El alcalde Enrique Peñalosa se la jugó por la vía judicial para evitar que el intento de revocatoria de su mandato llegue a las urnas. Para eso, le entregó un poder al exmagistrado Humberto Sierra Porto, quien les solicitó al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional que tumben el proceso con el que pretenden sacarlo de su cargo, pues considera que ha habido vulneraciones al debido proceso y a sus derechos políticos.Para sustentar su tesis, Sierra Porto hace énfasis en que la revocatoria se está planeando incluso desde antes de que Peñalosa tomara posesión del despacho del Palacio Liévano, en enero del año pasado. Eso, argumenta, es una muestra de que el proceso no está motivado, como ordena la ley, en el incumplimiento del programa de gobierno que el mandatario propuso durante su campaña.Le recomendamos: ¿Salvavidas del CNE a Peñalosa y alcaldes amenazados por revocatoria?Para algunos de los promotores de la revocatoria, que se agruparon en tres comités, acudir a la vía jurídica es muestra de que el alcalde se siente inseguro de enfrentarse a las urnas. Y es que su imagen está muy debilitada para enfrentarse al sufragio. Según los sondeos del programa Bogotá Cómo Vamos, el 78% de los habitantes de la ciudad no están sastisfechos con su gestión.Otro de los argumentos con los que Sierra Porto, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pide que se frene la revocatoria, tiene que ver con la información que los comités han usado para recoger las firmas que se presentarán ante la Registraduría. Según el jurista, está basada "en declaraciones de prensa aisladas y descontextualizadas de secretarios de despacho".Puede leer: En marcha revocatoria al mandato de Enrique PeñalosaPor ahora, los promotores dicen haber recogido ya más de 300.000 firmas, con las que les alcanzaría para llegar a las urnas. Allí, tendrían que votar 1,2 millones de personas, y que la mitad más uno apoyen la salida de Peñalosa, para que esta sea un hecho. Pero antes, con los recursos de Sierra Porto ya radicados, son las autoridades electorales las encargadas de decidir el futuro de la revocatoria.