Estaba previsto que para la bancada de congresistas del partido Farc cualquier modificación que el Congreso colombiano le hiciera a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), por mínima que fuera, iba a ser asumida como un golpe al acuerdo de paz que permitió la desmovilización de la guerrilla. Por eso, el acuerdo político sellado el miércoles en la Comisión Primera del Senado para dar nuevas garantías a los miembros de la Fuerzas Armadas que se sometan a esta jurisdicción, fue rechazado por los parlamentarios de este movimiento. Para el senador Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada), quien compareció este jueves ante los medios de comunicación en compañía de Rodrigo Granda, uno de los negociadores de las Farc en La Habana, la reforma impulsada por los partidos Centro Democrático y Cambio Radical, y apoyada por el gobierno a través de la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, “deja serias dudas” sobre el compromiso del presidente Iván Duque con el acuerdo de paz y su implementación, así como con las víctimas del conflicto armado. Puede leer: Uribe perdió y ganó con la reforma a JEP Gallo aseguró que si esta reforma entra en vigencia, pedirán la “inmediata” intervención de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. “Sin duda, encontrará motivos para dar un paso más allá de la actual situación de observación a Colombia”. Aunque el pacto entre los sectores políticos eliminó las pretensiones iniciales del uribismo de crear nuevas salas especiales para la investigación y juzgamiento de miembros de las Fuerzas Armadas, la bancada de la Farc considera que establecer “grupos de magistrados” que “trabajarán de manera separada en el estudio de los casos de las guerrillas y agentes del Estado”, en la práctica supone la creación de “salas y secciones separadas”, casi que el mismo espíritu de lo que pretendía el centro Democrático. Semana en vivo: ¿Se puede reformar la JEP sin acabar con ella? También señalaron que el texto del proyecto, tal como fue aprobado, “acaba con la independencia e imparcialidad de la JEP” al incorporar 14 magistrados. Lo que cuestionan es que como esos jueces serán elegidos por el Estado colombiano eso conllevaría a una “falta absoluta imparcialidad”, pues en su criterio será la misma institucionalidad la que termine juzgando a los mismos miembros del estado que resulten con responsabilidades derivadas del conflicto armado. El senador Julián Gallo considera que la reforma a la JEP es contrario al acto legislativo del 2017 que garantizó la estabilidad e inmovilidad del acuerdo de paz firmado en el teatro Colón en el 2016, y que abrió la compuerta para que se sigan modificando en el Congreso por la vía de proyectos del ley o reformas constitucionales. Insinuó que el propósito de estas modificaciones es “garantizar la impunidad absoluta de los mismos que siempre han disfrutado de ella”. Escucha"El pulso en el que Uribe y Petro coincidieron" en Spreaker. Además del llamado a la intervención inmediata de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, el vocero de las Farc en el Senado también lo amplió a los países garantes del proceso de paz, a las Naciones Unidas, a la Unión Europea, a los expresidentes Pepe Mujica (Uruguay) y Felipe González (España) para que “tomen nota” de lo que, en su criterio, es la intención del estado colombiano de “alterar” un tratado de paz que puso fin a medio siglo de conflicto armado.