La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Carlos Camargo, le envió, el pasado 18 de octubre, un cuestionario al director de la Policía Nacional, el Comandante General Oscar Atehortúa, con respecto al abuso de la fuerza por parte de uniformados. Ahora, le pide una ampliación de la información para tener más detalles sobre la formación, la preparación y el conocimiento sobre derechos humanos que tienen los policías.
En una carta conocida por SEMANA Noticias, el defensor del pueblo, le hace una serie de solicitudes a Aterhortúa, en respuesta al cuestionario ya respondido por él y que, como dice Camargo en el documento, demostró que la institución responde a “las solicitudes y requerimientos” que se le han hecho.
Dicho cuestionario pasado se trataba de “las situaciones, procedimientos y formación de los agentes para evitar y contrarrestar los hechos de abuso de la fuerza”. La Defensoría formuló las preguntas poco después de que, entre el 9 y 10 de septiembre, varios uniformados quedaran grabados haciendo uso excesivo de la fuerza durante las protestas desatadas por el homicidio del abogado Javier Ordóñez en Bogotá, a manos de policías.
Pues bien, según dice la carta enviada a Atehortúa este 5 de octubre, lo que busca la Defensoría es avanzar en la “coordinación interinstitucional”, por lo que requiere que la Policía resuelva otras inquietudes de fondo.
Cuando hay un caso de abuso policial, el ente quiere más detalles sobre la dependencia que recibe la denuncia, el decreto o resolución que implementa el proceso de investigación y cuáles son las medidas que se toman sobre las personas posiblemente involucradas.
Sumado a eso, pregunta el defensor Camargo sobre cuántas investigaciones se ha hecho “traslado oficioso" a otras autoridades “por hechos que puedan constituir delitos”. Más específicamente, se refiere a cuántos de estos casos han ido a parar a la Fiscalía General de la Nación.
De la misma forma, quiere saber si la Inspección General de la Policía Nacional recibe información de las denuncias penales por violencia policial que llegan a la Fiscalía “y si, de ser así, al tener conocimiento de dichas denuncias se abre de oficio un proceso disciplinario respecto del denunciado”. A propósito, Camargo le pregunta al director de la Policía si existe alguna metodología para el cruce de la información.
Asimismo, pide el número exacto de denuncias totales recibidas cada año por violencia policial, lo que es “indispensable para determinar el porcentaje de efectividad de las investigaciones”.
Por otra parte, en la misiva también está la solicitud de que especifique las medidas tomadas cada año durante los últimos cinco años, a partir de cada denuncia recibida, “que hayan tenido como efecto evitar que [el denunciado] siguiera adelantando operativos policiales, o que se restringiera el uso del arma de fuego u otras armas de letalidad reducida”.
A su vez, desde la Defensoría del Pueblo plantean una serie de preguntas relacionadas con la formación de los policías. “¿Cuánto tiempo de formación requiere un agente de la Policía Nacional, desde el momento en que ingresa a la institución, hasta que pueda salir a realizar el primer patrullaje o el primer operativo policial en espacio público portando arma de fuego?”, dice la primera.
Después, también aparece la pregunta sobre la duración de los cursos específicos para el manejo de armas menos letales o de letalidad reducida, como el taser. Igualmente, pregunta el jefe del ente sobre la duración teórico práctica que tienen el “Diplomado Metodología para la Enseñanza del Sistema Táctico Básico Policial” y el “Seminario Sistema Táctico Básico para el Servicio de Policía”.
“¿La Policía Nacional cuenta con los recursos suficientes para dar capacidad constante, adecuada y suficiente a todos los agentes de la Institución, tanto teórica como práctica en materia de estándares de Derechos Humanos y técnicas de uso adecuado de la fuerza?”, dice otra de las preguntas formuladas.
De igual forma, Camargo le pregunta al General si la institución tiene criterios de evaluación para determinar el impacto de los cursos sobre derechos humanos en los uniformados.
Finalmente, el defensor le pide a la Policía que informe si existe un protocolo para hacer seguimiento en los procedimientos de “traslados por protección adelantados por la Policía Nacional, en los que sea posible verificar el nombre del agente que realiza el procedimiento”, el tiempo que dura el traslado y la condición en la que está la persona trasladada.