A pesar de que el presidente Iván Duque ya firmó la Ley de Presupuesto General de 2022, que en su artículo 124 establece que se suspenderá temporalmente la Ley de Garantías, se siguen conociendo acciones que buscan frenar ese proceso.

El senador Antonio Sanguino y el exsecretario de Transparencia de Juan Manuel Santos, Gabriel Cifuentes, quienes serán fórmula para el Congreso en 2022, le presentaron a la Corte Constitucional una acción para que pueda declarar la inconstitucionalidad del artículo que permitiría la contratación estatal de cara a las próximas elecciones.

Dicen que su propósito es prevenir los casos de mermelada que se pueden presentar. “Estamos acá radicando ante la Corte Constitucional una demanda para tumbar el adefesio de la Ley de Presupuesto que suspende la Ley de Garantías. No vamos a permitir que abran el grifo de mermelada en época electoral”, dijo Cifuentes, en la Secretaría General de la Corte.

En la demanda radicada ante la Corte Constitucional dicen que se desconoce el marco constitucional porque hacer el ajuste cerca a un periodo electoral podría generar los riesgos que la propia norma busca evitar. “Realizar modificaciones a menos de dos meses de un año electoral incrementa los riesgos del desvío de los recursos públicos hacia propósitos electorales”, aseguran Sanguino y Cifuentes en la acción interpuesta.

Asimismo, dicen que la Ley de Garantías es una ley estatutaria que por tal motivo no podría haber sido modificada por medio de un proyecto de ley ordinario. Agregan que hacer este ajuste a través de la Ley de Presupuesto del próximo año no era el mecanismo idóneo.

“La modificación de la Ley de Garantías Electorales no solo desequilibra aún más la cancha de la competencia electoral de la campaña que apenas comienza, sino que abre un enorme boquete de clientelismo y de corrupción con el Presupuesto General de la Nación en favor de las mayorías parlamentarias que llegan al Congreso a punta de clientelismo”, afirmó Sanguino.

Paralelamente, en la mañana de este martes el presidente Iván Duque anunció desde la Casa de Nariño una estrategia para despejar cualquier duda de corrupción sobre esta suspensión de la Ley. La idea es que de la mano de los empresarios y medios de comunicación se pueda hacer una veeduría constante a cómo se están manejando esos recursos. El mandatario y otros sectores han apoyado la suspensión de esa norma alegando la necesidad de continuar con la reactivación del país luego de la pandemia de covid-19.

El mandatario aclaró que se trata de una suspensión temporal de un año por este motivo, pero que no se derogará de manera permanente. “Se hace precisión porque es claro que no hay ni derogatoria ni eliminación de la Ley de Garantías. Lo que se ha establecido es a solicitud de alcaldes y de gobernadores y también en la discusión que se adelantó en el Congreso es que se podrá hacer esta suspensión por un año para facilitar el proceso de desarrollo de infraestructura y de inversiones a nivel territorial que contribuyan a la reactivación económica de nuestro país”, aclaró el mandatario. A esa voz se sumó la de Bruce Mac Master, en representación del empresariado colombiano.

La semana pasada, el Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá le ordenó al presidente Duque suspender la modificación de la Ley de Garantías, mientras la Corte Constitucional se pronunciaba en un plazo de 30 días.

Duque contestó que “un juez de la República no le puede decir a un presidente qué debe objetar o qué no debe objetar”. Posteriormente, el mandatario firmó la norma con el artículo incluido.