La teoría dice que se requieren grandes cantidades de plata y de voluntad para reducir drásticamente el cambio climático y controlar la catástrofe más anunciada de la historia. El problema es llevarlo a la realidad. De un lado, urge que las naciones desarrolladas, que contaminan la atmósfera más que el resto, hagan un aporte proporcional al daño. Y del otro, que Gobiernos, sociedad e industrias del mundo entero tomen acciones contundentes para frenar esas emisiones y evitar que el planeta tenga fecha de caducidad. Es hora de ver los resultados de 25 años de reuniones para suscribir metas, promesas, intenciones y declaraciones en las cumbres de cambio climático. Los principales damnificados serán como siempre los más pobres. Los signos de alarma ya se concretan. La década que termina fue la más cálida jamás registrada según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Las temperaturas globales superaron en 1,1 grados centígrados el promedio histórico más alto durante los primeros diez meses del año, tal como dijo la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
La llegada de esos grados de más, producto del calentamiento de la Tierra, mostró que la olla a presión planetaria empezó a pitar. En 2018, más de 62 millones de personas (algo así como Colombia y media) resultaron afectadas por eventos climáticos extremos, según la OMM; y una crisis alimentaria sin precedentes atacó a 45 millones en Mozambique, en el sur de África, por cuenta de dos ciclones que destruyeron cultivos, hogares e infraestructura. El Índice de Riesgo Climático Global (IRC), que elabora Germanwatch, una organización no gubernamental con sede en Alemania, dice que otros países como Puerto Rico, Honduras y Birmania forman parte de las diez naciones más afectadas por el cambio climático. Todo ello indica que la crisis climática les pega más a los países en vías de desarrollo, donde la brecha económica juega en su contra. Una cosa es quedarse sin casa en Suiza o Noruega y, otra, en Mozambique.
Más de un centenar de organizaciones elaboraron el informe titulado ‘¿Pueden ser justos los daños y las pérdidas causados por el cambio climático?’. En el documento estiman que a 2022 se requerirán unos 50.000 millones de dólares para reparar las pérdidas generadas por el cambio climático en las naciones pobres ya impactadas. El estudio, presentado en la Conferencia de las Partes del Convenio de Cambio Climático COP25 que termina su primera semana en Madrid, dice también que Estados Unidos y la Unión Europea deben asumir más de la mitad de este costo, por ser los mayores contaminantes debido a su desarrollo y producción industrial. Uno de los temas que discutirán e intentarán negociar en la COP es justamente la reparación por pérdidas y daños de los países en desarrollo. La plata pesa Mientras el mundo empezaba a ponerle costo a las responsabilidades del cambio climático, aparecieron nuevas catástrofes como los 80.000 incendios de Brasil que contribuyeron con la emisión de grandes cantidades de contaminantes con las que no se contaba y con la pérdida irremediable de millones de especies. Sin embargo, la gigantesca hoguera que consumió más de 2 millones de hectáreas de selva amazónica produjo una interesante muestra de presión positiva de otros países. Este fenómeno ya se replica a diferentes escalas y obligó a tomar medidas impensables hasta hace un tiempo.
El más grande criadero de salmón del mundo, la empresa noruega Mowi, dijo que dejaría de comprarle soya a Brasil, a menos de que el Gobierno demostrara voluntad política para proteger los bosques tropicales. Lo hizo a instancias de un llamado del Gobierno nórdico a varias de las más grandes compañías de ese país con presencia en Brasil para pedirles que se aseguraran de tener cadenas productivas libres de deforestación. A su vez, algunas aseguradoras iniciaron sus investigaciones para encontrar a los responsables de los incendios, e iniciar demandas y sanciones internacionales. Y empresas como la matriz estadounidense de las marcas Timberland, Vans y North Face se fueron de Brasil. En su momento, esta casa matriz había amenazado con dejar de comprar cuero al gigante sudamericano tras las dudas que despertaron las versiones de que los incendios habían sido provocados por compañías ganaderas en expansión, al igual que por cultivadoras de soya. La estrategia de crecimiento económico de Brasil produjo tal y tan evidente impacto climático que hizo que se sintieran en riesgo quienes contribuyeron a ese crecimiento. Por eso resolvieron tomar cartas en el asunto a riesgo de perder capital. Poco tiempo después, y en otro lado del mundo, la activista ambiental sueca Greta Thunberg y su movimiento Fridays for Future pedían no comprar en black friday. Este experimento despertó la reacción de economistas que piensan que las soluciones al cambio climático que no permiten el crecimiento económico no son viables de aplicar en el ámbito global. Pero también sonaron voces de respaldo radical.
“El grupo de Greta es un fenómeno económico muy avanzado”, le dijo Adam Tooze, profesor de historia de la economía en la Universidad de Columbia, a la agencia Deutsche Welle (DW). “Está dentro del ámbito de la política razonable decir que las economías avanzadas no necesitan más crecimiento”, añadió. No obstante, el experto aclaró que no es el caso de las economías pobres o en desarrollo. Estas deben elegir entre contar con agua limpia, saneamiento y atención médica, o buscar la rápida descarbonización necesaria para cumplir los objetivos del Acuerdo de París. En la COP25 de Madrid esperan definir mecanismos para promover la financiación climática. Se trata de nuevas fuentes como impuestos a los combustibles fósiles y transacciones financieras, que podrían generar recursos a gran escala para los países de la primera línea de los efectos del cambio climático. El informe ‘¿Pueden ser justos los daños y las pérdidas causados por el cambio climático?’ destacó la necesidad de establecer respuestas eficientes frente a los desastres climáticos. Y estas bien pueden estar en otro de los objetivos de la COP25: concretar que los países desarrollados se comprometan a destinar 100.000 millones de dólares anuales a mitigar el calentamiento. ¿Y la voluntad? En 2015, los líderes de más de 190 países se comprometieron a limitar el aumento de la temperatura promedio mundial a 1,5 grados centígrados. Las naciones, por ende, debían mejorar sus planes climáticos. Pero muchos compromisos terminaron como saludos a la bandera. Por eso, en su discurso inaugural de la COP25 la semana pasada, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió voluntad política para ponerles un precio a las emisiones de carbono, eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y comenzar a gravar la contaminación, “no a las personas”.
Esta semana que comienza, la COP25 le apostará a que más de 100 países se comprometan a reducir 45 por ciento de sus emisiones a 2030. Pero también se verán las caras los mandatarios de medio centenar de naciones para negociar el polémico artículo 6 del Acuerdo de París.
Greta Thunberg Se trata de un mecanismo de bonos de emisión por medio del cual los países que no alcancen sus metas de reducción le puedan comprar los excedentes a los que hayan superado las suyas. La propuesta de comercio de carbono no tiene muy contentos a especialistas ambientales y ecologistas, pues creen que distraerá a las naciones de la meta de reducir realmente las emisiones de carbono. Luego de 25 años de discusiones de las COP, lo peor que puede pasar es que en la edición 26 sigan hablando de lo mismo en cualquier lugar del mundo donde ya la temperatura sea 1,5 grados centígrados más alta.