En los últimos 30 años difícilmente el científico Manuel Elkin Patarroyo había estado en una situación tan compleja como por la que atraviesa en este momento. Según él, justo cuando estaba a punto de terminar las pruebas de una vacuna “altamente efectiva” contra la malaria y de anunciar el desarrollo de otras contra la tuberculosis, el papiloma, el sida y varios tipos de cáncer, un fallo del Consejo de Estado le quitó uno de los pilares de su investigación: los micos Aotus vociferans.Estos animales, por tener un sistema inmunológico similar al de los humanos, son una pieza fundamental para probar vacunas y medicamentos en todo el mundo. Por ser abundantes en la Amazonia, Patarroyo empezó a usarlos desde 1984 para sus primeros ensayos, que le permitieron llegar a su vacuna original, denominada SPf66, en 1987, que finalmente no tuvo aplicación práctica. Su método para buscar una vacuna sintética fue reconocido por muchos como el mejor camino para enfrentar la malaria, una enfermedad que azota cada año entre 200 y 300 millones de personas y causa la muerte a cerca de 1.200.000, pero aún no cuenta con una vacuna efectiva. Desde 1984, Patarroyo ha usado más de 20.000 monos, siempre en busca de la vacuna contra la malaria. Hace unos años, él y su equipo empezaron a indagar cómo evitar que el parásito penetrara en los glóbulos rojos y se expandiera en la sangre. Según él, de tener éxito, esta aproximación le serviría para encontrar vacunas para otras enfermedades transmitidas por parásitos y virus. Con escasos recursos, que él atribuye a diferencias con Colciencias, continuó trabajando en su Fundación Instituto de Inmunología Colombiano (Fidic), con apoyo del gobierno español y la Universidad del Rosario.Según lo que él cuenta, justo cuando estaría a punto de probar una vacuna “altamente efectiva” contra la malaria, le salió el problema con los micos. Ángela Maldonado, una administradora de empresas con una maestría en Conservación de Primates y doctorado en Conservación del departamento de Antropología y Geografía de la Oxford Brookes University, empezó a investigar hace 10 años cómo son cazados, llevados y liberados los micos en la estación de Leticia de Patarroyo. Según sus denuncias, el Fidic habría abusado, con la complicidad de las autoridades ambientales, del permiso que tenía para usar hasta 800 micos Aotus vociferans, pues en su laboratorio fueron encontrados más ejemplares de los permitidos y de otras especies como los Aotus nancymaae, que se supone no existe en Colombia. Maldonado denunció que alrededor de las investigaciones de la Fidic habría contrabando de animales, tala indiscriminada de selva para su captura y que muchos son liberados siendo portadores de la malaria. Y decidió interponer una acción popular. Patarroyo niega rotundamente todas las acusaciones.En mayo de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló en favor de la demandante porque el Fidic habría violado el permiso para usar una sola especie de monos y ordenó suspender su cacería. Sin embargo, se abstuvo de solicitar una denuncia penal por tráfico de animales, pues pese a que Maldonado y otros alegan que los Aotus nancymaae son peruanos y llegaron ilegalmente a Colombia, hay nuevos estudios que muestran que esa especie se encuentra en territorio colombiano desde hace siglos. La Fidic, Corpoamazonia, el Ministerio de Ambiente y la Procuraduría impugnaron el fallo, que fue asumido por el Consejo de Estado. Este, a finales de 2013, decidió revocar la licencia para el uso de los micos de Patarroyo con el argumento de que se violó la moralidad pública al usar monos de otra especie para la que no se tenía licencia, porque no hubo un control del manejo de estos animales y porque se incumplieron algunos requisitos. Para que pueda usar de nuevo estos animales para sus investigaciones, Patarroyo deberá cumplir con una serie de trámites, como sacar una nueva licencia, lo que, según él, podría tomarle entre cuatro y ocho años. Las comunidades indígenas del Amazonas, cuyos miembros han tenido la autorización para capturar a los primates y vendérselos a la Fidic, decidieron apelar el fallo. “No fuimos escuchados y nadie del Consejo de Estado vino hasta acá para comprobar que la mayoría de los argumentos de la señora Maldonado son falsos”, dice Jorge Ahuanari, presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico (Acitam).Patarroyo también pedirá la revisión y anunció que demandará penalmente a Maldonado por injuria, calumnia y daño a su buen nombre a escala mundial, puesto que lo ha tildado de traficante internacional en los numerosos eventos mundiales a los cuales ella asiste. Incluso dijo que detrás de ella y su asociación hay un gran apoyo de entidades inglesas que buscan frenar sus investigaciones para que las farmacéuticas multinacionales puedan sacar al mercado su vacuna contra la malaria antes de 2015. Por su parte, Maldonado también decidió demandar a Patarroyo y desmintió que semejante complot exista. Más allá de esta polémica, es un hecho que en torno a la vacuna por la malaria hay una verdadera carrera entre las multinacionales farmacéuticas para ver cuál saca la primera versión comercial. Patarroyo sostiene que él está entre aquellos que creen que tal vacuna no debería costar más de un dólar, mientras que una farmacéutica que le planteó comercializar su vacuna dijo que esta debería valer 150 dólares para ser viable.El hecho es que el primero que salga al mercado fijará su precio.Germán Velásquez, subdirector del South Centre y uno de los mayores expertos en el tema sobre el acceso a medicamentos para los más pobres, dijo que el fallo es una vergüenza. “Yo estuve en Leticia hace un par de años viendo la estación y el trato a los miquitos, y puedo decir que vi los más altos estándares. Aquí de lo que se trata es de salvar millones de vidas, y si hay dificultades, las autoridades deben controlarlas sin cerrar una estación que es vital para la humanidad”.No es la primera vez que Manuel Elkin Patarroyo está en el centro de una polémica. Sin embargo, en esta ocasión su situación es compleja. Más allá de que sus investigaciones tienen tanto fervientes convencidos de que de ellas saldrá una vacuna efectiva contra la malaria, así como contradictores que creen exactamente lo contrario, el hecho es que el fallo del Consejo de Estado deja sus investigaciones en veremos. Y pone de presente, una vez más, lo polémicas que pueden llegar a ser las sentencias de las altas cortes: por cuenta de la protección de los derechos de los monos amazónicos, parte de la investigación sobre malaria en Colombia quedará paralizada hasta que el doctor Patarroyo cumpla, entre otras, con las condiciones de pedir una nueva licencia, hacer un zoocriadero y crear un comité que supervise su trabajo con los Aotus vociferans.