El Congreso de la República adelantó este jueves un debate contra la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Los senadores de la oposición buscan probar que cuando este estuvo a cargo del búnker realizó acciones contra el proceso de paz.
El primero que habló fue Gustavo Petro. El senador recordó los señalamientos de interceptaciones ilegales que le hicieron a Martínez a finales del año pasado. En ese momento, se hizo público un documento firmado y autenticado ante el Inpec en el que dos exfuncionarios privados de la libertad e investigados por interceptaciones ilegales dentro del búnker le pedían a la JEP hablar sobre este episodio. Se trataba del coordinador de la sala de interceptación Diamante del CTI, Luis Carlos Gómez Góngora, y del exfiscal Fabio Augusto Martínez Lugo, quienes aseguraron que de todo este entramado de chuzadas estaban enterados el fiscal, la vicefiscal, el director nacional de CTI, el jefe de investigaciones del CTI y el jefe de la sección de control telemático del CTI.
El líder de la Colombia Humana recordó que el informe señala que la investigación buscaba supuestamente esclarecer el homicidio de un profesor universitario, pero que se utilizó el expediente para dar legalidad a las interceptaciones de otras personas como Iván Cepeda, Piedad Córdoba, Álvaro Leyva Durán y los negociadores de La Habana Dr. Diego Martínez entre otros (Enrique Santiago, Humberto De la Calle).
Además, señala que se buscaban elementos probatorios para vincular a los dignatarios con “actividades criminales del Clan del Golfo, establecer presuntos beneficios de la organización criminal y así efectuar la respectiva judicialización”.
Para Petro, los hechos evidencian que por parte de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez “hubo un entrampamiento a la paz”. “Lo que hizo la Fiscalía conjuntamente con funcionarios de la DEA fue un montaje, fue una mentira” señaló Petro.
El senador también criticó a Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez y quien según Petro era un “estafador” y un “mentiroso” y habría colaborado para entrampar a Márquez y a Jesús Santrich. Hace unas semanas se conocieron unos audios de interceptaciones a Marín que están en el expediente de Santrich y por el que habría sido capturado el disidente en 2018.
Para Petro las evidencias son claras de que se falseó la voz de Márquez y que Santrich fue engañado para que cayera en la trampa de una supuesta negociación de narcotráfico con quien pareciera eran miembros del Cartel de Sinaloa, pero para el senador eran agentes de la DEA.
Petro también cuestiona las contradicciones del fiscal. Cuando renunció Martínez había dicho que en la entrega controlada en el caso de Santrich había estado la Fiscalía. Sin embargo, hace unos meses negó que fuera así.
Iván Cepeda también criticó la gestión del exfiscal en varios puntos y se refirió a una comunicación que le llegó al Congreso en la que le informaban que se estaban adelantando investigaciones en su contra por parte del CTI de la Fiscalía y de la DEA en Colombia.
Según Cepeda, el informante que pidió su reserva de la identidad por miedo a represalias, le advertía que “posiblemente les van a hacer montajes para relacionarlos en conductas de crimen organizado y concierto para delinquir”.
Antonio Sanguino cuestionó las investigaciones adelantadas por la Fiscalía de Martínez y su cooperación con la DEA. “Estos agentes encubiertos y esta actuación de la DEA ocurrió rompiendo todos protocolos de cooperación judicial entre organismos colombianos y entre el Estado colombiano y organismos internacionales”.
Dice que luego de las declaraciones conocidas por el exfiscal, los cuestionamientos son con respecto a las inconsistencias en sus afirmaciones. ¿Entonces la Fiscalía General de la Nación permitió la actuación ilegal de agentes de la DEA en Colombia, o lo hicieron cooperadamente y ahora pretenden negarlos?, preguntó Sanguino.
En el fondo, las dudas del senador de la Alianza Verde son por la legitimidad y soberanía del país en este caso y el papel que jugó la Fiscalía a cargo de Martínez. “Los métodos y los códigos utilizados por la DEA para el diseño y desarrollo de una estrategia que concluyó con la captura de Jesús Santrich, son claramente una violación a la soberanía nacional y es un ataque a la seguridad del Estado, permitida, patrocinada, o en complicidad con el fiscal general de la época”, aseguró Sandino.