mismo, cuando se les nieguen espacios o cualquier recurso que impida la igualdad en los derechos políticos, o se impongan estereotipos de género en la realización de las actividades.
El Consejo de Control Ético será el órgano competente para sancionar las denuncias que se puedan presentar. Uno de los propósitos de este estatuto es blindar al partido de cara a las próximas elecciones en las que se pueden presentar estos casos, con el fin de que las mujeres sepan que cuentan con este respaldo.
Entre las sanciones se menciona que pueden ir desde imponer amonestaciones escritas o verbales, hasta destituciones, suspensiones y hasta la expulsión del partido. Para ello se analizará la gravedad de los actos, el nivel jerárquico, o la reincidencia de las infracciones.
Para denunciar, las mujeres que se sientan violentadas en sus derechos políticos, podrán realizar de forma directa o a través de terceros la denuncia por medio de la Secretaria Técnica de la Mujer, y se permite a través de declaración verbal o por medios digitales como correo electrónico. Posteriormente el caso será trasladado al Consejo de Control Ético quien estudiará de denunciado.
Es necesario que la mujer que se sienta víctima de algún hecho pueda identificar las partes, los detalles sobre lo ocurrido de modo, tiempo y lugar, y los elementos que posea adicionales para sustentar la debida denuncia.
En ese sentido también se establecen medidas de reparación entre las que se encuentran la restitución inmediata al cargo que desempeñaba en el partido, si fue obligada a renunciar por violencia política, o retractación y disculpa pública empleando el mismo despliegue que tuvo la agresión.