La Procuraduría General denunció en su ‘Quinto Informe de Seguimiento al Acuerdo de Paz’ que “persisten” desafíos significativos en la ejecución de los recursos asociados a los compromisos adquiridos tras la firma con las Farc.
El informe, presentado ante el Congreso de la República, hizo un análisis detallado de los seis puntos que conforman el Acuerdo de Paz, basándose en las respuestas proporcionadas por las entidades responsables de su implementación.
En relación con el punto 1 del acuerdo, que aborda la Reforma Rural Integral, la Procuraduría señaló que solo se ha cumplido el 0,65 % de la meta de adjudicación de tres millones de hectáreas. Además, se informó que el 44,9 % de los siete millones de hectáreas formalizadas a partir de la redefinición de las metas fijadas en el acuerdo han sido ejecutadas. Asimismo, alertó también sobre la falta de ejecución de proyectos por más de un billón de pesos del Presupuesto General de la Nación del año 2022 destinados a este punto del acuerdo.
En cuanto al avance físico de proyectos de inversión, el Ministerio Público destacó que existen 184 proyectos por 2,06 billones de pesos y otros 109 por 1,4 billones de pesos que presentan avances inferiores al 25 % y al 50 %, respectivamente. La Procuraduría instó a impulsar estos proyectos para lograr mayores avances en su ejecución.
De igual forma, el órgano de control emitió un llamado de atención a los alcaldes salientes de los municipios incluidos en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), solicitándoles que presenten informes de rendición de cuentas antes de finalizar sus mandatos sobre la implementación de las iniciativas contempladas en el plan.
En cuanto a la reincorporación de los firmantes del Acuerdo a la vida civil, la Procuraduría destacó la necesidad de mejorar la atención en salud, especialmente para personas con discapacidad, así como fortalecer los proyectos productivos. También se enfatizó la importancia de incorporar un enfoque diferencial en la oferta educativa.
La seguridad de los firmantes sigue siendo una preocupación, con alertas sobre la persistencia del riesgo y afectaciones. La Procuraduría resaltó la importancia de reactivar y racionalizar todos los componentes del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP).
En cuanto al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, el informe del Ministerio Público informó que menos del 1 % de las familias vinculadas han completado la ruta de atención, y solo un 2,4 % tienen comprometida la totalidad de los 19 millones de pesos destinados para el desarrollo de sus proyectos productivos.
La Procuraduría también destacó la necesidad de aprobar el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, presentar la segunda parte del Plan de Búsqueda y la implementación de 29 planes regionales de búsqueda de personas desaparecidas. Se resaltó la importancia de priorizar la implementación y estabilización de la funcionalidad del sistema de información ‘Busquemos’.
Finalmente, la Procuraduría General hizo un llamado al Gobierno Nacional para que el Comité de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad cuente con los recursos necesarios y pueda desplegar acciones de divulgación del Informe Final presentado por la misma comisión.