A instancias internacionales, como acostumbra el presidente Gustavo Petro, llegó una solicitud, irónicamente esta vez en contra del mandatario, para que deje de hostigar y señalar a los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) por la decisión que tomaron de abrir investigación por las irregularidades encontradas en la campaña para llegar a la Casa de Nariño.
El 8 de octubre, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral abrió una investigación formal y formuló cargos a la campaña presidencial por la cual resultó electo el presidente Petro. Esta investigación se abrió porque la campaña omitió, para la primera y segunda vuelta electoral en las elecciones presidenciales, aportes realizados por diferentes actores ciudadanos y organizaciones.
De inmediato, la reacción del presidente Petro fue deslegitimar al CNE y afirmar que se dio el primer paso para un golpe de Estado. “Hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la República que defiende la Constitución; hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí como presidente constitucional elegido democráticamente por el voto popular por más de 11 millones de ciudadanos. De concretarse este acto, representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país. El CNE, un organismo administrativo infiltrado por los mismos politiqueros que han gobernado durante décadas, ha formulado cargos en mi contra; esto viola claramente nuestra Constitución y mi fuero. Lo ocurrido hoy pone en peligro la institucionalidad que represento”, respondió Petro al poco tiempo de que se conociera la decisión.
Desde ese momento, el presidente Petro inició una seguidilla de ataques contra el CNE, desconociendo incluso la competencia de esta autoridad administrativa para investigar las campañas políticas para cargos de elección popular.
Por eso, a la CIDH llegó la vehemente queja, que además pide al organismo internacional que haga un llamado claro y público para que el Gobierno, y el mismo presidente Petro, respete las instituciones y las decisiones tomadas al amparo de la ley y la Constitución de Colombia.
La solicitud fue radicada por el abogado Víctor Mosquera y deja claro que el presidente Petro está “desinformando a los ciudadanos, pues desconoce que el Concejo Nacional Electoral es una autoridad administrativa que no puede sancionar al presidente, pero sí se encarga legal y constitucionalmente de realizar investigaciones de campañas electorales”.
Por este motivo, Mosquera, en el documento de 28 páginas conocido por SEMANA, argumenta que “es de vital importancia que la comunidad internacional conozca, comprenda los antecedentes y alcances de la decisión del CNE, y realice un llamado para garantizar la independencia libre de estigmatizaciones y actos de hostigamientos de los magistrados, quienes en el marco de sus funciones legales y constitucionales han decidido investigar la campaña presidencial del actual presidente, y por ello han resultado siendo víctimas de diferentes actos de persecución”.
El documento es claro y enumera casi 40 hechos y declaraciones del presidente Petro o sus funcionarios en los que ataca al CNE por la decisión que tomó y que ha sido avalada por los máximos tribunales de Colombia, como la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
La solicitud es clara, pide que se “realice un llamado respecto de la situación que se viene presentado en la República de Colombia en relación con los actos de hostigamiento y persecución de los que han sido víctimas los magistrados del CNE por parte de cabeza del Ejecutivo, esto es, el presidente de la República de Colombia”.
El abogado Mosquera —ante la medida presentada a la CIDH— manifestó a SEMANA que “durante las últimas dos semanas presentamos acciones internacionales en Naciones Unidas, específicamente ante el alto comisionado para los Derechos Humanos y la relatora especial para la Independencia de Jueces y Abogados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informándoles cómo el presidente Gustavo Petro ha venido estigmatizando, señalando y generando discursos de odio contra los magistrados del CNE, quienes están realizando el ejercicio de sus funciones, tanto legales como constitucionales, de investigar los topes electorales y, de ser el caso, terminar sancionando una campaña política por haber violentado esos topes, lo que significa que son multas y no, como el presidente Gustavo Petro ha venido señalando, que se pretende hacer un golpe blando, retirándole el ejercicio de sus funciones”.
Y agrega que las manifestaciones reiteradas del presidente Petro “representan una amenaza a la independencia, a la imparcialidad y sobre todo a la impartición de justicia, que en este caso es una administración de justicia administrativa en que se investigan las campañas electorales. Por esto, elevamos estas quejas con el propósito de que estos organismos estén informados con certeza de estos señalamientos, de esta estigmatización y no, como pretende el presidente Gustavo Petro decir, que desde la parte del Consejo Nacional Electoral se le están violentando sus derechos políticos”.