El abogado Julián Quintana, reconocido penalista y exdirector nacional del CTI, ha levantado una serie de objeciones que ponen en entredicho el proceso de selección del nuevo contratista tecnológico del Acueducto de Bogotá (EEAB). Según Quintana, el proceso, conocido como ‘Invitación pública IT-1534-2024′, está “plagado de inconsistencias” y ha sido objeto de más de 900 observaciones por posibles irregularidades. Estas preocupaciones no solo reflejan un desacuerdo técnico, sino que también sugieren una falta de transparencia y ética en la gestión pública.
Quintana ha compartido sus inquietudes con SEMANA, afirmando que las irregularidades en el proceso no son meras suposiciones. De acuerdo con su análisis, persisten serias inconsistencias dentro del proceso licitatorio que podrían comprometer su integridad. Al abordar estas preocupaciones, el abogado también se refirió a las denuncias formuladas por el concejal Daniel Briceño, quien ha señalado “graves conductas” al interior de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá que requieren una atención urgente.
La situación ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza entre los ciudadanos y los actores del sector tecnológico. Quintana explicó que se han realizado modificaciones a los requisitos establecidos en el manual de contratación vigente desde 2018, lo que él considera una posible práctica de “pliego sastre”, ya que “sin que dicha modificación obedeciera a razones de orden técnico, jurídico o de necesidad del servicio”, se han alterado las condiciones para favorecer a ciertos proponentes.
El abogado también destacó el preocupante incremento del 29 % en el valor del nuevo contrato en comparación con el anterior. Esta situación ha generado alarma, especialmente considerando que más de 900 observaciones realizadas por diferentes actores no han sido atendidas de manera satisfactoria. “Advertimos que nos encontrábamos ante un posible ‘pliego sastre’”, reiteró Quintana, sugiriendo que las modificaciones a los requisitos son una estrategia para limitar la competencia y favorecer a un proponente específico.
El proceso de selección ha mostrado resultados alarmantes: de las siete propuestas presentadas, solo dos lograron ser habilitadas. Esta cifra es preocupante, dado que sugiere una exclusión de muchas empresas que podrían haber contribuido de manera efectiva al desarrollo del proyecto. Quintana se preguntó por qué “solo un proponente pudo presentarse sin acudir a consorcios o uniones temporales”, lo que plantea serias dudas sobre la equidad y la competencia en el proceso.
En particular, la empresa Colsof ha sido objeto de escrutinio. Quintana argumentó que la experiencia acreditada por Colsof se basa en documentos “casualmente” elaborados por los mismos evaluadores del proceso. Esto genera un conflicto de interés que podría comprometer la transparencia y la imparcialidad del proceso de selección. “Nótese cómo la experiencia acreditada por Colsof data de contratos suscritos y ejecutados por el mismo equipo directivo que modificó los requisitos habilitantes”, subrayó Quintana, sugiriendo que este hecho podría implicar un grave conflicto ético.
Quintana formuló varias preguntas cruciales que deben ser respondidas por las autoridades competentes: “¿Cuál fue la razón por la cual el EEAB decidió no acatar los límites y condiciones de la circular 039 de 2018?”, cuestionó, señalando la falta de claridad en las decisiones administrativas. Además, se preguntó: “¿Con qué fundamento legal se desconoció la circular 039 de 2018?”, enfatizando la necesidad de una justificación clara para las modificaciones realizadas.
La preocupación de Quintana también se extiende a la baja participación de proponentes en el proceso. “¿Cuál es la explicación para que de 37 empresas que manifestaron interés, solo se hubiesen presentado 13, de las cuales 12 fueron como proponentes plurales y solo 1 como proponente individual?” Esta disparidad sugiere que los requisitos técnicos eran demasiado restrictivos, perjudicando la competencia y limitando las oportunidades para empresas líderes en el sector.
Otro punto crítico que planteó Quintana es la cuestión de la responsabilidad en la gestión del proceso. “¿Qué explicación se le da a la ciudadanía cuando el único proponente que se presentó de manera individual cumple con la experiencia exigida con contratos que fueron formulados y supervisados por las mismas personas que estructuraron el presente proceso en la EAAB?” Esta pregunta pone de relieve la necesidad de una revisión exhaustiva y objetiva del proceso licitatorio.
Además, el abogado cuestionó la capacidad de la EAAB para garantizar la transparencia del proceso. “Si el equipo estructurador de la EAAB decide desconocer los lineamientos de la misma entidad (circular 039 de 2018), imponiendo requisitos y condiciones exactamente iguales a los contratos que dicho equipo estructuró, adjudicó y ejecutó en otras entidades públicas con una única empresa (COLSOF), ¿no es esta razón suficiente para declararse impedidos y manifestar un conflicto de interés?” Esta inquietud resalta la falta de confianza en la gestión de la entidad y su capacidad para actuar de manera imparcial.
La situación ha suscitado un debate amplio sobre la transparencia en la gestión pública, así como sobre la necesidad de mecanismos de control que eviten la aparición de conflictos de interés en procesos licitatorios. Quintana concluyó con “¿qué garantías puede ofrecer la custodia, reserva, no modificación y evaluación objetiva de las ofertas económicas, cuando también decidieron desconocer el mismo manual de contratación para imponer una nueva forma de evaluar?” Esta preocupación resalta la necesidad de una revisión crítica del proceso actual y la implementación de medidas que aseguren la transparencia y la equidad.
Con el clima de incertidumbre que rodea el proceso de selección del contratista tecnológico del Acueducto de Bogotá, se espera que las autoridades respondan, nuevamente, a estas inquietudes de manera clara y contundente.