La libertad de prensa es un derecho que en Colombia parece no tener validez. Periodistas amenazados o incluso asesinados por llevar a cabo investigaciones son noticia en varios rincones del país. Incluso en la capital colombiana los comunicadores son perseguidos.
Este es el caso de Catalina Suárez, periodista de La W Radio y que lleva a cabo una investigación en el caso de corrupción de Odebrecht. Según publicó en su cuenta oficial de Twitter, donde cuenta con más de 70.000 seguidores, denunció que es perseguida desde que está haciendo seguimiento a este polémico suceso de corrupción transnacional.
“Quiero dejar constancia de algo que me sucede desde hace unas semanas, cuando empecé a revelar lo que sucede desde investigación del FBI en caso Odebrecht, hago público y responsable de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia a los fiscales de los que he hablado”, se lee en la publicación que va acompañada de unas imágenes de una persona que, al parecer, la estaba siguiendo.
Además, en otros videos que también dio a conocer, hay uno del mismo individuo transitando de manera repetida por el lugar donde se encontraba la comunicadora en un sector de la capital colombiana.
“Desde hace semanas en motos siguen mi carro y esperan de las reuniones a las que voy, hoy una persona empezó a tomar fotos de donde estaba y este hostigamiento lleva dos semanas”, se lee en el perfil de Suárez.
Más periodistas en peligro
Giovanna Valencia, una periodista colombiana que después de trabajar en diferentes medios de comunicación en este país y en Argentina decidió radicarse en Italia, de donde es oriundo el hombre con el que se casó y padre de su hija, asegura que está pasando el peor momento de su vida. Ella y sus familiares han alertado que está recibiendo amenazas de muerte de su excompañero sentimental. Indica que desde hace cuatro años viene siendo víctima de maltrato físico y psicológico.
Incluso en el relato que hace a SEMANA manifiesta que cuando tenía cuatro meses de embarazo la golpeó pretendiendo que perdiera la bebé. Pero ahora, paradójicamente, cuando están tramitando el divorcio, la niña está con la familia paterna, según la denunciante de manera irregular. Incluso asegura que la menor fue víctima de secuestro.
El 13 de junio de 2022, familiares de su expareja le dijeron a Giovanna que llevarían a la niña al parque, pero no la regresaron, según relata la periodista. Fue necesaria la intervención de un juez para que dos meses después la pequeña de tres años regresara a los brazos de su madre.
Ella describe que en ese momento tuvo que irse con su niña a una casa de protección para ella y su bebé, pero sorpresivamente hace aproximadamente un mes las autoridades italianas llegaron al lugar por la menor argumentado que el papá había interpuesto una “estancia de emergencia”, porque la menor corría peligro junto a la mamá.
“Es discriminación, el Gobierno de este país no tiene en cuenta mi situación”, dice con voz de angustia la mujer que insiste que la niña siempre ha estado bajo su cuidado, pues el padre de la menor vivía en otra ciudad e incluso están en un proceso de abandono de hogar. Hasta el momento, por ley la colombiana tendría derecho a ver a la niña por videollamada. “La niña cuando me ve se pone a llorar porque me pide que la abrace o que esté con ella. Pero ahora la familia dice que le hace daño a la niña verme y está solicitando quitarme las visitas virtuales. Lo que quieren es que mi hija, que solo tiene tres añitos, se olvide de mí”, dice la mujer mientras permanece escondida en una de las ciudades de Italia, porque dice temer por su vida.