En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación tomó la decisión de destituir e inhabilitar por 10 años para ejercer empleos públicos al patrullero William Moreno Terán, quien formaba parte del comando de la Policía en Chirogodó, Antioquia. Este drástico castigo se impuso tras comprobarse que el patrullero mantenía vínculos ilegales con la peligrosa organización criminal Clan del Golfo.
La investigación disciplinaria llevada a cabo por la Procuraduría reveló que el uniformado acordó con miembros de dicho grupo armado organizado la entrega periódica de información crucial sobre la presencia, movimientos y acciones de la fuerza pública en la zona y sus alrededores. Este accionar comprometido se tradujo en la facilitación de actividades delictivas, donde el servidor público utilizaba su posición para transmitir datos institucionales a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas.
Según las acusaciones, mientras Moreno Terán se desempeñaba en su cargo entre octubre de 2019 y agosto de 2021, habría proporcionado información sobre la presencia de las fuerzas de seguridad en la zona y los resultados de actividades delictivas perpetradas por el grupo ilegal a cambio de compensación económica.
El Ministerio Público también constató que, a cambio de sus servicios, el patrullero recibía una remuneración económica cada 15 días, lo que evidencia un actuar corrupto y una clara traición a los principios y objetivos de la institución policial. El incumplimiento de la misión de proteger a la comunidad y ser un ejemplo para la sociedad fue señalado como una falta grave por parte del funcionario.
Además de los cargos relacionados con su función pública, la Procuraduría determinó que el patrullero Moreno Terán vulneró el principio de moralidad administrativa, afectando la integridad y confianza que la ciudadanía deposita en las fuerzas de seguridad.
La Procuraduría delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1 calificó la conducta del patrullero como gravísima y a título de dolo, subrayando la gravedad de sus acciones y la necesidad de aplicar medidas ejemplares para preservar la integridad y la confianza en las instituciones encargadas de velar por la seguridad.
Patrulleros condenados por corrupción
Un caso de corrupción salió a la luz en agosto pasado y salpicó a la Policía Nacional. Dos patrulleros, identificados como John Edilson López Hurtado y Luis Anderson Pineda Hincapié, quedaron al descubierto gracias a las pesquisas de las autoridades.
Los hechos se remontan a septiembre de 2019, cuando en las instalaciones de un hotel ubicado al occidente de la ciudad de Medellín, los dos uniformados decidieron, de manera inescrupulosa, exigirle dinero a un comerciante bogotano a cambio de no hacer efectiva una supuesta orden de captura que existía en su contra por el delito de trata de personas. Las investigaciones internas de la Policía Nacional determinarían que, en efecto, los policías estaban extorsionando al comerciante.
De acuerdo a las informaciones recogidas por las autoridades, los activos señalados de cometer este delito llegaron a pedirle un millón de pesos a la víctima para no proceder con la respectiva detención.
No obstante, como parte del fraudulento acuerdo realizado, el empresario afectado terminó por ceder a la extorsión y entregarles 500 mil pesos en efectivo. Para poder realizar el pago, camufló el dinero en dos vasos que sacó del hotel donde se hospedaba.
En ese sentido, el CTI de la Fiscalía recolectó toda la información y de inmediato, como parte del proceso, verificó los antecedentes del empresario, quien realmente no tenía ninguna anotación o requerimiento, por lo que todo se trató de un engaño.
Por estos hechos, López Hurtado, de 35 años; y Pineda Hincapié, de 36 años, fueron sentenciados por el delito de concusión agravada y un juez penal del circuito los condenó a 9 años y 9 meses de prisión a cada uno. Cuatro años han pasado desde lo ocurrido, pero finalmente los entes de control lograron proferir una sentencia para los delincuentes.