La Personería de Bogotá hizo una radiografía sobre la situación de la diáspora venezolana en la capital del país, encontrando que esta población tiene grandes barreras de acceso a derechos y menos ofertas de soluciones que la colombiana.
En Bogotá residen 340.700 personas de nacionalidad venezolana, de 1,7 millones que habitan en todo el país, de acuerdo con las últimas cifras de Migración Colombia. En ese universo, solo en 2021, la Personería de Bogotá ha recibido 1.412 requerimientos de atenciones enfocadas esencialmente en protección del derechos a la salud, educación, registro civil, vivienda, acoso laboral, entre otros.
Por ejemplo, como no son colombianos, a muchos se les dificulta pedir la cita para registrar a sus hijos. En ese sentido, con proyectos, políticas y planes enfocados en temas migratorios y eliminando esa barrera percibida por los migrantes, “seguramente podrá atenderse mejor a un menor que tiene derecho a ser colombiano por su nacimiento en nuestro territorio y el domicilio obligatorio de sus padres en nuestro país”.
Las mujeres, hombres, personas jurídicas y miembros de la comunidad LGBTI son quienes más han accedido a este mecanismo. “Estas personas acudieron a buscar nuestros servicios por emergencia social, ayuda humanitaria, orientación jurídica, salud; es decir, por atención en EPS e IPS y por violencia intrafamiliar, un registro que indica las necesidades de los migrantes venezolanos”, explicó Julián Pinilla, personero de Bogotá.
El personero le manifestó a SEMANA que considera esencial tener una articulación con todos los órganos del Estado, pues se trata de una problemática de carácter nacional, como lo muestran los datos de Migración Colombia.
Durante el Encuentro Internacional de Defensores del Pueblo, Pinilla expuso los tres frentes que ve necesario activar en la capital para el tratamiento de los migrantes: sensibilización a la población colombiana y erradicación de cualquier tipo de mensaje xenófobo o trato desigual, haciendo una crítica indirecta a los señalamientos que en múltiples ocasiones ha hecho la alcaldesa de Bogotá; promoción de políticas públicas y seguimiento al cumplimiento de estas con enfoque a la población proveniente de otros países, y sensibilización de la población de migrantes, refugiados y retornadas, considerando su alto grado de vulnerabilidad.
En el último caso, pasa que por su condición irregular estas personas temen denunciar violaciones a sus derechos básicos y por eso la Personería ve urgente que esta población se concientice frente a sus derechos y que el reclamarlos no hará que la deporten o judicialicen.
“Es esencial que haya un acercamiento más directo a las personas. Estamos frente a unos sujetos de protección especial, en un estado de vulneración tal, que requieren mayor acompañamiento, mayor presencia institucional”, explicó Pinilla y agregó: “En la Personería estamos generando estos espacios, nos estamos acercando a la comunidad y yo creo que la administración distrital debe hacer unos esfuerzos adicionales de una parte por fomentar más programas específicos para la población migrante, pero también dar mayor sensibilidad a los programas que tiene en este momento”. Según él, muchas de las falencias que se dan se deben a desconocimiento de sus propios derechos.
El funcionario agregó que dejando a la población migrante desprotegida, se generan mayores focos de inseguridad y de violencia en Bogotá, puesto que puede ser captada con facilidad por grupos ilegales urbanos. Sin duda, para su entidad es claro que los mayores vacíos en protección a los derechos humanos se dan en los niños, niñas, adolescentes y menores de edad no acompañados, y por eso es fundamental incrementar la atención a dicha población, por su gran vulnerabilidad.