Con todas las autoridades locales, líderes de la comunidad e integrantes de las Fuerzas Militares, el presidente Gustavo Petro lideró este sábado un Consejo de Seguridad en el municipio de La Plata, Huila, para definir la estrategia de seguridad que se implementará en la zona donde se han registrado alteraciones del orden público.
El mandatario lamentó el asesinato de la menor Ahilyn Salomé Mosquera Udsa, de casi cuatro años, cuando integrantes del Ejército adelantaban labores de patrullaje en la vereda Villa Esperanza, centro poblado de San Miguel, y los disidentes de las Farc abrieron fuego, generándose así una confrontación.
“Las tropas fueron atacadas por sujetos señalados de ser integrantes del grupo armado organizado residual Columna Móvil Dagoberto Ramos, quienes infringiendo las normas del derecho internacional humanitario y violando los derechos humanos, abrieron fuego contra nuestros militares, dejando en medio a la población civil”, informó el Ejército.
Al respecto, la Procuraduría General de la Nación rechazó de manera contundente lo sucedido y le hizo un fuerte llamado a las autoridades pertinentes para que se avance rápidamente con las investigaciones del caso y, de esta forma, establecer cómo ocurrieron los hechos y dar con la captura de los responsables.
“Este atroz delito sin duda alguna se puede catalogar como un crimen de lesa humanidad, y demuestra una vez más cuál es la verdadera voluntad de paz de este grupo ilegal disidente, que ataca a la población civil de manera indiscriminada”, indicó la entidad.
Frente a esta situación, el presidente anunció que se estableció que la negociación planteada con el estado mayor central alrededor de su desmantelamiento se centra antes que nada en el cese de hostilidades contra la población civil y los excombatientes que firmaron la paz en Colombia.
“No es la prioridad el cese al fuego entre el Estado y la organización armada ilegal, sino que es fundamental antes que nada el cese de hostilidades entre ellos y la población civil, bajo las formas que vienen creciendo en el país, llámese extorsión, secuestro, confinamiento, desplazamientos forzados, etc.; este es un primer elemento que debe quedar claro”, dijo el mandatario.
Advirtió que la fuerza pública no abandona el territorio en ningún lugar del país, como se viene repitiendo en varios lugares del país. “No. La fuerza pública no abandona el territorio. Si llegamos a acuerdos definitivos, la fuerza pública sigue en el territorio”, aseveró Petro.
Enfatizó en que “por ningún motivo, y menos en las circunstancias actuales, se puede presentar un hecho como un abandono de la fuerza pública de un territorio concreto en ningún lugar del país”.
En La Plata, Huila, el presidente le pidió a la fuerza pública profundizar aún más la alianza con la población civil, en especial con el campesinado y consideró que lo que se busca es que la Fuerza Pública “pueda establecer una alianza concreta y permanente con el campesinado de Colombia, sobre la base de un mejor vivir del campesinado, de posibilitarle mejores ingresos al campesinado, de que la vida campesina y rural en Colombia pueda adquirir muchísima más dignidad y calidad que la que hoy tiene”.
El mandatario se refirió también al tráfico de marihuana del Cauca hacia el Brasil, que pasa por el Huila. Frente a esto indicó que ya no debería estar ocurriendo si el Congreso hubiera aprobado la ley que tuvo a su disposición porque entre menos economía ilícita exista, más paz se puede lograr.
Frente a este hecho, consideró que mientras la organización armada ilegal presiona a la población civil mediante la extorsión generalizada, la fuerza pública “debe construir una alianza permanente, lo viene haciendo ya, con el campesinado de Colombia” para que pueda vivir mejor.