El incremento por el aumento del desplazamiento en Medellín tiene preocupadas a las autoridades del departamento de Antioquia por los riesgos a los que quedan expuestas estas personas al salir de sus casas y tener que buscar otras alternativas de vida.
De acuerdo con la Personería de Medellín, el fenómeno de desplazamiento en Medellín tuvo un aumento del 22 % con respecto al mismo periodo de tiempo en 2022.
Según la entidad, el año pasado se reportaron 508 personas desplazadas; sin embargo, en lo que va corrido de 2022, este número llegó a 700, la mayoría de ellas mujeres.
Las personas estarían llegando de municipios de Antioquia, pero también de Quibdó y Bagadó, en Chocó, así como de poblaciones de Bajo Cauca, Córdoba y Magdalena medio.
En cuanto a las razones del desplazamiento, la Personería aseguró que tienen que ver con amenazas, extorsión, atentados, reclutamiento de menores y violencia sexual, que obligan a las personas a dejar sus casas.
Por otra parte, según el personero de Medellín, Yefren Vivas, la cifra podría ser mayor teniendo en cuenta que en el momento hay una escasez de contratistas atendiendo a la población desplazado.
“Tenemos cerca de 100 contratistas que se dedican a atender la situación de derechos humanos en la ciudad de Medellín sin contratar, esperamos que en 15 días estén los funcionarios contratados”, afirmó Vivas, según explicó Blu Radio.
Esta cifra representa casi 77 % de los datos no recolectados de la población desplazada de la ciudad.
Casi 700 víctimas en Arauca se declararon en desplazamiento forzado: Procuraduría
El departamento de Arauca, territorio en la frontera con Venezuela, vive en constante violencia por enfrentamientos de grupos guerrilleros y delincuenciales concentrados en los municipios de Arauquita, Tame, Fortul y Saravena. Entre otras entidades, la Procuraduría General de la Nación ha hecho presencia en el territorio para documentar y monitorear las acciones que se llevan a cabo para mitigar la problemática.
En el último reporte de la comisión extraordinaria, con corte del 23 de enero de 2022, se registraron 693 tomas de declaraciones individuales por parte del despliegue de la Procuraduría en la región y las respectivas personerías. Nueve de estos procedimientos se llevaron a cabo en Arauquita, 219 en Saravena, 75 en Fortul y 390 en Tame.
Con respecto al último reporte, se presentó un incremento del 27 % en declaraciones y un aporte de la Procuraduría en el 42 % del total de las mismas. Los resultados de estas muestras indican la gravedad del problema de desplazamiento por los grupos armados de la zona.
Según Javier Sarmiento, procurador delegado para los Derechos Humanos, el 100 % de los 963 individuos que declararon reportaron ser víctimas de desplazamiento. “Los hechos victimizantes son, en todos los casos, desplazamiento forzado. Es el que encabeza. Tenemos en 21 % amenazas y en 2 % homicidios”, le contó a SEMANA.
El Ministerio Público logró dar con estas declaraciones por medio de un equipo de 12 personas desplegado al territorio. En Saravena y Tame, donde más se ha concentrado la violencia, enviaron a cuatro funcionarios por municipio. En Fortul y Arauquita se destinaron dos personas para cada uno.
Las declaraciones, hechas libre y voluntariamente por quienes se consideran víctimas, pasarán a la plataforma nacional Vivanto y después serán verificadas por la Unidad de Víctimas. Estas personas, que en mayor cantidad vienen de zonas rurales, se acercan a las oficinas de las personerías para que se tengan en cuenta sus testimonios.
A pesar de que no existen datos sólidos sobre el número de desplazados, “lo que sí es cierto es que estaban en la parte rural y se acercó a la cabecera municipal a manifestar que estaba siendo desplazada. Si regresó a su vereda o corregimiento, no tendríamos la capacidad de determinarlo”, complementó.
Para conseguir estas declaraciones, el equipo de la Procuraduría tuvo que movilizarse hasta las zonas rurales, territorios indígenas y zonas de reincorporación. “Nos trasladamos a la zona rural, en algunas situaciones las personas están en otra figura que se puede llamar confinamiento. Tienen temor y zozobra, pero ni se atreven a salir de ahí”, contó.
Los ex-Farc, según Sarmiento, también son objeto de amenazas por parte de las disidencias de esa guerrilla, del ELN y demás grupos criminales. “Allá hay 189 excombatientes que están viviendo y adelantando sus proyectos productivos. En este grupo, 33 manifestaron trasladarse a otros municipios porque temían por su situación de seguridad. Unos se fueron para el Meta, otros para Santander, Norte de Santander y otros a Bogotá”, dijo, cifra que no está incluida en el consolidado de declaraciones.
Junto a autoridades territoriales, también se visitó el resguardo indígena Makaguan, en el territorio de El Vigía. “Allí se logró hacer un censo de 774 personas equivalentes a 116 familias que necesitan atención inmediata en salud y alimentación. Manifestaron también que requieren apoyo de seguridad para poder seguir realizando sus prácticas tradicionales”, explicó.