María Jimena Duzán: La semana pasada hubo una inspección judicial, que muchos llamaron allanamiento, que terminó en la captura de varias personas. Yo quisiera que usted me explique ¿qué fue lo que pasó? Patricia Linares: María Jimena, son dos escenarios diferentes. Hace unas semana la Fiscalía, a través de un fiscal especial designado por el despacho del Fiscal General, inició una investigación contra dos ex contratistas de la Secretaría Ejecutiva de la JEP y contra una funcionaria de la Secretaría de la Jurisdicción por presuntas irregularidades en el cumplimiento de sus funciones. Ese es un escenario y la investigación se viene adelantando. Yo lo he manifestado públicamente. Nosotros en la jurisdicción, como debe ser, respetamos las investigaciones que adelanta la Fiscalía. Si las adelanta, presumimos que tiene elementos para hacerlo. Pero sí le he pedido al señor Fiscal General garantías de debido proceso, seguridad jurídica, presunción de inocencia y la mayor celeridad posible porque afecta no solo a esas personas, también afecta a la Jurisdicción Especial para la Paz. Ese es un escenario. También puede leer: El espinoso y duro camino de la verdad ante la JEP El otro escenario se dio el jueves de la semana pasada cuando se produjo una actuación irregular por parte de funcionarios de la Fiscalía. Ellos desconocieron el fuero de una magistrada y también vulneraron la autonomía e independencia judicial de una jurisdicción de rango constitucional. Cuando yo me enteré no estaba en Bogotá, y llamé inmediatamente al señor fiscal, que procedió a revocar esa decisión. Me dijo que era inadmisible y que ordenaría al funcionario a que devuelva el expediente en las instalaciones de la JEP. Y eso fue lo que pasó. Nosotros dimos a conocer el incidente a la opinión pública porque se trata del respeto a los distintos poderes públicos. Insisto, fue una diligencia irregular que afectaba a la reserva de material reservado.
M.J.D: El mismo fiscal dijo que era una medida invasiva porque se llevaron el proceso... P.L.: Hicieron una copia digital del proceso que luego al devolverse el funcionario delante de los servidores de la jurisdicción proceden a destruir. M.J.D: ¿Está segura de que era la única copia? P.L.: Yo siempre confío en lo que me manifiestan los funcionarios públicos y en especial el señor Fiscal General de la Nación. Pero si quería decir una cosa para la claridad de la opinión pública. No se trata de que la Fiscalía o cualquier entidad judicial no pueda solicitar pruebas, compartir el material probatorio de la jurisdicción. Mucho menos tratándose de la Fiscalía. No se trata de eso. Yo no estoy controvirtiendo ninguna decisión de la Fiscalía. El fiscal tampoco. Se produjo una situación tan irregular que el mismo fiscal, una vez se entera, revoca la decisión. De hecho ha habido varias solicitudes en el mismo despacho de la misma magistrada, donde la Fiscalía ha procedido en debida forma solicitando acceder a cierta información de expedientes. Lo ha hecho y se puede hacer porque en efecto prima el principio de colaboración armónica que está consignado en el artículo 113 de la Constitución. M.J.D: ¿Usted por qué cree que este tipo de acciones que se hubieran podido evitar, como el mismo fiscal acepta, se produjeron? P.L.: No lo sé. Yo le cuento lo que se produjo. Tan pronto fui informada, me comuniqué con el señor fiscal y él inmediatamente revocó la decisión. En contexto: Sube tensión entre Fiscalía y JEP por inspección al expediente madre del secuestro M.J.D: De todas formas, ese rifirrafe que usted insiste no es un choque de trenes. ¿Qué es? P.L.: Lo que se ha arraigado en el imaginario social colombiano cuando se habla de un choque de trenes es una disputa por competencia o una disputa por una decisión judicial que un organismo considera que el otro no debió realizar. Aquí no estamos disputando ninguna competencia. Yo no estoy controvirtiendo ninguna decisión de la Fiscalía. El fiscal tampoco. Se produjo una situación tan irregular que el mismo fiscal, una vez se entera, revoca la decisión. M.J.D: Sin embargo este encontronazo produjo una reacción muy fuerte de la comunidad internacional y también de la Comisión de Paz del Senado, que fue a su despacho y también fue a hablar con el fiscal. ¿Cuénteme cuáles fueron esos acontecimientos que se produjeron después? P.L.: Bueno primero yo no lo llamo rifirrafe porque tengo una relación cordial y respetuosa con el fiscal. Debo presentar el contexto porque la opinión pública debe saber exactamente qué pasó. Nosotros venimos haciendo una serie de reuniones con las bancadas de los partidos políticos porque queremos invitarlos a que ellos vean cómo se materializó eso que decidieron ellos como congresistas. Por eso en la mañana de ayer tuvimos un desayuno con 30 congresistas del Partido Verde, liberales, conservadores, del Partido de la U. Con ese propósito. Yo ya había hablado con algunos senadores que hacen parte de la Comisión de Paz. Obviamente esta situación que comentamos produjo más interés de ciertos sectores del Congreso por conversar y saber qué había pasado. Entonces la Comisión de Paz del Senado, por la tarde ese mismo día, nos visitó. Estuvimos conversando de varios temas, ellos manifestaron su preocupación por lo que había pasado, y les conté exactamente lo aquí estoy contando. En nuestro criterio, la creación de una sala especial (para juzgar a los militares) afectaría la esencia, porque el modelo de la JEP fue diseñado fundamentalmente para contribuir al cierre del conflicto. Al otro día muy temprano iban a tener reunión con el fiscal porque veían con preocupación varias situaciones que pudieran afectar el funcionamiento de la jurisdicción y la implementación del sistema. M.J.D: Yo tengo entendido que esa reunión, que está prevista para el próximo jueves o miércoles, es para tocar el tema de la ley de procedimiento, y en especial con las pruebas y la investigación de Santrich... P.L.: Yo lo vi en la prensa pero es totalmente equivocado. Primero yo no puedo ir a un escenario como el que le estoy contando a discutir un caso, ni el de Santrich ni ninguno. Segundo, nosotros no estaríamos en un espacio en el cual se pretenda modificar nuestra ley de procedimiento que a título de proyecto pusimos a consideración del Congreso y que apenas se está implementando. Y por último, nosotros somos jueces. Los jueces cumplen la Constitución y la ley. No pueden incorporarse al escenario político y al debate político. Le puede interesar: Llamada a imputación de cargos Martha Lucía Zamora, directora administrativa de la JEP La comisión del Senado, después de su reunión con el señor fiscal, y el mismo señor fiscal, me llaman una vez culminaron su reunión a proponerme un espacio una instancia de diálogo. Para intercambiar opiniones, para mirar cómo nos articulamos mejor. Y yo creo que todo se soluciona conversando. Entonces yo les dije: desde luego, yo estoy dispuesta a conversar. Ese diálogo se debe dar a partir de que de la normativa que existe en la Comisión de Paz. El señor fiscal me comentaron que sería bueno por ejemplo invitar al alto comisionado para la Paz. Me pareció muy buena idea. A la señora ministra de Justicia también. Yo dije: qué interesante sería que fuera el señor procurador, que hace intervención a título de ministerio público. Entonces yo misma conversé con el procurador y aceptó ir. Eso es lo que va a pasar. Vamos a conversar sobre como articularlos más entre todos sobre cómo articularnos mejor. M.J.D: Sería interesante que nos explicara cómo es que funciona realmente este sistema de defensa de las Farc. El caso de la magistrada Zamora, que por ejemplo dice que perdió su visa por reunirse con abogados de las FARC. ¿Esa no es una función de la secretaría de la JEP? P.L.: Ya lo he dicho, no puedo pronunciarme sobre el proceso porque respeto profundamente las competencias y en este caso del ente investigador. Hay una investigación en curso. El país sabe porque el señor fiscal lo comunicó. Lo único que le puedo decir es que no conozco los detalles del proceso. No debo hacerlo. Al parecer, la imputación que se va a hacer la próxima semana, tiene que ver con el cumplimiento o con conductas derivadas del cumplimiento de las tareas del sistema autónomo de defensa de confianza de los ex combatientes de las FARC debe administrar la jurisdicción. Esto no se lo inventó la jurisdicción para que la gente entienda. En La Habana se pactó que habría un sistema autónomo de defensa para los ex combatientes de las FARC. Nosotros también tenemos que montar un sistema de representación judicial de las víctimas. Los agentes del Estado también tienen un sistema propio que se maneja a través de un fondo que se llama Fondotec. El acuerdo es que ese sistema lo financia el Estado colombiano, y se le atribuye a la Jurisdicción Especial para la Paz, concretamente a la secretaría ejecutiva. Lo cual es obvio porque los jueces no podríamos administrarlo.. M.J.D: En ese sentido es muy normal que la señora Zamora haya tenido que hablar con los defensores abogados de las Farc… P.L.: Cuando uno tiene la tarea de diseñar un sistema autónomo de confianza, ¿con quien lo diseña? Cuando tiene la tarea de administrarlo. Por ejemplo eso en este contexto significa que hay que organizar las audiencias para que todos los que acudan a las audiencias tengan una representación judicial debida. En este caso, una defensa de confianza administrada por la secretaria ejecutiva. Eso obviamente supone una relación de trabajo permanente. En este caso sería con los abogados. Lo otro que le diría es que nosotros, y la secretaría ejecutiva, no hemos tenido noticia de ninguna presunta conducta irregular de nadie. Le sugerimos: La verdad sobre el secuestro: el primer paso de las Farc ante la justicia M.J.D: Hay también propuestas en el congreso de reformar la ley. Por ejemplo creando una sala especial para los militares. Recientemente vi que también quieren volver otra vez a acotar mejor el tema de los terceros. ¿Por qué no me explica qué está pasando y qué piensa usted de esa reforma? P.L.: Cuando se expide la Ley de Procedimiento de la Jurisdicción, el Congreso incorpora el artículo 75, que señala que mientras se crea una sala especial para los agentes del Estado, se suspende durante 18 meses la norma previa que obliga a los agentes del Estado a ingresar a la JEP cuando se trata de crímenes de guerra o de delitos de lesa humanidad. Esa norma fue demandada ante la Corte Constitucional. Allí nos invitaron a intervenir. Nosotros en la jurisdicción decidimos ir. En nuestra intervención decimos que esa decisión es inconstitucional. Primero porque el acto legislativo 01 del 16 estableció de manera clara que no se puede afectar la esencia misma de los acuerdos durante los tres periodos presidenciales siguientes a la suscripción del acuerdo. Y en nuestro criterio la creación de una sala especial afectaría la esencia, porque el modelo de la JEP fue diseñado fundamentalmente para contribuir al cierre del conflicto, y eso significa que, en lo posible, todos los actores que hayan tenido compromiso con la comisión de los delitos puedan ingresar a la JEP. Solo de esa manera se puede avanzar en el cierre definitivo del conflicto y además contribuir a la realización de los derechos de las víctimas. Yo creo que se ha perdido un poco en este camino la perspectiva esencial del modelo: esto fue pensado, propuesto y desarrollado para respetar los derechos de las víctimas. M.J.D: Lo primero que ha debido sorprender es la cola de terceros que hay para entrar, muchos de los cuales no los han aceptado.. P.L.: Como en el tema de los agentes del Estado, la mayoría de miembros o exmiembros de la Fuerza Pública. Tenemos postulados casi 2.000 personas. Terceros también hay muchos. M.J.D: ¿En el tema de los de los terceros civiles cómo ha sido la experiencia? P.L.: Tengo que subrayar algo: nosotros somos jueces que cumplen la Constitución y la ley. Una vez la Corte Constitucional establece que los terceros sólo llegarán a la JEP voluntariamente, eso es lo que nosotros aplicamos. De manera recurrente se dice que nosotros nunca estamos de acuerdo con el fiscal pero en esto estamos de acuerdo. Sobre este tema él me dijo que sería importante hablar, porque este tema tendría repercusiones y afectaría la esencia misma del modelo.
M.J.D: Es una lástima que haya habido tantos tropiezos que hacen que los colombianos no tengan claro todavía la importancia de esa institución. Pero para la comunidad internacional sí lo es. Por ejemplo la embajadora de Francia ante la ONU, dijo que la JEP tiene la responsabilidad de ofrecer garantías a todos los participantes en el marco del sistema de justicia, verdad y no repetición. ¿Eso es un espaldarazo a las empresas o no? Patricia Linares: Sí. Para mí ha sido sorprendente en mi calidad de presidenta de la JEP. Yo mínimo recibo un embajador diario porque la comunidad internacional siente como propio este proceso, lo respaldó y ayudó. Ellos encuentran en este modelo de justicia una alternativa exitosa y una esperanza para la solución de muchísimos conflictos vigentes en el mundo. Es una justicia que se diseñó con la pretensión de no impunidad y de respeto a los lineamientos de la Corte Penal Internacional, a la cual está ligado el país. Es un experimento complejo y difícil porque se trata de a partir de esa premisa fundamental que la realización de los derechos de las víctimas ofrecerles a ellas lo que más reclaman que es verdad sin impunidad. M.J.D:¿Cómo ha hecho para levantar semejante institución en medio de un ambiente tan adverso? P.L.: La campaña electoral fue muy fuerte pero yo he encontrado a un presidente amable, cordial y respetuoso que ha dicho "mi gobierno va a respetar los acuerdos". Aunque tenemos diferencias. Él dice que hay aspectos por corregir. Por ejemplo la ley. Ellos tenían inquietudes sobre el tema de proporcionalidad, de las sanciones la conexidad del delito político con el delito de narcotráfico etcétera. Yo tengo que ser muy objetiva y muy sincera con la opinión pública: del presidente he recibido manifestaciones de respeto a la autonomía de la jurisdicción y del sistema y también me ha manifestado sus diferencias y las conversamos. Pero en menos de siete meses tenemos casi 12.000 combatientes de las FARC postulados, 2.000 agentes del Estado, 30 y pico terceros que no tienen obligación de acudir. Hemos realizado casi 30 audiencias en donde ya hay una manifestación de reconocimiento de responsabilidad. Y pase lo que pase respetaremos la ley y la Constitución. También puede leer: "La JEP quedó solo con el 30 por ciento de la justicia del posconflicto": Fiscal General M.J.D: ¿Teme algún cambio en la naturaleza de la JEP? P.L: Prefiero acogerme a los hechos. El debate en este momento es sobre el acto legislativo. En nuestro criterio a ese acto legislativo sí afectaría la esencia misma del modelo. Estamos a la espera de lo que decidan quienes deben decidir. Estamos en un Estado de derecho con división de poderes, autonomía e independencia, donde se pueden dirimir las diferencias. M.J.D: ¿Cree que hay riesgos de que la JEP deja de ser independiente? P.L: Yo lo que puedo decir al respecto es que las instituciones las conforman personas que nunca perderán la independencia. Actuaremos siempre de manera autónoma e independiente como lo ordena la Constitución y la ley. Lo que sí pueden darse son riesgos del funcionamiento mismo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición porque todo debe estar articulado. Ese proceso ha tenido tropiezos y ese es otro punto en donde el señor presidente ha sido muy claro de que él pondrá todos sus esfuerzos en que ese proceso de reintegración va a garantizarse. De no ser así sería como quitarle el oxígeno al sistema y entraría en situación de hipoxia. En mi calidad de presidenta de la JEP, recibo mínimo un embajador diario porque la comunidad internacional siente como propio este proceso, lo respaldó y ayudó. M.J.D: ¿Qué le diría al Fiscal General de la Nación? P.L.: Yo he tenido una relación fluida y cordial con el fiscal. Tenemos diferencias de interpretación pero los dos somos abogados y funcionarios públicos. Cuando hemos tenido diferencias se han tramitado como debe ser. Yo no puedo decir que yo haya tenido una relación de tropiezos con el fiscal. Para nosotros es fundamental contar con los informes de la Fiscalía porque es información judicial reservada. Ellos han trabajado durante dos años en esos informes y son muy buenos. Entonces con el fiscal nos pusimos de acuerdo y hay un cronograma de entrega de esos informes. Tiene 17 informes. Nos han entregado siete y está próximo a entregarnos otros informes que son de la mayor importancia. M.J.D: Él habló de las pruebas de Santrich y de unos audios o videos que él tenía y planteó la posibilidad de hacerlos públicos una vez lo reciban. ¿Ustedes considerarían eso un acto prudente? Le voy a ser totalmente sincera. Él me invitó a un café y conversamos sobre el tema. Me dio una serie de argumentos por los cuales consideraría que de pronto sería conveniente revelarlas. ¿Qué le dije yo? La JEP tiene un término para pronunciarse sobre esa situación, hasta de 120 días, que se cumplirían a finales de este año, y que en mi criterio, habría que respetarlo. Le sugerimos: Por autorizar salida de exguerrilleros del país, llamado a juicio verbal exsecretario de la JEP M.J.D.: ¿Dice que se está pensando en hacerlos públicos? P.L.: Yo no puedo hablar del caso en concreto. Pero después del requerimiento de la sección a través de un auto requiere que le envíe la información y las pruebas de las que él habló públicamente y él manda un material que está siendo evaluado por la sección. Eso lo que yo le puedo decir. M.J.D.: ¿Usted pensó que su trabajo iba a ser tan difícil desde el comienzo? ¿Ha sido difícil? P.L.: Ha sido difícil.Cuando uno analiza procesos similares no hay ninguno igual. Es muy diferente atípico complejo. Cuando uno estudia en la literatura especializada en este tipo de procesos siempre encuentra que las fases de implementación son supremamente complicadas. Para mí eso tiene una explicación en las situaciones donde se da un modelo de justicia transicional. Son básicamente dos: cuando se intenta dar el paso de la dictadura a la democracia y de la guerra a la paz. En esas circunstancias, en una sociedad como la nuestra, que ha vivido inmersa durante medio siglo en la guerra, la lógica que predomina es la de la guerra. ¿Qué significa eso? Hay desconfianza e incertidumbre frente al otro, que no es un conciudadano inofensivo para mí sino un potencial adversario. Cuando se hace una propuesta como esta de negociar una paz con quien ha ocasionado una guerra de estas dimensiones, para mí es lógico que se produzca una primera fase en donde nosotros tendríamos que ser los responsables de ganar legitimidad. Produciendo decisiones pertinentes ajustadas al derecho. Eso estaba previsto en mi cabeza. Yo sabía que no iba a ser una tarea fácil. Yo no busqué la presidencia, yo me postulé para magistrada. No pensé que aparecieran otras variables que han aparecido, pero las cuales las hemos ido superando día a día con dedicación, esmero y convicción. Yo no conocía a la mayoría de mis colegas. Conocía a algunos pero no a la mayoría. Y hoy por hoy puedo decirle con plena convicción y con pleno conocimiento que somos 38 de las mayores calidades demócratas, con un conocimiento profundo y experiencia en este tipo de modelos, que implican conocimiento del derecho internacional, de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, del derecho penal nacional y del derecho penal internacional. M.J.D.: La mayoría de los magistrados son mujeres. Yo quería que nos contara sobre eso y especialmente sobre la experiencia que usted ha tenido, ya que es la única presidenta de una corte. ¿Cómo ha sido y qué ha aprendido? P.L.: Para mí ha sido muy útil la fragilidad. Yo por naturaleza no recurro a lenguaje agresivo. No peleo. Entonces algunos sectores leen esa característica como muy femenina y su vez como sinónimo de fragilidad. Y yo he encontrado en eso una fortaleza, porque para pelear se necesitan dos y yo nunca estoy dispuesta. Eso fue lo que le expresé al comité de escogencia en su momento. Yo entendí desde muy joven que el Estado de derecho, si se pone a funcionar en serio, brinda todas las herramientas para superar un conflicto como el colombiano. Yo recurro al Estado de derecho y a los instrumentos que me brinda, pero también a mi naturaleza como persona y como mujer. Análisis: Más dicho que hecho con el acuerdo de paz M.J.D.: Estaba leyendo una carta que le mandó un fiscal con un tono un poco desobligante. Usted ha tenido que aguantar todo esto. Tal vez esa sea la forma, usted ni se despeina…¿De dónde saca esa fuerza? P.L.: Pues es mi naturaleza. Yo creo que también de mi familia. Pero yo no gasto tiempo discutiendo algo que se puede argumentar. Por ejemplo a una persona como la que señala yo le diría: usted está equivocado. Eso sí lo digo porque el artículo tal de la ley o la Constitución dice esto. No hay que ponerse bravo ni gritar porque al final esa energía la pierdo y de pronto es mejor reservarla para para otros privilegios. M.J.D.: Usted confía en que esta justicia transicional va a lograr sacar adelante todos sus desafíos para poner en marcha esta máquina inmensa que tiene varias patas. ¿Usted está confiada en que frente a toda la adversidad van a lograr sacar adelante este proyecto? P.L.: Sí, si cada uno de los poderes públicos cumple con el compromiso que le corresponde. Por eso insisto en la necesidad de que ese proceso de reintegración, que es el oxígeno para todo el sistema, siga adelante. También estoy muy confiada porque el señor Presidente Duque me ha expresado personalmente su compromiso con este proceso. M.J.D.: ¿Y usted le cree al presidente Duque? P.L.: Sí. M.J.D.: Muchísimas gracias por el trabajo que está haciendo... P.L.: El 57 por ciento de las víctimas del conflicto son mujeres. Y no han aminorado su posición y se han rehecho. M.J.D.: Muchísimas gracias por esta entrevista y espero que vuelva, anunciando nuevos desafíos de esta justicia especial. P.L.: Solo una cosa. Hoy antes de venir inauguramos una exposición con fotografías que nos llevaron varias comunidades indígenas de los pueblos en proceso de extinción. Quiero terminar diciéndole la frase que nos dijeron: cuenten con nosotros para la paz. Nunca para la guerra.