Un mes antes de terminar su mandato, el Gobierno del expresidente Iván Duque anunció que dejaba listo un documento Conpes para mitigar la situación de hacinamiento carcelario en el país, que en julio alcanza un promedio de 16,3 por ciento. Específicamente, el documento permitiría la habilitación de más cupos para presos entre 2023 y 2026.

El tema del hacinamiento carcelario siempre ha sido un dolor de cabeza para los gobiernos de turno y nuevamente el asunto está sobre la mesa, teniendo en cuenta que el problema sigue presentándose en varias regiones del país.

En medio de todo ese panorama, este jueves 29 de diciembre, se está advirtiendo sobre posibles irregularidades en un proceso de licitación para la cárcel de Barrancabermeja.

Por esa razón, piden a la Contraloría General de la República un acompañamiento urgente a la licitación por $200 mil millones que se asignarán para una cárcel en ese municipio del departamento de Santander.

La petición está orientada a que se suspenda dicha licitación ya que, supuestamente, hay irregularidades que deben aclararse antes de que se asignen esos millonarios recursos.

En tal sentido el abogado Camilo Rodríguez Saboya, representante del Consorcio Tierradentro y apoderado en la licitación de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), aseguró que la parte final de la contratación estuvo llena de irregularidades. Por un lado, según Rodríguez, “sólo tres oferentes estuvieron en el proceso licitatorio y ayer (miércoles) a las cuatro de la tarde tomamos conocimiento que el único consorcio habilitado es BOR, de cual uno de sus integrantes es el grupo OK SAS. Hemos sostenido que a este oferente no es posible que se le adjudfique la licitación y debe ser rechazado por dos consideraciones”.

Explica el representante legal de Tierradentro (firma que estaba participando en la licitación), que ya le habían sido adjudicadas dos licitaciones, una el martes en Silvia (Cauca), por $20 mil millones y otra este miércoles por $60 mil millones en el mismo municipio de ese departamento. Además, dice que dichos procesos estuvieron precedidos con que el cupo residual de contratación por la organización OK SAS quedó con negativo, “esto es claro en pliego de condiciones en señalar que no se puede contratar con un oferente que tenga una residual de contratación negativo”.

De otra parte, el abogado Rodríguez, sostiene que “toda la experiencia específica en el pliego de condiciones de VOR se hace con fundamento en una obra en Valladolid, España con la empresa Capitol, la cual fue declarada por la Contraloría General como responsable fiscal en el Colombia y no se puede presentar en Colombia, es decir que se está haciendo sin el lleno de las condiciones y de paso prevaricato”.

Según el abogado los otros proponentes en este proceso fueron rechazados con argumentos que no son válidos en un proceso de licitación por lo que pidió a la Contraloría General de la República que ponga la lupa sobre este tema lo más pronto posible.

“Una bomba de tiempo”: crisis en la cárcel Modelo de Cúcuta, ¿qué está pasando?

“Una bomba de tiempo a punto de estallar”, así describe la Personería de Cúcuta (Norte de Santander) la crisis carcelaria que se vive en la ciudad, donde los delitos van en aumento e igual número de capturas, pero ya no hay espacio donde meter a los delincuentes.

De acuerdo con Karol Yessid Monroy, personero municipal, la situación carcelaria de la ciudad es de alto riesgo por el gran nivel de hacinamiento que tienen la cárcel Modelo y las estaciones de Policía de la capital nortesantandereana.

“La Alcaldía de Cúcuta no ha cumplido con el convenio interinstitucional con el Inpec para la recepción de los privados de libertad que se encuentran en los puestos de Policía, lo que ocasiona un gran hacinamiento de más del 700 % en estos lugares”, dijo Monroy.

Ante esta situación, los sindicatos del Inpec tomaron la decisión de cerrar las puertas de La Modelo y no permitir más ingresos de personas detenidas. Según datos de la Personería municipal, diariamente entre 10 y 15 personas son capturadas y trasladas a las estaciones de Policía.

De acuerdo con las autoridades, este proyecto es bajo verificación de Asocapitales, que se encarga de validar si el terreno es apto y cumple con todas las condiciones necesarias en temas de seguridad. Una vez Asocapitales valide el terreno, el valor inicial de este proyecto sería de 14.000 millones de pesos, sin mencionar que se espera que el nuevo Gobierno nacional incluya este tema en su plan de desarrollo.